El porqué de un verano inusitadamente sangriento

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El día 15 de septiembre se celebrará en la localidad de Tordesillas el controvertido Toro de la Vega. Este polémico ‘torneo’ tendrá lugar tras uno de los veranos más dramáticos para los festejos taurinos de los últimos 15 años: 13 personas han perdido la vida en estas fiestas populares desde el mes de junio.

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Este verano de 2015 ha sido uno de los más negros para los festejos taurinos. En el espacio de tres meses, 13 personas han perdido la vida en estos eventos populares, la cifra más alta en lo que va de siglo. De estas muertes, cinco tuvieron lugar en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla y León y dos en la Comunidad de Navarra.

EL ESPAÑOL ha hablado con ganaderos de distintas regiones de España, al igual que con expertos taurinos y anti taurinos, que analizan las razones por las que los festejos de 2015 han sido inusualmente sangrientos.

1/Los toros de los festejos son ahora más peligrosos

Según un artículo de The Economist publicado a finales de agosto, una teoría sin probar que podría explicar el aumento de muertes en festejos taurinos este año es el descenso del toreo tradicional en plazas de toros. “Al declinar el toreo de las plazas de toros, los ganaderos están proveyendo reses más grandes y peligrosas a los festejos populares”, escribe la revista semanal.

Los datos del Ministerio de Cultura muestran que el número de corridas de toros ha descendido a nivel nacional en los últimos años: en 2010 se celebraron 611 corridas de toros, mientras que en 2014 este número fue 398. Sin embargo, Vicente Noveroles, Presidente de las Peñas de Toros en la Calle de la Comunidad Valenciana, discrepa con la afirmación de The Economist “ya que el toro de la plaza de toros es el mismo toro que el del festejo”.

“Los toros de la plaza son más grandes, más despampanantes y más agresivos a la vista, pero son igual de agresivos que los que se utilizan en los festejos”, afirma Noveroles.

La ganadería Cebada Gago es una de las proveedoras de toros de Villaseca de la Sagra (Castilla La Mancha) y de Blanca (Murcia), dos de las poblaciones donde los festejos taurinos se han cobrado vidas este verano. El representante de la ganadería afirma en conversación telefónica que “los toros que van a festejos populares y van a plazas de toros son del mismo origen”.

“Los toros se crían igual y pasan por el mismo proceso de selección”, afirma el representante. “En principio los toros siempre se seleccionan para la lidia. A los festejos van animales con defectos, ya que para la lidia tienen que pasar un test veterinario. Estos defectos pueden ser una punta rota, un bultito, falta de peso, o que sea mayor de 5 años. Pero que sea mayor de 5 años no quiere decir que sea más peligroso. De hecho al ser mayor pierde cualidades físicas”.

La Ganadería Hermanos Camionero, una de las proveedoras del ayuntamiento de Peñafiel, donde también ha fallecido un hombre en estos festejos taurinos, declara que “hasta que no se cata un toro no se sabe cómo de peligroso va a ser”.

José Enrique Zaldivar, veterinario y Presidente de AVATMA (Asociación de Veterinarios  Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal) tampoco cree que el declive del toreo tradicional sea el causante de las muertes en los festejos. “La peligrosidad del toro es bastante impredecible. No son más peligrosos los toros de la plaza de toros que los de los festejos,” dice el veterinario.

2/Los toros que ‘repiten’ en los encierros

Miguel Reta, ganadero de Navarra y dueño de la ganadería Reta de Casta Navarra, explica que en algunas comunidades está permitido “alquilar un toro y devolverlo”. “Esto se hace en algunas regiones de Cantabria, Rioja, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña”, asegura el ganadero.

“En mi ganadería se tiene en cuenta la localidad a dónde va el toro. Nosotros no mandaríamos un toro muy resabido a un festejo popular en una localidad pequeña”, declara Reta.

Fernando Sánchez Arjona, copropietario de la ganadería Sánchez-Arjona y notario de Madrid, afirma que “menos en el Levante y en Navarra el reglamento de las comunidades obliga la muerte del toro tras el festejo”.

José Enrique Zaldivar afirma que los toros tienen mucha capacidad para aprender, por lo que “reutilizar un toro hace que el festejo sea mucho más peligroso. Un claro ejemplo es el famoso Toro Ratón. Cuanta más gente mataba y hería más subía su demanda en los festejos”.

“Podría ser una explicación a las muertes que han sucedido este verano, aunque habría que ver las circunstancias de cada caso”, especula.

EL ESPAÑOL ha contactado a varios de los ayuntamientos donde los festejos taurinos han terminado en tragedia este año para averiguar si las ganaderías que abastecieron toros para las fiestas tienen como costumbre volver a utilizar estos animales. Villaseca de la Sagra compró toros de las ganaderías Fuente Ymbro, Cebada Gago y Saltillo para los festejos de calle. Las tres han confirmado que los toros no se vuelven a utilizar, ya que una vez vendido un toro no vuelve a la ganadería, y a menos que haya sido perdonado debe ir a un matadero.

El ayuntamiento de Blanca utilizó las ganaderías Cebada Gago y Torrestrella para los encierros de este verano. La ganadería Torrestrella afirma que tampoco vuelven a usar los toros una vez vendidos para un festejo.

El ayuntamiento de Peñafiel, en Castilla y León, solicitó los servicios de las ganaderías Hermanos Caminero y Sánchez Herrero. La representante de Hermanos Caminero afirma que “tal y como manda la legislación de Castilla y León, no se vuelven a admitir ni vender toros que han salido de la ganadería”.

El ayuntamiento de Pedreguer, en la Comunidad Valenciana, utilizó toros para los festejos de ganaderías especializadas en lidiar en las calles: La Paloma, Benavent, Els Coves, Crespo e Ifach. Todas estas ganaderías han confirmado que los toros que proveen son “toros de alquiler”, por lo que son devueltos a las ganaderías tras los festejos. El propietario de la ganadería Benavent afirma que “en la comunidad Valenciana los toros que se mandan a los festejos suelen ser de alquiler, por lo que se vuelven a utilizar en otros festejos”.

Según Sánchez Arjona, “en un encierro podrían ser más peligrosos los toros que se han usado antes, aunque no creo que sea un factor decisivo. Es uno de los argumentos que han utilizado las comunidades que han prohibido esta práctica, aunque no está demostrado que esto aumente la peligrosidad del toro”.

“En mi opinión, influye más la naturaleza del toro que si ha estado antes en un encierro”, declara Arjona.

Vicente Noveroles afirma que en la Comunidad Valenciana “volver a usar los toros se lleva haciendo desde siempre. Esto no explica por qué han aumentado las muertes en los festejos taurinos este año”, concluye.

3/El aumento de los festejos populares

Nacho Lloret, empresario de la plaza de Toros de Alicante, explica que ha habido un crecimiento importante de este tipo de celebraciones. “Los costes de producción que tienen las novilladas o encerradas hace que estos eventos sean sustituidos por festejos de toro en la calle”, explica.

Los datos del Ministerio de Cultura corroboran esta afirmación. En 2013 se celebraron 13.815 festejos populares en España, mientras que en 2014 se celebraron 15.848.

Lloret afirma que para muchos ganaderos, los festejos populares se han convertido en la única posibilidad de vender toros. “Imagínate que un ganadero en 2007 cría 100 animales. En 2013/2014 ve que el número de encierros en plaza de toros ha descendido y se ve con dos opciones: o mandar los toros al matadero o destinarlos a los festejos populares”.

“Si hay más festejos taurinos que antes, es normal que el peligro sea mayor”, dice el empresario.

En la Comunidad Valenciana, la región con más muertos este año, el número de festejos también ha aumentado. Según el Ministerio de Cultura, en 2014 se celebraron 7.866 fiestas de este tipo, mientras que en 2013 fueron 6.139.  La Valenciana es la autonomía donde más festejos populares se celebraron en España en 2014, seguida por Castilla y León.

“¿Por qué ha habido más muertos en la Comunidad Valenciana? Por la naturaleza del festejo. En cada comunidad hay festejos distintos. Madrid tiene más encierros en plaza de toros, en Valencia es tradición la suelta de toro en la calle. Obviamente la suelta de toro en la calle es más peligrosa”, dice Nacho Lloret.

“Es importante tener en cuenta que el número de festejos populares ha aumentado estos últimos años, especialmente en la Comunidad Valenciana”, dice Sánchez Arjona. “Esta podría ser una posible explicación al incremento de muertes este año”.

El veterinario José Enrique Zaldivar también considera que la causa de las muertes de este año “es una mezcla de factores, en las que pueden incluirse el aumento de festejos y utilizar toros que ya tienen experiencia en festejos”.

4/El azar

Vicente Royuela, economista de la Universidad de Barcelona, afirma que “la principal razón por la que ha aumentado el número de fallecidos este año es el azar, ya que la evolución del número de fallecidos es muy errática”.

