El escrutinio de las municipales del 24M no cuadra

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Al escrutinio provisional del Minsterior del Interior no le salen las cuentas. En 19 municipios de más de 10.000 habitantes los votos a cada partido y los nulos/blancos no suman la cifra total de votantes.

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(Foto: PSOE)

Los datos del escrutinio provisional de las elecciones municipales que ofrece la página web del Ministerio del Interior no cuadran en  lo más básico. En varios casos, dos y dos no suman cuatro. Es lo que ocurre en los resultados de 19 de los municipios de más de 10.000 habitantes. En todos ellos, desde Melilla a Badalona, los votos asignados a los partidos no dan como resultado la cifra total de votantes tras restar el voto en blanco y el voto nulo.

En Burgos, por ejemplo, la suma total de los votos repartidos entre las nueve formaciones que se presentaron es de 87.719. Pero si tomamos el número total de votantes (91.339) y le restamos el voto nulo y el voto en blanco (que suman 3.696 votos), nos sale un total de 87.643 votos a distribuir entre los partidos, un número algo menor. Esto es, hay 76 votos que se han asignado a partidos pero no están en la suma de votos válidos. O, lo que es lo mismo, los porcentajes de voto de cada formación no suman cien, sino algo más.

Lo mismo ocurre en ciudades como Sevilla (60 votos asignados que no estaban contabilizados en el total de válidos), Melilla (36), Jaén (30), Vitoria-Gasteiz (19), Huesca (17), A Coruña (17), Tarragona (15), Ceuta (14), Alcobendas (13), Torrent (7) y Badalona (1).

La situación contraria es la que se puede encontrar en el escrutinio provisional de otras siete ciudades. En estos casos, la suma total de los votos asignados a cada partido es menor al total de votos contabilizados una vez restados nulos y blancos. Es decir, las distintas formaciones, en total, reciben menos votos de los efectivamente contabilizados y hay algunos que se quedan en el aire. Es lo que ocurre en Talavera de la Reina (Toledo): los votos a repartir -emitidos menos nulos y blancos- son 39.545, pero si sumamos los que se han repartido por partido obtenemos una cifra menor, 39.537. Hay ocho votos que se contabilizaron, no fueron nulos ni blancos y no están asignados a ningún partido. O, lo que es lo mismo, los porcentajes de voto de cada formación no suma 100 sobre el total, sino algo menos.

Esta situación se vive en el escrutinio de otras ciudades como Santander (5 votos sin asignar a ninguna formación política), Avilés (4), Pamplona (2), Candelaria (1), Marratxí (1) y Mérida (1).

En tres de las 19 localidades en las que no cuadran los números (Tarragona, Candelaria y Marratxí) el escrutinio no está al 100%, pero eso no explicaría las diferencias entre la suma de las candidaturas y el total de votos válidos contabilizados. En concreto, en 58 municipios de los más de 8.000 no se ha finalizado el escrutinio (van desde el 44,75% escrutado en Los Arcos hasta el 99,84% en Barcelona) y para otros ocho municipios el recuento no ha comenzado (o no se ha publicado, aún, en la página web oficial).

Puede que existan más errores -o no- en el escrutinio provisional publicado por el Ministerio del Interior en su página web, pero lo que sí sabemos es que en muchas localidades las cifras publicadas no cumplen un criterio básico en las comprobaciones de resultados: que la suma de los porcentajes sea 100%.

Los datos analizados conforman el escrutinio provisional, realizado por Indra desde la noche electoral. Los resultados definitivos no se han publicado aún y pueden diferir de éstos pero en algunos casos, como ocurrió en las elecciones andaluzas y publicó El Confidencial, se han utilizado estos datos provisionales como definitivos y no se han comprobado si coincidían con los sobres que firman y envían las mesas electorales, tal y como obliga la ley.


Nota: los resultados fueron extraídos de la página web oficial la mañana del 31 de mayo y pueden sufrir cambios desde entonces. Puedes consultar la tabla completa y las desviaciones aquí.


 

Este artículo está publicado también en el sitio El BOE nuestro de cada día, de la Fundación Civio.

La derrota le cuesta al PP al menos cinco millones de euros

Es la cifra que podría perder con respecto a las subvenciones que recibió en 2011. Si el partido ha destinado a la campaña menos de lo asignado, recibe ayudas para cubrir esa cifra y las administraciones se ahorran el resto. Podemos y Ciudadanos aparecen, por primera vez, entre los más premiados.

Es la cifra que podría perder con respecto a las subvenciones que recibió en 2011. Si el partido ha destinado a la campaña menos de lo asignado, recibe ayudas para cubrir esa cifra y las administraciones se ahorran el resto. Podemos y Ciudadanos aparecen, por primera vez, entre los más premiados.

El revolcón en autonomías y municipios no sólo ha afectado a la composición de las administraciones públicas sino también al reparto de subvenciones asignadas a cada partido para costear la campaña electoral, vinculadas directamente a los resultados. A más votos y escaños, más euros. Eso sí, siempre se trata de cantidades asignadas. Lo que reciba finalmente cada formación dependerá de cuánto haya gastado en campaña, puesto que el sistema sólo subvenciona los costes reales.

Este sistema provoca que algunos partidos (ocurrió con Podemos en las elecciones europeas) gastan mucho menos de lo que acaban recibiendo y terminan por ahorrarle cientos de miles de euros a las arcas públicas. Otras veces ocurre lo contrario: que el PP gaste 2,5 millones más de lo que recibió en ayudas y el PSOE se pase de la cifra en 1,3 millones y que ambos partidos se endeuden más de la cuenta a la espera de obtener unos resultados que nunca llegan.

Con el escrutinio en una mano y las normas autonómicas y municipal en la otra, he realizado la mejor estimación posible de las cantidades asignadas a los principales partidos políticos. La cifra exacta y final dependerá de distintos aspectos: el gasto que pueda justificar cada uno de ellos, el baile final de cifras con los resultados definitivos (los correspondientes a las municipales han sido extraídos cuando el recuento estaba al 99,48% del escrutinio) y las asignaciones derivadas de algunas coaliciones no asignadas.
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La caída del PP en los resultados se traduce en una caída en su asignación. En concreto, ha pasado de los más de 21 millones asignados en 2011 a poco más de 16 millones este año, lo que supone una pérdida de cinco millones de euros. Estas cifras representan los cálculos totales por escaño y voto, sumando autonómicas y municipales, no el dinero efectivamente recibido. De hecho, en 2011 el límite en concurrencia (que se marca cuando participan en más de un proceso electoral a la vez) impedía al partido superar los 19,2 millones de gasto, por lo que no podría justificar, en ningún caso, más de esa cifra.

A esto hay que sumarle, tanto entonces como ahora, unos 9 millones para sufragar el envío de propaganda electoral. En total, el reparto electoral les asignaría para 2015, si pueden justificar esos gastos, unos 25 millones de euros.

Según un artículo publicado en El País (la página web del partido no muestra su presupuesto de campaña), el partido había asignado a estas elecciones 20,5 millones de euros. Si ése fuera su gasto final, ahorrarían a las arcas públicas varios millones de euros. Al igual que el resto de los partidos, el PP no dice cuál ha sido su gasto final y por tanto no sabremos si ha gastado más o menos de lo que puede recibir hasta que se publique la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

El PSOE también pierde en ayudas con respecto a los comicios de 2011 aunque de una forma menos brusca: pasa de 15,8 millones a los 13,8 consignados tras los resultados de ayer. Una merma que roza los dos millones menos. El partido recibiría además otros nueve millones para sufragar sus papeletas, una cifra muy similar a la del PP. En total, 22,8 milllones. ¿Los cobrará? El partido no informa de cuál es su presupuesto de campaña. Según la misma noticia de El País estaría establecido en 7,8 millones. Una cifra mucho menor que la asignada.