José Enrique Zaldivar declara que “no ha habido un aumento exponencial entre 2014 y 2015”. “La tauromaquia se cuestiona más, por lo que la prensa le presta más atención y eso hace pensar que ha habido un número desmedido de muertes”, dice el Presidente de AVATMA.

Leonardo Anselmi, portavoz de Prou!, la organización que logró la abolición de las corridas de toros en Cataluña, también afirma que el aumento de muertes es simplemente “fortuito”. “Realmente no ha habido más accidentes este año, solo que las personas no han sobrevivido”, asegura.

Según la Unión de Criadores de Toros de Lidia, en la Comunidad Valenciana ha habido dos muertos menos que el año pasado. “No hablamos, por tanto, de un repunte significativo, sino de una estadística que oscila a lo largo de los años”, declaran en un comunicado oficial.

“Los estudios de la Policía Autonómica de la Comunidad Valenciana apuntan que la concurrencia media en festejos populares asciende a 5.000 personas por celebración, con 1.000 participantes y 4.000 espectadores. En 2014 se dieron 7.886 celebraciones de este tipo. La tasa de mortalidad sería, por tanto, del 0,00006%”, argumenta el informe.

¿Castigar o no la prostitución? 4 razones en contra y 4 a favor

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La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha planteado una pregunta casi tan vieja como el oficio más antiguo del mundo. ¿Es la prostitución un crimen que debería ser penalizado?

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha planteado una pregunta casi tan vieja como el oficio más antiguo del mundo. ¿Es la prostitución un delito que debería ser penalizado?

El comité directivo de Amnistía ha aprobado este martes adoptar la despenalización de la prostitución como su postura oficial. Durante las últimas semanas esta propuesta ha suscitado una batalla de declaraciones por parte de numerosas organizaciones, trabajadores sexuales y hasta celebridades cómo Emma Thompson o Meryl Streep.

Para elaborar este documento, Amnistía ha entrevistado a trabajadores sexuales de cinco países y se ampara en investigaciones de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Su conclusión es que criminalizar el trabajo sexual aumenta la probabilidad de discriminación, acoso y violencia de las personas que se dedican a estas actividades. Por lo tanto, a partir de ahora Amnistía defenderá formalmente descriminalizar la prostitución, siempre que sea entre adultos y consentida.

EL ESPAÑOL ha hablado con organizaciones y plataformas activas en el debate, que defienden desde considerar la prostitución un crimen bajo cualquier circunstancia hasta despenalizar la actividad de todos los participantes de la industria del sexo, incluyendo clientes y proxenetas.

4 argumentos en contra de castigar la prostitución

Descriminalizar la industria del sexo protege a los trabajadores sexuales

Más de 800 personas, entre las que se incluyen numerosos trabajadores sexuales, académicos y miembros de instituciones de derechos humanos han firmado una carta iniciada por el Comité Internacional sobre los derechos de los trabajadores sexuales en Europa (ICRSE) apoyando la iniciativa de Amnistía “de proteger a los trabajadores sexuales de la violencia y discriminación”.

La organización Red Global de proyectos de trabajadores sexuales (NSWP) también ha comenzado una petición en Change.org a favor de la despenalización de la prostitución, firmada por 10.073 personas.

El coordinador del ICRSE y trabajador sexual desde hace diez años Luca Stevenson afirma que descriminalizar el trabajo sexual sería beneficioso para los trabajadores sexuales. “El trabajo sexual no es violento de por naturaleza, pero existe mucha violencia en la industria”, asegura. Para Stevenson, “el gran nivel de violencia y abuso es culpa de la criminalización del negocio del sexo y del estigma que tiene”.

Pye Jackobsson es la presidenta de NSWP, vive en Suecia y es una trabajadora sexual desde hace 27 años. “La única mala experiencia que he tenido en la industria del sexo fue hace muchos años en Grecia (antes de que Grecia legalizase la prostitución)”, afirma. “Me contrataron para un trabajo de diez días en un club, y los dueños me encerraron en un apartamento que había encima del local. Si el trabajo sexual fuese reconocido como cualquier otra profesión habría podido ir a la Policía y hubiese habido una respuesta legal. Como la prostitución era un crimen, no dije nada”.

Criminalizar a los clientes no es suficiente

El conocido como modelo nórdico, aplicado con matices en Suecia, Noruega, Islandia, Canadá e Irlanda del Norte, es considerado por muchos cómo el mejor para regular la prostitución, ya que criminaliza a clientes y terceras personas que participan en la industria del sexo, como burdeles y proxenetas, pero no a los que la ejercen.

Sin embargo coordinador de ICRSE Luca Stevenson afirma que cuando ser cliente es un crimen hay menos demanda, por lo que los trabajadores sexuales tienen que trabajar más horas y en condiciones menos seguras. “Criminalizar la fuente de ingresos hace más probable la violencia”, concluye.

Pye Jackobsson también está en contra del modelo nórdico. “Yo soy de Suecia, y puedo decirte que este modelo no funciona. La Policía vigila los apartamentos de los trabajadores sexuales y muchas veces no hace distinción entre el que compra y el que vende el sexo. Los trabajadores sexuales no confían en los agentes y no acuden a ellos si están en peligro”, asegura.

Un recurso contra el tráfico sexual

Luca Stevenson considera que de todos los países que ha legalizado la prostitución, Nueva Zelanda es el único que realmente ha descriminalizado la industria del sexo. “En Nueva Zelanda no existen pruebas concluyentes de que haya aumentado el tráfico de personas”, declara Luca Stevenson. “En Noruega se ha alcanzado un número récord de víctimas de tráfico en los últimos años, pero en este país los clientes son criminalizados, lo que puede reforzar la explotación de los trabajadores sexuales ya que siguen teniendo que esconderse”.

El coordinador de ICRSE añade que en aquellos países donde la prostitución es legal (Alemania, Países Bajos) es más fácil identificar el número de trabajadores sexuales que están siendo explotadas, lo que puede crear la ilusión de que el tráfico ha aumentado.

La prostitución: un trabajo como cualquier otro

Jacobsson afirma que ella ejerce como trabajadora sexual porque quiere. “Respeto las experiencias de todo el mundo y entiendo que hay trabajadores sexuales que no han tenido buenas experiencias. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que la prostitución debería ser un crimen desde un punto de vista ideológico. Yo te estoy hablando de mi vida. Ellos piensan que saben que es lo mejor para nosotros, pero eso es condescendiente y ofensivo”.

Stevenson cree que “el trabajo sexual suele estar relacionado con la pobreza, la desigualdad y la opresión, por lo que minorías, inmigrantes y mujeres forman la mayor parte de los trabajadores sexuales.”. Pero eso no significa que estas personas no tengan capacidad de decisión, añade el coordinador.

4 argumentos a favor de castigar la prostitución

 La industria del sexo es violenta por naturaleza

En las últimas semanas, más de 400 personas de distintas organizaciones feministas y de derechos humanos han firmado una carta de la organización Coalición contra el tráfico de mujeres (CATW en inglés) en la que piden que Amnistía no adopte una política que “se posiciona a favor de los compradores de sexo, proxenetas y otros explotadores en vez de con los explotados”. El texto ha sido apoyado por actrices como Meryl Streep, Emma Thompson y Anne Hathaway.

La institución también ha iniciado una petición de Change.org en contra de la descriminalización del negocio del sexo, que en el momento de publicar este artículo ya tiene 8.769 firmantes.

Taina Bien-Aime, directora ejecutiva de CATW, afirma que el sexo a cambio de dinero siempre es un acto de violencia, aun cuando es consensual.

“La industria del sexo es causa y consecuencia de la desigualdad de género”, afirma Bien-Aime. “No todas las mujeres que participan están siendo explotadas, pero la prostitución siempre es violenta y discriminatoria de por sí. Este negocio significa que un hombre tiene el derecho a comprar un acto sexual, y realizar sus fantasías más oscuras con otro ser humano. Mientras una mujer pueda ser comprada por un servicio sexual nunca habrá verdadera igualdad”.

Asunción Miura, la representante de CATW en España, considera que ejercer la prostitución genera muchos efectos secundarios, como por ejemplo el daño psicológico. “La mujer que participa en este negocio es una víctima”, defiende.

Castigar, pero al cliente

Según la directora de CATW el modelo nórdico es el único posible para regular la prostitución, ya que el que mejor protege las mujeres que venden su cuerpo. “Los resultados en los países donde se ha aplicado este modelo (por ejemplo en Suecia) han sido muy positivos”, afirma.

Taina Bien-Aime añade que “los seres humanos que se compran y venden en el comercio sexual, que son en su mayoría mujeres, no deben ser criminalizados”. Sin embargo, CATW está a favor de castigar a clientes, burdeles y proxenetas. “La responsabilidad penal la tienen los explotadores, no los explotados”, asegura.