Los nuevos partidos

La aparición de Podemos y Ciudadanos les podría reportar cuantiosas ayudas. El partido liderado por Albert Rivera, que en 2011 sumó menos de 6.000 euros gracias a sus 12 concejales en las municipales, pega el salto y supera los 2,8 millones por escaños y votos en los comicios celebrados ayer. A esa cifra se suman otros 4,7 millones para envío de propaganda electoral, que se deben justificar por separado. Si  ha gastado ese dinero, el partido de Rivera puede llegar a cobrar hasta 7,5 millones de euros. Su presupuesto, según la web del partido, era mucho menor: apenas 1,25 millones de euros.

Podemos podría recibir más de tres millones por escaño y votos y casi millón y medio por envío de papeletas. Aunque el presupuesto de campaña no ha sido establecido, el sistema de microcréditos del partido (que supera por poco el millón de euros) no alcanza ni de lejos la suma de más de cuatro millones y medio que le tocaría en el reparto, por lo que será uno de los partidos que ahorre dinero a las arcas públicas.

El batacazo de UPyD también tiene castigo en euros: pasan del medio millón recibido hace cuatro años a sumar unos 800.000 euros para envío de papeletas; a superar por poco los 50.000 euros y 27.000 para propaganda. De 1.300.000 euros a 77.000.
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Así se hace el reparto

Para alcanzar estas cifras se utiliza un complejo sistema de cálculo basado en los resultados. En concreto, en las municipales cada concejal vale 270,90 euros y cada voto, siempre que se haya obtenido representación, 0,45 euros tal y como se publicó en el BOE el pasado tres de abril. Las cantidades asignadas a cada formación no pueden superar el límite de gasto establecido en la misma normativa. A todo esto se le suma la ayuda por envío de propaganda electoral, que en 2015 ha sido de 0,22 euros por elector. Para acceder a estas subvenciones es necesario presentarse y obtener representación en la mitad de los municipios de una provincia.

Ésa es la razón por la que la candidatura de Ahora Madrid, centrada únicamente en la capital, se queda fuera de estas ayudas. Eso sí, le corresponden unos 285.000 en la asignación por concejales y votos. Teniendo en cuenta que, según el presupuesto publicado en su página web, prevén haber gastado menos de 160.000, podrían ahorrar más de 120.000 euros a las arcas públicas.

Barcelona en Comú, la candidatura ganadora en las municipales de Barcelona, sí tiene asignada una ayuda para reparto de papeletas (unos 255.000 euros). El motivo es que sus socios de coalición, Entesa e ICV, sí se representan en otros grandes municipios de la provincia. Esta subvención por papeletas se añade a la que reciben por escaños y votos (98.200 euros), lo que les daría un total superior a 350.000 euros. Según su propia página web, su presupuesto ha sido de 160.000 euros, con lo que su prudencia podría significar un ahorro a las administraciones públicas de casi 200.000 euros.

Por otro lado, cada autonomía tiene su particular sistema de distribución de ayudas y establece las cantidades que van desde los más de 20.000 euros por escaño en Madrid y Canarias a los 10.867 de Cantabria o los 10.205 euros de Castilla y León. Además, cada una de ellas marca los límites de gasto y el reparto de ayudas, si los hay, para sufragar el envío de papeletas.

Para poder recibir todas estas ayudas, las formaciones políticas tienen que presentar su contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas entre 100 y 125 días después de las elecciones. Es este organismo el que, en su fiscalización, decide qué gastos han estado justificados, cuáles no y cuál es la cantidad que puede recibir cada partido según la asignación oficial.

Puesto que el reparto no llega hasta mucho después de las elecciones, los partidos deben financiar su campaña electoral adelantando el dinero, con préstamos o con sistemas de microcréditos como el de Podemos. Eso sí, las fuerzas políticas que ya han obtenido estas ayudas pueden pedir un adelanto de una parte para la próxima cita electoral del mismo rango.