Luchando contra la prostitución se lucha contra la trata

Asunción Miura declara que “hay trata porque hay prostitución”. “La trata es la globalización de la prostitución”, dice. “Tienen las mismas raíces, y las razones por las que existen los dos fenómenos son los mismos”.

“Amnistía dice que la prostitución y el tráfico sexual son fenómenos distintos, pero están unidos intrínsecamente”, explica la directora ejecutiva de CATW. “Es imposible evitar el tráfico sexual sin abordar el mercado del sexo comercial”.

Taina Bien-Aime asegura que la legalización de la prostitución tiene efectos catastróficos. “El crecimiento legal de burdeles en Alemania ha provocado un aumento en el tráfico sexual. También en los Países Bajos”, afirma.

Una realidad basada en eufemismos

La directora de CATW se niega a usar el término “trabajador sexual” para referirse a las personas que ejercen la prostitución. “Nosotros preferimos llamarlas ‘mujeres en prostitución’”, explica. “El término ‘trabajador sexual’ es un invento de la industria del sexo para ocultar el daño que hace e intentar compararlo con cualquier otro trabajo normal”.

Bein-Aime se basa en datos de SPACE International, una organización que representa a “supervivientes de la industria del sexo”, para afirmar que la mayor parte de mujeres en prostitución son objeto de violencia física y mental.

Asunción Miura afirma que “nadie ejerce la prostitución porque quiere”.

“La prostitución no es una opción si no hay ninguna otra opción”, dice Ben-Aime. “El consentimiento no legitima la industria del sexo”.

 

Foto: Flickr/Surlzar

El ESPAÑOL y FAPE firman un acuerdo de colaboración

EL ESPAÑOL ha firmado un acuerdo con la Federación de Asociaciones de la Prensa en España (FAPE). Con 49 asociaciones federadas y 16 vinculadas, esta federación representa a más de 21.000 asociados y es por lo tanto la primera organización profesional de periodistas de España.

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EL ESPAÑOL ha firmado un acuerdo con la Federación de Asociaciones de la Prensa en España (FAPE). Con 49 asociaciones federadas y 16 vinculadas, esta federación representa a más de 21.000 asociados y es por lo tanto la primera organización profesional de periodistas españoles.

Gracias a este acuerdo de colaboración los asociados de FAPE podrán suscribirse a EL ESPAÑOL con unas condiciones especiales: desde el 1 de agosto hasta el 15 de septiembre, todos los miembros de esta organización podrán ser suscriptores con un 40% de descuento. A partir del 15 de septiembre también se entregarán códigos de descuentos por valor de 40% a todos los nuevos miembros de la FAPE para que disfruten de este acuerdo exclusivo en la web de suscripciones de EL ESPAÑOL.

Elsa González, presidenta de FAPE, declara que la llegada de EL ESPAÑOL es una buena noticia por varios motivos: “Damos la bienvenida a este periódico no sólo por proporcionar nuevos trabajos en el sector periodístico, sino también porque el nacimiento de un medio, sobre todo uno tan potente como EL ESPAÑOL, es saludable para la democracia y para la ciudadanía”.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa en España explica que la libertad de prensa en España ha vivido momentos complicados en los últimos años. “La crisis económica ha afectado la independencia que los medios deben de tener del poder político y económico. El paro y la precariedad no conviven bien con la libertad de información” afirma González. “Sin embargo, existen razones para sentirse optimista. El nacimiento de numerosos medios digitales y la facilidad para crear estos medios favorece la libertad de prensa. El futuro de los medios será híbrido, tanto en su financiación cómo en su contenido, pero está en la prensa digital”.

Elsa González insiste que la libertad de prensa es algo que no se alcanza nunca por completo. ”Hay que trabajar por conseguirla todos los días”, afirma la presidenta de FAPE. “La libertad de prensa hay que defenderla a diario”.

El director de EL ESPAÑOL Pedro J.Ramírez afirma que tras varios años de crisis en el sector periodístico comienza a verse la luz con la llegada de nuevos medios digitales: “Desde 2007 ningún medio había creado los 70 puestos de trabajo que vamos a crear”.

“Si El ESPAÑOL aspira a cambiar y modernizar el periodismo en España tenemos que empezar por convencer al mayor número de compañeros de profesión de que se suscriban a nuestro proyecto”, declara Pedro J. Ramírez. “Nada me gustaría más que EL ESPAÑOL fuera el periódico preferido de los periodistas”.

Ángela González, 12 años pidiendo justicia… sin suerte

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En enero de 2014 la ONU condenó al Gobierno español por primera vez por un asunto de violencia de género. El organismo considera que se cometió un error fatal al permitir que la ex pareja de Ángela González (en la foto), un maltratador condenado y con orden de alejamiento, tuviese el derecho de visitas sin supervisión con su hija Andrea. Durante una de estas visitas, Andrea, de siete años, fue asesinada por su padre.  Este lunes Women’s Link ha recibido de Justicia la desestimación de un recurso de revisión en el que argumenta que no otorgarán a Ángela ninguna indemnización ni reparación económica. 

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Imagen de Ángela González.

El sistema de justicia español le falló a Ángela. Así lo afirma el grupo internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide, que llevó su caso a las Naciones Unidas. Esta organización (y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas) consideran que el Estado español cometió un error fatal al permitir que la ex pareja de Ángela González, un maltratador condenado y con orden de alejamiento, tuviese el derecho de visitas sin supervisión con su hija Andrea. Durante una de estas visitas, Andrea, de siete años, fue asesinada por su padre, quien luego se suicidó.

Ángela estuvo litigando durante ocho años para conseguir que el Gobierno admitiese su parte de responsabilidad en el crimen. Sin embargo, ningún tribunal español quiso reconocer que el asesinato de Andrea había sido evitable. En 2011, Ángela contactó con Women’s Link Worldwide y la organización de derechos humanos denunció a España ante las Naciones Unidas. En una decisión sin precedentes, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer condenó al Gobierno español por primera vez por un asunto de violencia de género en agosto de 2014. El comité también solicitó que España implementase acciones proactivas que evitasen que el caso de Ángela pudiese suceder otra vez.

Sin embargo, lo que parecía una victoria tras once años de largas litigaciones ha resultado ser otra desilusión para el equipo de Ángela González. Gema Fernández, la abogada de Women’s Link Worldwide que llevó el caso de Ángela a los tribunales internacionales, afirma en una entrevista para EL ESPAÑOL que en el informe que España ha enviado al comité de la ONU en enero de este año no se cumplen ninguna de las recomendaciones solicitadas por el organismo internacional. Women’s Link ha mandado su propio informe al comité de las Naciones Unidas en las que denuncia esta falta del cumplimiento por parte del Estado español.

“El Gobierno se niega a reconocer a Ángela como una víctima de violación de derechos humanos y no admite su responsabilidad por el grave daño que le ocasionó”, declara la abogada de Ángela. “Tampoco admite que exista un problema estructural en cómo el ordenamiento jurídico español trata el tema de la violencia de género”.

La abogada afirma que en cuestiones de violencia de género España tiene mucho que mejorar. Según el boletín estadístico anual del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre violencia de género, 53 mujeres murieron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2014. De estas 53 mujeres, 17 (el 32%) habían presentado una denuncia por delitos de violencia de género, pero sólo cuatro estaban siendo protegidas cuando fueron asesinadas.

mayoria de las victimas

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) define “orden de protección” cómo una resolución judicial que, en los casos en que existan indicios fundados de la comisión de delitos o faltas de violencia doméstica y exista una situación objetiva de riesgo para la víctima, ordena la protección de la víctima mediante la adopción de medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias. Según datos del CPGJ, las órdenes de protección sobre el total de solicitadas han pasado del 72.7% en el primer trimestre de 2009 al 57% en el mismo periodo del año 2015, lo que supone una reducción de 15 puntos.

ordenes de proteccion

La abogada de Women’s Link afirma que un grave fallo estructural en el sistema español es el régimen de visitas cómo en el que Andrea fue asesinada por su padre. Esta medida deriva de una orden de protección u otras medidas cautelares de seguridad y protección. Los datos del CGPJ muestran que el régimen de visitas a hijos de acusados por violencia de género se suspendió tan solo en el 3% de los casos en casi todos los años entre 2007 y 2015 (con la excepción de 2008).

suspension visitas

“En España tenemos el concepto estereotipado de que la violencia es un asunto privado”, dice Gema Fernández. “Todavía conservamos el mito de que una persona puede ser un maltratador y un buen padre, y consideramos que el derecho de un padre a estar con su hijo (o hija) es sacrosanto. Además, no se toman suficientemente en cuenta las opiniones de los hijos. Estos estereotipos influyen en la decisión de los jueces a la hora de suspender el régimen de visitas a los maltratadores y por eso se suspenden tan poco”.

En sus recomendaciones, la ONU pidió que el Estado español tomase medidas adecuadas para que los antecedentes de violencia fueran tenidos en cuenta en el momento de otorgar derechos de custodia y de visitas. Sin embargo, el Gobierno ha hecho todo lo contrario, afirma Women’s Link. En su comunicado a las Naciones Unidas, esta organización afirma que las medidas adoptadas por el Estado no son suficientes para proteger a las mujeres y a sus hijos.

“No hay ninguna legislación en este momento que cambie este régimen de visitas. De hecho, algunas de las leyes que el Gobierno quiere desarrollar se posicionan totalmente en contra de los consejos del Comité”, dice Fernández. La abogada se refiere al Anteproyecto de Ley de corresponsabilidad parental, un proyecto que según denuncia Women’s Link está en contra de las solicitudes que hizo la ONU “al permitir que se autoricen visitas a maltratadores condenados por violencia de género cuando la autoridad judicial lo considere conveniente para el niño o la niña”.

El Comité de Naciones Unidas también solicitó que el Estado español proporcione formación obligatoria al poder judicial y al personal administrativo para luchar contra los estereotipos de género. Women’s Link afirma en su informe “que el Estado no aporta información sobre cómo va a proporcionar formación obligatoria a jueces y juezas y al personal administrativo”, y que en la formación proporcionada por el estado en su nota no aborda los estereotipos de género. La organización de derechos humanos añade que ahora mismo la formación a jueces y a personal administrativo no es obligatoria ni continua, no se encuentra sujeta a evaluación, cuenta con muy pocas horas lectivas y se brinda a un número muy reducido del personal de la judicatura.

Estado Al Comité CEDAW-Caso Ángela González

En un escrito publicado este marzo, Ángela González escribe: “Los asesinatos por violencia de género siguen siendo invisibles, se olvidan rápido”. Su abogada de Women’s Link afirma que el Estado no informó ni a Ángela ni a Women’s Link sobre las medidas que dice haber adoptado para cumplir las solicitudes de la ONU.

Este lunes 27 de julio Women’s Link recibió del Ministerio de Justicia la desestimación de un recurso extraordinario de revisión interpuesto por las abogadas de Women’s Link. El Ministerio argumenta que no otorgarán ninguna indemnización ni reparación económica a Ángela ya que los Dictámenes de los Comités de Naciones Unidas no son vinculantes para el Estado español.

“Para Ángela no sólo está en juego la indemnización que el estado se niega a darle”, dice su abogada. “También quiere que cambie la legislación vigente sobre las visitas a sus hijos por parte de maltratadores. Esto va más allá de la reparación que pide al Estado. Es muy importante para Ángela que lo que ella ha sufrido no lo vuelva a sufrir nadie más”.

Ángela y Women’s Link han interpuesto nuevos procedimientos para reclamar la reparación e indemnización que recomienda el Comité de la ONU. “Estamos reclamando la responsabilidad patrimonial al Estado”, dice la abogada de Ángela. “Pediremos al Comité que haga un seguimiento hasta que el Estado cumpla”.

“Llevo 12 años pidiendo justicia”, escribió Ángela tras conocer la respuesta de España a las Naciones Unidas. “Yo también tengo dignidad, sólo espero que me la devuelvan”.

Supremacistas blancos en Estados Unidos… y en España

daily stormer

Las autoridades federales y locales de EEUU han descubierto que Dylann Roof, acusado de matar a nueve personas en una histórica iglesia afroamericana en Charleston, había estado en contacto con grupos de supremacistas blancos en la Red, algunos con sección en España. 

Las autoridades federales y locales de Estados Unidos han descubierto que Dylann Roof, el chico blanco de 21 años acusado de asesinar a nueve afroamericanos en una iglesia de Carolina del Sur el pasado mes de Junio, había estado en contacto con grupos de supremacistas blancos en la Red, algunos con sección en España.

En el manifiesto online, supuestamente escrito por Roof, el joven afirma que el primer sitio web que fomentó su ideología supremacista fue el del Council of Conservative Citizens, el grupo nacionalista blanco más grande de EEUU. “Había páginas y páginas sobre ataques brutales de negros contra blancos… en ese momento me di cuenta de que algo estaba muy mal”, escribe el asesino de Charleston.  

Según un análisis del Southern Poverty Law Center, una organización no gubernamental de defensa de derechos civiles, Roof también podría haber sido un participante regular del foro neonazi Daily Stormer, ya que ciertas páginas del manifiesto de Roof son muy similares a unos comentarios publicados por uno de los usuarios en este grupo.

Por último, el propio Roof también ha sido relacionado con la página de supremacistas blancos más importante de Estados Unidos, Stormfront (que también cuenta con una sección en España). Aunque la conexión entre el asesino de Charleston y el foro online sigue sin estar clara, Don Black, el fundador de Stormfront y un ex líder del Ku Klux Klan en Alabama, comenzó a solicitar donaciones hace unos días para un fondo de defensa legal después de recibir una visita del FBI.

“La libertad de expresión de nuestros comentaristas está siendo atacada”, dijo recientemente en su programa de radio, aunque no especificó cuáles son los problemas legales a los que pueden enfrentarse. En el sitio web de Stormfront varios usuarios se han quejado en las últimas semanas de que la matanza de Charleston “les va a dar mala reputación” y que su comunidad online quiere la armonía racial, “solo que segregada”.

Éstas son las tres páginas de supremacía blanca relacionadas con el asesino de Charleston. En una conversación con el Southern Povery Law Center, la organización ha confirmado que estos tres grupos son algunos de los movimientos de supremacía blanca más influyentes de Estados Unidos.

Stormfront

Según la citada organización, Stormfront fue el primer gran foro de incitación al odio en Internet con cierta repercusión. El New York Times calcula que la website recibe unos 40.000 visitantes al día y es, por tanto, el espacio online de supremacistas blancos más popular del mundo. En mayo de 2015 contaba con más de 300.000 miembros registrados (aunque muchos menos siguen activos). Menos de la mitad de los visitantes viven en los Estados Unidos.

En un estudio del Southern Poverty Law Center, la organización de derechos civiles afirmó que una gran cantidad de usuarios de Stormfront han sido responsables de muchos de los crímenes de odio más letales desde que el sitio fue inaugurado en 1995. Sólo en los últimos cinco años varios de los usuarios de Stormfront han asesinado a casi un centenar de personas. El asesino más conocido es probablemente Anders Breivik, el terrorista de extrema derecha que mató a 77 personas en Noruega en julio de 2011. En el momento del crimen, Breivik llevaba tres años registrado de Stormfront.

Anders Breivik. Copyright: Flickr/Policía de Oslo

Los usuarios de ese foro dedican gran parte de su tiempo a lamentar la supuesta extinción de la raza blanca (o “genocidio blanco”, como lo llaman ellos) y a escribir larguísimos posts en los que declaran la superioridad de los blancos sobre negros y judíos. Una usuaria con el nombre de Bellatrix escribía en mayo de este año sobre la necesidad de informar a los jóvenes blancos del peligro de la mezcla de razas:

“Cuando hables con alguien sobre chicos o chicas, todo lo que tienes que hacer es plantar la semilla de ‘extinción blanca’ en su mente, y luego seguir con el tema de una manera amistosa”, aconseja esta usuaria.

En un extenso post titulado Entendiendo la mente del Negro, Parte III, el usuario Lord Jim afirma: “El negro es, y siempre será un gorrón y un ladrón. El negro es esa cosa que se esconde en la oscuridad y que intenta hacer lo menos posible. Aborrece cualquier tipo de trabajo productivo y busca la recompensa más fácil por el mínimo esfuerzo. El negro es una abominación del hombre y de la naturaleza y la antítesis de la civilización. En resumen, la mejor palabra para bestia es negro”.

Stormfront también cuenta con una sección para mujeres, donde se pueden encontrar fórums titulados Ladies, if it came down to it would you fight (Señoras, ¿si fuese necesario lucharíais?), How do you feel about non-white children (¿Cómo te sientes hacia los niños no blancos?) o Would you be willing to date a man that has been with a non-white woman (¿Estarías dispuesta a ir a una cita con un hombre que ha estado con una mujer no blanca?).

Esta preocupación por “la extinción blanca” también puede encontrarse en la website Stormfront España.  El esquema siguiente fue publicado en un foro titulado Genocidio blanco por el usuario Perrin.  

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Los negros no son los únicos a los que los usuarios de Stormfront culpan de la extinción de la raza blanca. En este foro titulado La aniquilación de la raza blanca: ¿propósito judío?, el usuario Navas de Tolosa escribe en un texto de casi 6.000 palabras: “El poder del judío para controlar al blanco mediante los medios es absolutamente enorme […] Mire la película de Disney ‘Pocahontas’ por ejemplo, que glorifica la unión interracial de un blanco y un indio. La película también menosprecia a la raza blanca como moralmente inferior”.