PD. Gracias a Miguel Ángel Gavilanes por su ayuda con los diferentes sistemas para las autonómicas.

Este artículo fue publicado en el blog ‘El BOE nuestro de cada día’ que puedes seguir aquí.


Consulta la metodología de estos cálculos aquí

Indultado por Semana Santa un funcionario que pasó miles de datos personales a policías

El BOE de hoy recoge los 11 indultos aprobados el viernes por el Consejo de Ministros con ocasión de la Semana Santa. Seis han ido a parar a condenados por delitos contra la salud pública, dos por robo con violencia, uno por atentado a la autoridad, otro por tráfico de drogas y otro por revelación de secretos.

El BOE de hoy recoge los 11 indultos aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros con ocasión de la Semana Santa. Seis de ellos han ido a parar a condenados por delitos contra la salud pública, dos por robo con violencia, uno por atentado a la autoridad, otro por tráfico de drogas y otro por revelación de secretos.

Este último, cuyo perdón fue solicitado por la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid, fue sentenciado el pasado mes de junio por facilitar miles de datos personales de los archivos de la Seguridad Social, donde trabajaba como funcionario, a agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional y al jefe de seguridad de El Corte Inglés, “con los que tenía relación personal”, así como a mutuas laborales. 

Quinta Angustia
Imagen de la Quinta Angustia de la Cofradía de la Piedad de Valladolid.

 

Según narra la sentencia, Francisco José García Padilla era Jefe de Negociado de Inscripción de Empresa, Afiliación, Altas y Bajas y Variaciones de Datos de los trabajadores en la sede del organismo público en Valladolid. En un primer momento, la Audiencia Provincial de Valladolid le absolvió del delito de revelación de secretos, ya que consideró que tenía autorización para acceder a la base de datos, ya que formaba parte de su trabajo. Y que, en todo caso, podría haber sido acusado de un delito distinto: uso indebido de información pública.

Pero el Tribunal Supremo, tras aceptar el recurso de casación del Ministerio Fiscal y la Tesorería General de la Seguridad Social, considera que “estaba justificado el acceso que exigía su actuación como funcionario, pero no otros, ni en estas bases, y aun menos en otras como aquellas de las que extrajo los datos que transmitió a terceros”. Además, argumenta, “no estaba autorizado para consultar las 8936 veces que lo hizo, los datos de trabajadores, empresas, vida laboral, prestaciones y certificados de situación de cotización, que posteriormente trasmitió”.

Así, aunque aclara que no se ha podido acreditar que la entrega de estos miles de datos se realizara a cambio de dinero, el Tribunal Supremo le condenó a tres años y seis meses de prisión, multa e inhabilitación para su cargo durante seis años, con lo que pierde su plaza como funcionario. Además, la sentencia no aplica agravantes ni atenuantes a la pena.

Gracias al indulto concedido el viernes, su condena pasa a ser de dos años por lo que, si el tribunal responsable así lo considera, podrá evitar el ingreso en prisión. La Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid es la misma que, hace un año, solicitó y consiguió el perdón para un director de oficina bancaria que robó 30.000 euros a un cliente.

Entre los indultos solicitados por la Cofradía este año también se encuentra el de Ángeles Martínez, una mujer condenada a ocho años de cárcel en 2010 en Venezuela. Los agentes de la autoridad del Aeropuerto Simón Bolívar encontraron más de 12 kilos de cocaína líquida en sus maletas. El año pasado, el Gobierno concedió 21 medidas de gracia a petición de las distintas cofradías del país, una más de las tradiciones religiosas de Semana Santa.

Este artículo fue publicado en el blog ‘El BOE nuestro de cada día’ que puedes seguir aquí.


También en el BOE: Así fue el ‘decretazo’ del 28 de febrero: bonificaciones tras un ERE y la ‘gymkana’ de la dación en pago

Así fue el decretazo del sábado: bonificaciones tras un ERE y la gymkana de la dación en pago

El BOE recogía este sábado un real decreto que incluye reformas importantes como la supresión de las tasas judiciales para ciudadanos, la modificación de las bonificaciones de cotización para contratos indefinidos o la que permite a  ciudadanos entrar en concurso de acreedores e incluso liquidar la deuda hipotecaria con la dación en pago de la vivienda. Lo analizamos.

El BOE recogía este sábado este real decreto que el Gobierno ha aprobado unilateralmente (sin pasar por el Congreso) y que incluye reformas importantes como la supresión de las tasas judiciales para los ciudadanos, la modificación de las bonificaciones de cotización para contratos indefinidos o la que permite a los ciudadanos entrar en concurso de acreedores e incluso liquidar la deuda hipotecaria con la dación en pago de la vivienda.

Es un clásico: sábado y decretazo. Así ocurrió el 5 de julio de 2014 con un Real-Decreto de 172 páginas que lo mismo regulaba los registros civiles, los depósitos bancarios o las exposiciones de Picasso. O con el decretazo de los recortes de 2012, también en sábado y también en julio y que está recurrido ante el Constitucional.

Empresas bonificadas tras un ERE

Una de las medidas más importantes que incluye la norma pasa por modificar la actual tarifa plana de 100 euros de Seguridad Social para empresas que contraten a indefinidos por otra ayuda a la contratación: la exención de la cotización de los primeros 500 euros del salario. Eso sí, esa exención se aplica sólo a lo que paga la empresa. El trabajador seguirá pagando por todo lo que ingrese. Lo que no se explicó en el debate del estado de la nación ni en el Consejo de Ministros del viernes, en los que se anunció como una medida para “favorecer a los colectivos más vulnerables”, es que las condiciones para acceder a esas bonificaciones también se han modificado. A la baja.

Hasta ahora, las empresas que hubieran echado a trabajadores en los seis meses anteriores al contrato vía despidos objetivos, improcedentes o colectivos (ERE) no podían acceder a estas ayudas. Las nuevas bonificaciones, en cambio, mantienen el veto para despidos improcedentes pero sólo para aquellos ERE “no ajustados a derecho”. El matiz es importante. Esto es, podrán acogerse a estas ayudas todas las empresas que ejecuten un ERE legal en los seis meses anteriores a la celebración del nuevo contrato, lo que permite cambiar trabajadores antiguos por nuevos acompañados de bonificaciones.

La exclusión de los despidos colectivos como causa de extinción de las subvenciones también afecta a los vetos para los nuevos contratados. Hasta ahora, si un trabajador había sido despedido de la empresa vía ERE no podía volver a ser contratado para recibir estas ayudas. Pero la nueva norma permite que un trabajador que formara parte de un despido colectivo vuelva a ser contratado ahora sí con las nuevas condiciones, más favorables para la empresa.

La bonificación anterior también establecía un requisito de mantenimiento del empleo: tanto el número de trabajadores totales como el número de indefinidos debía mantenerse durante 36 meses para conservar la ayuda. La nueva norma añade, además, otra condición: que para calcular si se mantiene o no el empleo no se contarán los despedidos por un ERE, las dimisiones o las bajas por muerte o invalidez. Aunque la plantilla mengüe considerablemente, se entenderá que sigue cumpliendo las condiciones iniciales. Así, por ejemplo, si una empresa tiene 100 trabajadores y contrata a otros diez con estas nuevas bonificaciones, puede despedir vía ERE a los 100 primeros sin perder un euro de la ayuda.

Las bonificaciones se aplicarán durante los 24 primeros meses de contrato, prorrogables en parte en algunos supuestos, y se podrán aplicar a los indefinidos que empiecen a trabajar entre este domingo -fecha de entrada en vigor del Decreto-Ley- y el 31 de agosto de 2016.