“Aunque parezca extraño, la razón principal por la que los judíos usan su poder para mezclar a la raza blanca es porque se sienten amenazados por el blanco, inteligente y culturalmente brillante”, afirma este mismo usuario.

El Español ha intentado ponerse en contacto con los moderadores de Stormfront España sin éxito.

Council of Conservative Citizens

La mención de Dylann Roof al Council of Conservative Citizens como influencia para su manifiesto ha sido objeto de gran controversia, ya que el presidente de esta organización ha donado miles de dólares a candidatos republicanos en los últimos años. Se trata del grupo nacionalista blanco más grande de Estados Unidos y en sus mejores momentos llegó a contar con 15.000 miembros.

Este grupo deja claro en su declaración de principios que se opone “a todos los esfuerzos de mezclar las razas” y que “Estados Unidos es un país cristiano y europeo”. La página web de la organización recopila casos de violencia de negros contra blancos y advierte: “Los taxistas y los repartidores de pizza están probablemente en mucho más peligro de ser asesinados mientras hacen su trabajo que los oficiales de policía. La mayor parte de estos asesinatos son por parte de negros a blancos y de negros a asiáticos”.

El sitio web también cuenta con numerosos vídeos que intentan demostrar esta epidemia de violencia contra los blancos. En este vídeo, la controvertida columnista y tertuliana Ann Coulter afirma que los inmigrantes ilegales son más peligrosos para Estados Unidos que ISIS, ya que “si no quieres ser asesinado por ISIS solamente hace falta que no vayas a Siria, mientras que si no quieres ser asesinado por un mejicano ya no sé qué decirte”.

El Council of Conservative Citizens ha condenado el ataque de Charleston ya que ellos “no apoyan la violencia”. Sin embargo mantienen que algunas de las ideas del manifiesto de Roof “son hechos correctos” y se han negado a disculparse por el contenido de su sitio.

Daily Stormer

El Daily Stormer es una mezcla de tablón de anuncios y comentarios sarcásticos neonazis cuyo fundador, Andrew Anglin, propuso el mes pasado construir una ciudad constituida  enteramente por blancos. A pesar de no tener la popularidad o los números de Stormfront o The Council of Conservative Citizens, este foro ha saltado a la fama tras las revelaciones del Southern Poverty Law Center de que Roof podría haber sido un participante regular en las discusiones de este grupo.

En un apartado titulado La guerra racial, los usuarios del foro suben vídeos sobre ataques por parte de ciudadanos negros, habitualmente acompañados por apelativos denigrantes.

(Troglodita negro enloquecido con enorme machete ataca a una mujer asiática, monstruo mestizo acusado de matar a su novia blanca en pedacitos).

El foro también cuenta con un apartado llamado El problema judío donde se recopilan artículos de la misma índole contra la comunidad judía.

El fundador de Daily Stormer ha declarado en un post que si Dylann Roof era participante del foro “hacía mucho que no comentaba” y que en Daily Stormer, al igual que en Stormfront y en el Council of Conservative Citizens no se permite incitar a la violencia. Solo a la segregación.

La Grecia que no cambiará el referéndum en 17 gráficos

El triunfo del no en el referéndum abre un nuevo escenario en la pugna entre Alexis Tsipras y las instituciones europeas. Pero no cambia los problemas políticos y económicos del país, inmerso en una de las crisis más profundas de su historia. A continuación explicamos el contexto que rodea a las negociaciones con 17 gráficos. 

El triunfo del no en el referéndum abre un nuevo escenario en la pugna entre Alexis Tsipras y las instituciones europeas. Pero no cambia los problemas políticos y económicos del país, inmerso en una de las crisis más profundas de su historia. A continuación explicamos el contexto que rodea a las negociaciones con 17 gráficos. Los datos que los sustentan están extraídos en su mayoría de organismos internacionales como la OCDE, la Unión Europea y el Banco Mundial.

Un país noqueado por la crisis

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Un país con un PIB menor que Madrid

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Un país donde muchos no pagan impuestos

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Un país sin apenas alta tecnología

Exportaciones alta tecnologia

Un país que gasta más en el Ejército que en I+D

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Gasto en i+d

El 37% de los griegos no paga a tiempo sus facturas

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Un 36% está al borde de la pobreza

Riesgo de pobreza

La mitad de los jóvenes no encuentran empleo

Desempleo juvenil

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Nacen menos bebés que antes de la crisis

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Uno de los países más corruptos de Europa

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Así habría descrito el rescate ‘Buzzfeed’     comparacion-01

La raza (todavía) importa en Estados Unidos

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La raza (todavía) importa en Estados Unidos. Junio ha sido un mes trágico y difícil para la convivencia racial en el país norteamericano. En el espacio de 15 días, el asesinato de nueve personas afroamericanas en una iglesia de Charleston, la brutalidad policial en una piscina de Texas y la polémica desatada por la activista blanca que se hacía pasar por negra en Spokane han reabierto viejas heridas.

Vea el vídeo completo de la piscina de Texas.

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Barak Obama durante su alocución tras la matanza de Charleston.

Junio ha sido un mes trágico y complicado para la convivencia racial en Estados Unidos. En el espacio de 15 días, el asesinato de nueve personas afroamericanas en una iglesia de Charleston, la brutalidad policial en una piscina de Texas y la polémica desatada por la activista blanca que se hacía pasar por negra en Spokane han reabierto viejas heridas sobre la realidad racial en el país norteamericano. Allí, la raza (todavía) importa.

Activistas, escritores, medios estadounidenses y anglosajones y hasta el propio Barak Obama han participado en un debate que parece no tener fin: la realidad en la que viven los ciudadanos negros en Estados Unidos.

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Frente y perfil del presunto asesino de Charleston, Dylann Roof.

La matanza de Charleston

El 17 de junio de 2015 Dylann Roof, un chico blanco de 21 años, entró en una iglesia negra en Charleston y asesinó a nueve afroamericanos. Según un testigo que presenció los disparos, antes de abrir fuego el atacante exclamó: “Necesito hacer esto porque estáis violando a nuestras mujeres y estáis tomando el control de nuestro país”. Jamelle Boie explica en Slate cómo el miedo a que los negros violen a las mujeres blancas es utilizado desde el siglo XIX para justificar la violencia contra los afroamericanos. La bandera confederada, con la que el asesino tiene varias fotografías y que continúa izada en la capital de Carolina del Sur, ha sido objeto de controversia tras la matanza por ser un “símbolo de odio racial”. Este sábado una mujer negra trepó el mástil de 10 metros para remover esta bandera, un acto aplaudido por muchos aunque la bandera volvió a ser izada pocas horas después.

El ataque contra la iglesia afroamericana también ha reabierto el debate sobre cómo los medios cubren este tipo de tragedias cuando el asesino es un hombre blanco. La profesora de religión y estudios africanos de la Universidad de Pennsylvania Anthea Butler escribe en  The Washington Post que los medios americanos prefieren utilizar el término “lobo solitario” en vez de “terrorista” cuando se refieren a un asesino de raza blanca.

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Roof y la polémica bandera confederada.

“Si escuchas a los medios hablar sobre Dylann Roof puedes ver que no le llaman terrorista”, dice Butler en su artículo. “Cuando el crimen lo cometen negros o musulmanes, los medios rápidamente los caracterizan cómo terroristas o matones, y en seguida se pide algún tipo de respuesta o acción por parte de las personas que comparten su raza o religión. En cambio, cuando el asesino era blanco, los medios le caracterizan como “lobo solitario” y atribuyen sus acciones a algún tipo de enfermedad mental”. En un artículo para The New York Times, la escritora Brit Bennett afirma que cuando un terrorista es blanco la violencia de sus acciones nunca se achaca a su color de piel.

La cobertura de los medios ha sido abordada en un artículo en The Guardian. Según escribe el periodista freelance Roy Greenslade, varios periódicos británicos relegaron la noticia sobre los asesinatos de Charleston a un segundo lugar el día de la matanza. “¿Hubiesen tratado la historia de la misma manera si un hombre negro hubiese matado a nueva personas blancas en una iglesia?”, pregunta el periodista. Greenslade señala que el día de la masacre de Sandy Hook, el colegio donde 20 niños y 6 adultos fueron asesinados en 2012, la noticia salió en todas las portadas de todos los periódicos británicos.

El otro debate que esta tragedia ha reavivado es el derecho a las armas. En su alocución televisada después de la tragedia, Obama pidió nuevamente el control de armas: “En algún momento tendremos que darnos cuenta de que este tipo de violencia no ocurre en otros países”. En el servicio religioso por una de las víctimas del ataque que tuvo lugar este pasado viernes, el presidente de Estados Unidos emocionó a los asistentes con un discurso sobre el racismo y la violencia armada, que terminó con el presidente entonando el himno góspel Amazing Grace.

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Rachel Dolezal.

Rachel Dolezal quiere ser negra

Rachel Dolezal es de ascendencia alemana y checa, pero ella se considera negra. La activista y ex líder de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color en Spokane (Washington) saltó a la fama tras la revelación de sus padres de que su hija estaba fingiendo ser de una raza que no era. Según cuenta la familia Dolezal, Rachel se había hecho pasar por negra durante los últimos 10 años.

Algunas personas han defendido el derecho de la activista “a ser negra si ella quiere”. Otros, principalmente afroamericanos, han acusado a Dolezal de estar apropiándose de experiencias que no son suyas. Alicia Walters, una mujer negra que también vive en Spokane, escribe en un artículo para The Guardian que “la identidad negra no se puede poner como un par de zapatos”. “Ser una niña negra en Spokane significa estar aislada y ser rechazada. Mi proceso de convertirme en una mujer negra no tuvo que ver con ropa o con la textura de mi pelo sino con el trauma del rechazo y aislamiento de mi infancia”, afirma. “En cambio, Rachel solo tuvo que cambiarse el pelo para ser negra”.

Otro motivo de controversia que ha surgido a raíz de las declaraciones de los padres de Dolezal es el uso de la palabra “transracial”. Este término empezó a ser popular entre usuarios de Twitter para defender el derecho de la activista a ser de la raza que ella quiera. Según los defensores de este término, ¿si una mujer puede ser un hombre y viceversa por qué una persona blanca no puede ser negra?

Este argumento ha sido criticado por varios motivos. Kat Blaque, una popular vlogger transexual, ha dicho públicamente “que yo no estoy mintiendo sobre quien soy ahora. Llevé a cabo mi transición para ser quien realmente ahora y dejar de pretender ser alguien quien no soy. Rachel está viviendo una mentira.” Vanessa Urquhart afirma en un artículo de Slate que la gran diferencia entre una persona transexual y Dolezal es que “parece ser que las personas nacen con una determinada identidad de género mientras que la identidad racial no tiene ninguna base genética”.

Por último, la escritora Lisa Marie Rollins explica en el Huffington Post que el término “transracial” se utiliza en investigaciones académicas y trabajos culturales para definir a personas que han sido adoptadas por otra raza. Muchas de estas personas se han sentido ofendidas al ser comparadas con Dolezal.

Violencia policial en una piscina de Texas

El video de una joven afroamericana de 15 años siendo brutalmente arrestada por un policía blanco en una piscina de Texas ha recorrido el mundo entero. El policía arrestó a la adolescente Dajerria Becton y a sus amigos afroamericanos tras recibir una llamada de unos residentes blancos que se quejaban del comportamiento de los adolescentes. A pesar de que existen distintas versiones de cómo empezó la disputa entre los bañistas blancos y el grupo de jóvenes mayoritariamente negros, la brutalidad exhibida por el policía ha sido condenada por la mayor parte de la sociedad estadunidense.

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The New York Times describe la ciudad de McKinney como “una ciudad con grandes divisiones económicas y raciales”. En un artículo en The Atlantic, el periodista Yoni Appelbaum equipara lo sucedido en la piscina de de esta ciudad con la historia de segregación de las piscinas americanas. “Formalmente, la segregación legal es cosa del pasado. Sin embargo todavía existen divisiones marcadas”, escribe. El periodista explica que las piscinas han sido mayoritariamente privatizadas en las últimas décadas y normalmente se encuentran tras puertas cerradas en barrios lujosos. Lo que pasó en McKinney ocurrió en este contexto de privatización “donde los residentes esperaban poder controlar quien toma el sol o chapotea en la piscina con ellos”, dice Appelbaum.

La brutalidad del policía que agarró y empujó al suelo a la chica negra también ha sido criticada por Brittney Cooper en Salon: “Esto jamás habría ocurrido si la chica hubiese sido blanca. No existe un lugar donde la policía pueda arrastrar del pelo a una adolescente blanca en bikini, la tire al suelo y se arrodille encima de su cuerpo sin suscitar una indignación moral masiva”, dice Cooper. “Sin embargo, a las chicas negras no se las considera lo suficientemente femeninas para que su vulnerabilidad sea evidente. Frecuentemente son vistas como agresoras por la policía y por los ciudadanos simplemente por hacer cosas de adolescente”.

Arthur Chu escribe en The Daily Beast que la parte más reveladora del video es la
que no vemos: la raza de la persona que sujeta el móvil. “Brandon Brooks, el chico blanco que hizo el vídeo, va de un lado para otro con su móvil grabándolo todo sin que le pase nada. Brooks afirmó de hecho que durante el altercado se sintió invisible”.

Nadie callará ahora a Nadejda

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Hace más de 13 años que Nadejda Atayeva huyó con su padre y su hermano de Uzbekistán tras sufrir el acoso del régimen. Ahora preside la Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central y lucha por proteger a los presos de conciencia de la antigua república soviética. 

Fotos: Samuel de Román

Nadejda Atayeva tiene 57 años y nació en Gulistan, una capital de provincia de Uzbekistán. Hace 13 años, la activista huyó del país con su padre y su hermano. “Mi padre era el encargado de organizar el trigo para la población de Uzbekistán”, explica la defensora de derechos humanos. “Cuando el trigo empezó a escasear, las autoridades le obligaron a firmar un documento donde se declaraba culpable por esta escasez. Afortunadamente, unos amigos avisaron a mi padre antes de que le arrestasen y pudimos salir a tiempo del país”.

La activista y su familia llegaron a Francia en 2002, donde se les concedió asilo político. En 2005, Nadejda fundó la Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central, una organización con base en Francia dedicada a documentar las violaciones de derechos humanos en las antiguas repúblicas soviéticas y a proteger los derechos de sus ciudadanos. Actualmente vive en Francia y está de visita en España para colaborar con la campaña de “Stop Tortura” de Amnistía Internacional.

“Hay más de 12.000 presos de conciencia en Uzbekistán”, afirma la defensora de derechos humanos en una entrevista con EL ESPAÑOL. “Muchos de ellos son torturados, algunos asesinados. Cada uno de ellos tiene su historia, y todos sus nombres importan”.

Sin embargo, Nadejda Atayeva no siempre fue opositora al régimen. “Nací en una familia acomodada. Mi padre trabajaba para el gobierno. Por la ventana de mi cuarto veía a los trabajadores recogiendo algodón día y noche, niños incluidos. Me parecía normal. En la televisión oíamos que teníamos que trabajar duro por la patria y yo me lo creía”.

Nadejda se licenció en Periodismo y durante años trabajó para distintos medios del país. Es una etapa de su vida que la activista recuerda con amargura.

“Realmente no era periodista, porque lo que yo estaba haciendo era propaganda. Cuando escribía sobre los trabajadores, hablaba del orgullo que eran para el país en vez de escribir sobre la esclavitud de los campos. Debería haber escrito que los niños tienen que estudiar, no llevar 40 kilos de algodón en la espalda. Pero no me daba cuenta”.

Cuando lo recuerda, los ojos se le llenan de lágrimas. “Ahora tengo una niña pequeña. Quiero que los niños sueñen con poder ir al espacio, no con tener un trozo de pan. Miro hacia atrás y no siento mucho orgullo por mi época cómo periodista”.

El perverso control del algodón

La defensora de derechos humanos explica que la producción de algodón es un trabajo obligatorio para toda la población. “Todos los agricultores que quieren trabajar tienen que alquilar la tierra al gobierno”, explica. “El requerimiento para poder alquilar un trozo de tierra es producir algodón. Todos los agostos (antes de que empiece la cosecha) los funcionarios del gobierno llaman a las puertas de cada casa y obligan a todos los miembros de la familia a trabajar en los campos. Esto incluye a jubilados y embarazadas. Para no trabajar en los campos necesitas pagar por un certificado”.

“Todo el sistema financiero de Uzbekistán se basa en el algodón. Los empresarios también están obligados a trabajar en este sector. Gracias a ello las autoridades tienen el control absoluto de todos los ciudadanos.”

Hasta hace tres años, niños y niñas en edad de ir al colegio también estaban obligados a recoger algodón en los campos. Gracias a la asociación fundada por Nadejda el gobierno de Uzbekistán ha suspendido esta obligación.

“Para nosotros es un logro increíble”, afirma Nadejda. “Es verdad que en pueblos pequeños, donde las autoridades se sienten más seguras, los niños todavía tienen que ir a los campos. Pero la gran diferencia es que ahora el gobierno tiene miedo de que la comunidad internacional se entere”.

La Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central también ha conseguido otra importante victoria. “El gobierno de Uzbekistán ha adoptado finalmente un programa de abolición del trabajo forzado” dice la activista. “Otra cosa es que se aplique. Pero es un primer paso”.

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Nadejda Atayeva, durante un momento de la entrevista (Fotos: Samuel de Román)

Huida de Uzbekistán

Nadejda fundó su asociación en Francia, pero su compromiso con los derechos humanos no comenzó en Europa. “Yo ya era activista en Uzbekistán, lo que pasa es que no me consideraba opositora al régimen”, explica. “Cuando veía un problema intentaba solucionarlo. No quería luchar contra el gobierno, solo hacer reformas”.

“Cuando tenía 20 años, conseguí trabajo escribiendo para un periódico de una fábrica de tractores en Tashkent, la capital de Uzbekistan. Las condiciones laborales de esta fábrica eran horribles. De vez en cuando, la maquinaria cortaba los dedos a algún trabajador, pero en vez de cambiar el sistema la dirección de la fábrica simplemente le daba una pequeña compensación”.

Fue en esta fábrica donde Nadejda comenzó su trabajo de activista. “Había algunos disidentes entre los trabajadores”, explica. “Yo me hice muy amiga de uno de ellos. Comenzamos a hablar, y decidimos hacer algo por los derechos de la gente que trabajaba en la fábrica. Con mi máquina de imprimir, empezamos a hacer folletos. Esta información tuvo una gran popularidad, así que organizamos una conferencia de sindicatos, en la que se revisó el acuerdo de la empresa con los trabajadores. Al final conseguimos que quitasen al director general. Fue una gran victoria”.

Por desgracia, esta victoria fue lo que puso a Nadejda en el punto de mira del KGB, el Comité de Seguridad del Estado de la Unión Soviética.

“Jamás me imaginé que el KGB me incluiría en la lista de personas sospechosas por mi trabajo en la fábrica”, dice Nadejda. “Esta no fue la única vez que me sentí intimidada por los servicios de seguridad. En 1990, cuando trabajaba en el periódico “Taskentskaya pravda” (“La verdad de Tashkent”) y a la vez escribía para agencias de noticias occidentales, el Servicio de Seguridad Nacional comenzó a interrogar a mis colegas periodistas y a mis vecinos sobre con quien mantenía contacto. Decidí vivir fuera temporalmente, y pasé un año en Moscú y Ekaterinburgo.”

Sin embargo, Nadejda no es el único miembro de su familia que ha sido acosado por el gobierno.

“En el año 2000, mi padre se dio cuenta de que las estadísticas que afirmaban que Uzbekistán producía 40.000 toneladas de trigo eran mentira y que a menos que el gobierno tomase acción urgente no habría suficiente pan para toda la población”.

Nadejda explica cómo su padre se presentó ante el mismísimo presidente de Uzbekistán, Islom Karimov, para transmitirle sus preocupaciones.

“Karimov aseguró a mi padre que el gobierno importaría todo el trigo necesario para que no le faltase el pan a ningún ciudadano de Uzbekistán”, afirma”. “Esta reunión tuvo lugar el 4 de marzo. El 9 de marzo, las autoridades responsabilizaron a mi padre por la escasez de trigo y le obligaron a firmar un documento donde se declaraba culpable”. Antes de que fuese arrestado, Nadejda, su padre y su hermano abandonaron el país.

En 2002, el gobierno francés les concedió asilo político. En julio de 2013, el tribunal municipal de Tashkent condenó a Nadejda en ausencia a seis años de prisión. Su padre y su hermano también fueron condenados.

Un papel, tres nombres

Nadejda termina la entrevista escribiendo tres nombres en un papel.  Estos nombres son Azan Poirmonov, Muhammad Bejkanou y Murat Djuraev. “Azan Poirmonov es un agricultor que se convirtió en activista de derechos humanos para luchar contra la injusticia de los campos de algodón”, declara Nadejda. “Ahora está en Karakalpakstan, un campo de concentración moderno donde los prisioneros son torturados con regularidad”.

“Muhammad Bekjanou era redactor jefe del periódico ERK. Es uno de los periodistas que más tiempo llevan encarcelados del mundo. Murad Dzhuraev era miembro del parlamento uzbeko. Lleva 21 años en prisión por decir que los niños tienen que estudiar en la escuela en vez de trabajar en los campos de algodón. Ambos han sido torturados”.

“Cuando estaba en Uzbekistán no me daba cuenta. Ahora no me voy a callar”, declara la activista de derechos humanos.

El precio de enfrentarse a EEUU

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La abogada Jesselyn Radack trabajó en el Departamento de Justicia entre 1995 y 2002. Su vida cambió en 2001 cuando reveló que el Gobierno de EEUU había encubierto aspectos claves en el juicio contra el llamado talibán americano. Desde entonces, el FBI la puso en su punto de mira. Ahora es una de las abogadas de Edward Snowden.

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Jesselyn Radack siempre soñó con trabajar para el Gobierno de su país. Sin embargo no podía imaginar que el sueño acabaría convirtiéndose en pesadilla.  La abogada, entre cuyos clientes actuales se encuentra Edward Snowden, se graduó por la Universidad de Brown y también por la prestigiosa Yale Law School, y de 1995 a 2002 trabajó para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En 2001, su vida cambió para siempre cuando el FBI contactó con ella para hablar del caso de John Walker Lindh, un ciudadano estadounidense que había sido hecho prisionero luchando con los talibanes en Afganistán.

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Según explica Radack en su página web, la agencia de investigación estadounidense quería interrogar al llamado talibán americano como si fuese un militar de una nación enemiga. Radack contestó que ningún interrogatorio podría tener validez sin la presencia del abogado del acusado, James Brosnahan. Sin embargo, el FBI no solo llevó a cabo el interrogatorio sin este requerimiento, sino que una vez abierto el juicio el Departamento de Justicia ocultó la existencia de Brosnahan y negó que Lindh hubiese tenido abogado.

“Para mí esa fue la línea roja”, explica Radack. “La agencia que se supone que tiene que defender la ley no estaba siguiendo las reglas. ¡Estamos hablando de la vida de un hombre! No sentía una simpatía particular por el acusado, pero nadie debería ser condenado a muerte porque el Gobierno esté ocultando información”.

“Los peores años de mi vida”

Radack tomó una decisión. Dimitió del Departamento de Justicia y mandó toda la información que demostraba la existencia de Brosnahan a la revista Newsweek. Esta historia llegó a los titulares, y unos meses más tarde el Departamento de Justicia retiró los cargos por terrorismo. Lindh fue condenado a 20 años de cárcel por cargos más leves.

“A partir de ahí comenzaron los peores años de mi vida”, dice la abogada con un toque de amargura en su voz. “El gobierno inició una investigación criminal y me incluyó en la lista de sospechosos que no pueden volar ni dentro ni fuera de Estados Unidos. También llamaron a mi nuevo lugar de trabajo para decirles que habían contratado a una criminal”.

La salud de la abogada también se vio resentida por esta “campaña de intimidación”. “Nunca sabré con seguridad si está relacionado, pero la noche en que me dijeron que iba a ser arrestada sufrí un aborto involuntario”, dice Radack. “Fueron unos años horribles, pero la reacción completamente desmesurada del gobierno de EEUU fue lo que me inspiró a dedicar el resto de mi vida a defender a whistleblowers (personas que denuncian irregularidades relacionadas con la banca, el sector corporativo o el propio Gobierno federal)”.

Al final, todos los cargos contra Radack fueron retirados y la abogada comenzó a trabajar para The Government Accountability Project, la fundación defensora de whistleblowers más importante de Estados Unidos. Esta organización defiende a whistleblowers de todo tipo. Radack se ocupa de defender a los whistleblowers que denuncian casos relacionados con la seguridad nacional.

“Es un trabajo titánico”, reconoce la abogada de Snowden. “¡Estamos enfrentándonos al Gobierno de Estados Unidos! Somos David contra Goliat”.

¿Qué es el ‘Espionage Act’?

Muchos de los clientes de Radack son mundialmente conocidos. Por ejemplo John Kiriakou, ex director de operaciones antiterroristas de la CIA cuya historia contó el ‘New Yorker’ aquí. “John fue el primer agente de la CIA que reveló que el gobierno estaba llevando a cabo un programa de tortura oficial”, explica la abogada. “John se negó a que le entrenasen en este programa y comenzó a hacer entrevistas denunciando estos métodos. La CIA no paraba de presentar denuncias contra él, hasta que finalmente el Departamento de Justicia decidió actuar”.