La gimkana de la dación en pago

Tanto en el debate del estado de la nación como en el Consejo de Ministros se anunciaron nuevas medidas para acceder a la dación en pago. Una de ellas es vía concurso de acreedores. Como suele ocurrir, la clave está en la letra pequeña de la norma. Para poder acceder a ella es necesario que el solicitante sea considerado un deudor de buena fe. ¿Y eso qué significa? Tiene que cumplir los siguientes requisitos:

  • Que en el concurso no haya sido declarado culpable, esto es, que el juez considere que la insolvencia no se ha provocado mediante voluntad deliberada o engaño del deudor. Hasta aquí, la definición encaja con lo que consideraríamos “de buena fe”. Pero hay más requisitos.
  • Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.
  • Que haya celebrado o intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos, para intentar establecer un sistema de pagos o posibles quitas directamente con sus acreedores. Es importante subrayar que, para acceder a estos acuerdos extrajudiciales, es obligatorio que el deudor disponga de dinero suficiente para satisfacer los gastos del mismo.
  • Y una serie de requisitos extra, que se aplican sólo a quienes quieran optar a la dación en pago y no al resto de deudores: comparecer siempre que sea requerido; no haber obtenido concurso de acreedores en los últimos 10 años; aceptar que se haga pública la resolución durante cinco años y someterse a un plan de pagos de cinco años para pagar las deudas que no se perdonan. Es decir, las deudas de derecho público como pagos a la Seguridad Social y de alimentos. Solo así podrá entregar la vivienda a cambio de liquidar la deuda. 

Otro de los requisitos pasa por no haber rechazado un puesto de trabajo acorde a sus capacidades en los últimos cuatro años. Pero esta cláusula queda en suspenso durante un año y hasta el 1 de marzo de 2015 no será necesario cumplirla para acceder a la liquidación de la hipoteca. Cuando arranque la campaña electoral, aún no será necesario cumplirla. Empezará a contar, eso sí, con el próximo Gobierno ya formado.

El decreto-ley incluye otras medidas vinculadas a las ejecuciones hipotecarias. Para empezar, amplía otros dos años la prohibición de ejecutar desahucios aprobada en 2013  y añade entre los colectivos que pueden acogerse a ella a los mayores de 60 años.

Este paquete de condiciones son similares a las necesarias para acceder al Código de Buenas Prácticas, una lista de medidas a las que se pueden o no adherir las entidades bancarias (es voluntaria), que permite reestructurar la deuda en mejores condiciones o, incluso, optar a la dación en pago (sí, esta es la tercera vía ya que regula el Decreto-Ley). Eso sí, la nueva norma elimina la obligación de publicar en el BOE la lista de las entidades que se sumen. Los bancos y cajas tienen un mes para comunicar si quieren estar en este nuevo código o quedarse en el anterior.

En rueda de prensa de Consejo de Ministros, se anunció que el precio máximo de compra de la vivienda para acceder a las ventajas del Código de Buenas Prácticas se ha elevado para que más personas se puedan ver beneficiadas. Esta afirmación es cierta en lo que se refiere al umbral para optar por la dación en pago, que pasa de 200.000 a 250.000. Pero es falsa con respecto a los umbrales generales para que el Código se pueda aplicar: hasta ahora, en las ciudades más grandes, el tope era de 400.000 euros (250.000 para una familia de una o dos personas más 50.000 por cada persona extra hasta un máximo de tres). Ahora, el tope es de 300.000 euros.

Tasas, cheque familia y autónomos

Muchos detalles en un solo decreto. Pero es que aún hay más. La norma incluye a las familias monoparentales con dos hijos al cargo en la deducción de 1.200 euros del IRPF, el llamado cheque familia. Eso sí, sólo podrán acogerse aquellos que no tengan derecho a percibir anualidades por alimentos.

El decreto-ley también elimina las tasas judiciales para personas físicas, pero las mantiene para empresas pequeñas. Antes de que entrara en vigor la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón, las empresas con ingresos de menos de ocho millones de euros estaban exentas.