Kirakou fue acusado bajo el Espionage Act, una ley que Radack califica como “draconiana”. “El Espionage Act es una ley anticuada de la época de la primera guerra mundial. Fue creada para perseguir a espías, no a whistleblowers”. Bajo esta ley, Kirakou se enfrentaba a décadas en prisión. Al final, Radack consiguió que el gobierno retirase los cargos de espionaje y Kirakou se declaró culpable por un delito menor, por el que fue condenado a dos años y medio de cárcel. “Tenía niños pequeños y no quería arriesgarse a pasar el resto de su vida en prisión”, dice Radack. El ex agente de la CIA ya está en libertad.

Thomas Drake, otro de los clientes de Radack, fue acusado bajo el Espionage Act. Su caso es especialmente interesante. Drake trabajaba para la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) cuando empezó a notar irregularidades en las operaciones de la agencia. “Tom acudió a sus superiores para denunciar estos abusos. No solo no sirvió para nada, sino que terminó siendo acusado de espionaje”, dice Radack. La defensa de Drake consiguió que se retirasen estos cargos gracias al apoyo de la opinión pública.

“El caso de Tom es la razón por la que pongo los ojos en blanco cuando la gente me dice que Snowden debería haber denunciado los programas de vigilancia del gobierno a sus superiores en vez de acudir a los medios”, afirma la defensora de whistleblowers.

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“A Snowden le encantaría volver a EEUU”

Por supuesto, el cliente más famoso de Radack es Edward Snowden, el consultor tecnológico que saltó a la fama en 2013 al hacer pública la existencia de programas de vigilancia masiva a nivel mundial.

Radack se muestra cautelosa a la hora de hablar sobre su cliente más conocido. Por ejemplo, se niega a discutir los métodos que utiliza para comunicarse con Snowden, quien se encuentra ahora en Rusia. “Sólo puedo decirte que utilizamos comunicaciones encriptadas”, me dice. Radack es una de los dos abogados que Snowden tiene en Estados Unidos. El otro es Ben Wizner, que trabaja en la American Civil Liberties Union.

¿Y cómo es Snowden? “Es una persona humilde y muy brillante. Es gracioso y sociable y es muy fácil llevarse bien con él. También se muestra muy tranquilo ante la situación tan peligrosa en la que se encuentra”, explica su abogada. “Es estadounidense y además está orgulloso de serlo. A él le encantaría volver a Estados Unidos. Sin embargo, dudo mucho que esto sea posible en un futuro próximo”.

Radack añade que bajo el Espionage Act, base sobre la que se acusa a Snowden, el whistleblower no podría ser juzgado de manera justa e imparcial en Estados Unidos. “Esta norma no diferencia entre revelar información clasificada a un gobierno extranjero con fines de lucro y revelar información clasificada por el beneficio del público”, explica la abogada. “A menos que Snowden pueda tener un juicio justo no va a volver a Estados Unidos”.

La abogada de Snowden se muestra muy crítica con la administración de Obama, y afirma que bajo el gobierno del premio nobel de la paz el tratamiento a los whistleblowers ha empeorado considerablemente.

“Cuando yo denuncié el caso del talibán americano durante el Gobierno de Bush, la situación para los whistleblowers no era fácil, pero por lo menos nunca fui acusada de espionaje”, dice Radack. “Durante el Gobierno de Obama, once personas han sido procesadas por espionaje. Todos ellos han revelado información que el gobierno no quería que se supiera sobre programas de tortura, vigilancia masiva…  El Gobierno de Obama ha declarado la guerra a los whistleblowers“.

La abogada también critica la legislación estadounidense por no proteger lo suficiente a estos denunciantes.

“El Whistleblower Protection Act afirma que el gobierno no puede tomar represalias contra un empleado que revela casos de fraude, abuso, comportamiento ilegal o comportamiento peligroso a la seguridad pública”, explica Radack. “El problema es que no tenemos fuerza suficiente, y cuando el gobierno decide ir a por ti no hay nada que puedas hacer”.

“Querían intimidarme y asustarme”

Sin embargo, no sólo los whistleblowers sufren las consecuencias de estar en el lado opuesto del gobierno.

“Nadie te entrena para esto en la Facultad de Derecho”, dice la abogada. “Es una locura, pero me comporto como si fuese una narcotraficante. Utilizo teléfonos desechables, siempre pago en efectivo….  Necesito usar estas tácticas porque tengo que asumir que el gobierno me está escuchando”.

En Febrero de 2014, Radack fue detenida en el aeropuerto de Heathrow de Londres, donde había volado para visitar a su amigo y compañero profesional Julian Assange. “Me hicieron preguntas sobre Assange, mis clientes, Snowden… Fue una violación total del secreto profesional entre abogado y cliente. Querían intimidarme y asustarme”.

Sin embargo, Radack insiste en que su situación no es comparable a la de sus clientes: “Sea cual sea el riesgo en el que me encuentre, mis clientes están en muchísimo más peligro. Personas que trabajan para el Gobierno han dicho públicamente que les gustaría colgar a Snowden de un árbol. Muchos de mis clientes tienen depresión, algunos tienen pensamientos suicidas. La presión que sufren es inimaginable”.

Cuando los políticos sólo piensan en el corto plazo

Un estudio de la fundación Centre of Public Impact muestra, entre otros resultados, que nueve de cada 10 funcionarios de 26 países, entre ellos España, consideran que el impacto de las políticas públicas es “mejorable”.

Las políticas públicas tienen un impacto en la sociedad, para bien o para mal. Sin embargo, los gobiernos dedican más tiempo a la fase de su desarrollo que en comprobar si se ha conseguido el resultado esperado. De hecho, “los políticos prefieren medir el impacto de las políticas públicas a corto plazo”, afirma Adrian Brown, experto en asuntos de gobierno y director ejecutivo del Centre of Public Impact.

Un estudio que dicha fundación publica este jueves muestra, entre otros resultados, que nueve de cada 10 funcionarios (el 92%) considera que el impacto de estas medidas es, como poco, mejorable.

El informe mide el impacto real de las políticas públicas en varios países económicamente desarrollados en los cinco continentes.

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En la encuesta del estudio, en la que participaron funcionarios de 25 países distintos (también España), más de 1.000 trabajadores públicos han revelado lo que piensan sobre la efectividad de las políticas públicas de sus respectivos gobiernos.

Otro de los resultados destacables del estudio indica la diferencia de opiniones entre funcionarios según su función y rango. Así, los funcionarios responsables de desarrollar las normativas son los que mejor opinión tienen sobre su impacto, mientras que los funcionarios ejecutivos (aquellos que aplican las normativas en las diferentes secciones del sector público) son los que peor valoran el resultado de las políticas públicas en general.

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Los datos del informe también muestran una clara diferencia de opinión entre los funcionarios con posiciones más elevadas en la administración, que valoran mejor el impacto de las normativas, y los funcionarios con posiciones menos elevadas, que consideran que todavía queda mucho por mejorar.

“Lo que el estudio parece indicar es que los funcionarios que están menos envueltos en el impacto de las políticas públicas son los que mejor opinión tienen sobre su efectividad”, explica Adrian Brown.

management level

Los resultados del estudio muestran asimismo la uniformidad de los obstáculos que los funcionarios identifican a la hora de conseguir un mayor impacto de las políticas públicas.

“A pesar de haber incluido países de cinco continentes distintos en el estudio, las respuestas a esta pregunta eran muy similares”, explica Brown. “La mayor parte de los funcionarios identificaron la falta de coordinación, la insuficiencia de fondos y la falta de liderazgo como los principales obstáculos a la hora de conseguir un mayor impacto de las políticas públicas”.

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Por último, la encuesta muestra que tan solo 21% de los funcionarios encuestados utilizan indicadores de impacto en todos los proyectos del sector público que implementan.

Brown explica que “por lo general, los políticos prefieren medir el impacto a corto plazo, como por ejemplo el impacto político que ha tenido la última legislación que ha sido aprobada por el parlamento o congreso. Medir el impacto que esta legislación ha tenido sobre el público a largo plazo es mucho más complicado, y por lo tanto se hace menos a menudo”.

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“Lo que ha demostrado esta encuesta es que hay una clara necesidad de incorporar medidas para calcular el impacto de las políticas del gobierno”, concluye el director del centro. “Necesitamos prestar más atención a los resultados de las políticas públicas, ya que esto es lo que importa a los ciudadanos. Esto es especialmente importante en épocas de incertidumbre y de cambio político”.

El Centro de Impacto Público es una iniciativa del Boston Consulting Group, cuyo objetivo es ayudar a que los gobiernos mejoren el impacto de las políticas públicas que implementan. En el futuro, el centro espera crear un marco de ayuda que los gobiernos puedan utilizar para mejorar el impacto de sus políticas públicas.

“El objetivo de este estudio era comprobar si los funcionarios consideran que se puede mejorar el impacto de las políticas públicas del gobierno”, dice Brown. “Como podemos ver, la mayor parte de los funcionarios consideran que hay cosas que se pueden mejorar”.