Además, incluye la anunciada rebaja de la cuota de autónomos para el cuidado de dependientes o menores de siete años. Eso sí, para acceder a esta ayuda el trabajador debe contratar por primera vez a un asalariado, y en un tiempo comparable al que deja de trabajar.

El preámbulo de este decreto-ley, que se congratula de las mejoras en la economía española, también aclara: “Es preciso que el legislador huya siempre de toda tentación demagógica que a la larga pueda volverse en contra de aquéllos a quienes pretende beneficiar”.

Este artículo fue publicado en el blog ‘El BOE nuestro de cada día’ que puedes seguir aquí.

Así ha descendido la concesión de indultos en España

Catalá y Santamaría

El año pasado la cifra batió un nuevo récord (a la baja), 87 medidas de gracia, siete de ellas firmadas por el nuevo ministro, Rafael Catalá. Es la cifra más baja desde 1996.

Catalá y Santamaría

En 2014 los indultos se convirtieron en un asunto a tratar en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. La medida, rodeada de oscurantismo (el Gobierno no justifica cuáles se conceden y cuáles no), salía de su escondite habitual, las bambalinas del Estado, para que Soraya Sáenz de Santamaría afirmara orgullosa ante la opinión pública que habían denegado la petición a Carlos Fabra y José María Del Nido. Lo hizo el 21 de noviembre, en unas declaraciones que muestran cómo la presión popular, engordada gracias a decenas de indultos polémicos, ha conseguido que el Gobierno sea mucho más cauteloso ante el uso de esta medida.

Pero la muestra más relevante de este cambio de miras ante el indulto está en el descenso drástico del número de concesiones. Si hace un año contábamos que 2013, con 204, era el año con menor número de medidas de gracia, 2014 ha batido nuevo récord (a la baja): se concedieron 87 durante todo el año. O, lo que es lo mismo, algo más de siete indultos al mes, muy lejos de la media de un indulto y medio al día que acumulan los distintos gobiernos desde 1996.

resumen-1996-2014

De esos 87 indultos, 15 llevaban la firma del ministro de Defensa (la mayoría, 11, por abandono de destino) y 72 del ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón gestionó 65 antes de su dimisión y el nuevo ministro, Rafael Catalá, es responsable de otros siete, todos ellos concedidos en el Consejo de Ministros del 21 de noviembre. Los más habituales han sido los concedidos a condenados por delitos contra la salud pública (35), seguidos de los robos (12), delitos y faltas de lesiones (10) y tráfico de drogas (6). Entre estos últimos se encuentra el concedido a un hombre que había sido sentenciado a 15 años de cárcel en Cuba, que fue indultado en la misma tanda que otro que había intentado matar a su hermano en una comida familiar.

Pero una de las medidas de gracia más controvertidas del año fue la concedida a un guardia civil que había sido sentenciado a seis meses de inhabilitación de empleo o cargo público por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Según los hechos probados que narra la sentencia, el hombre subió a un tren con un amigo, que lanzó improperios de contenido sexual a una mujer sentada al lado, llegándole a tocar el pubis. Mientras, el guardia civil grababa todo con el móvil y se reía de la situación. Su compañero de viaje fue condenado por delito sexual y lesiones (agredió a otro pasajero que intentó frenar el asalto) y él se quedó con la condena por omisión de perseguir delitos que ahora ha sido convertida en una multa.

Además de destacar que no sólo no intervino para frenar la comisión del delito, sino que estuvo riéndose permanentemente, la sentencia destaca que huyó hasta en dos ocasiones de los agentes que acudieron al lugar para tratar de esclarecer los hechos. El indulto cambió la pena original, que implica la pérdida de plaza de funcionario, por una multa de unos 500 euros, por lo que pudo seguir ejerciendo en el cuerpo.

Los 21 de Semana Santa

Otro de los casos destacados del año llegó con la tradicional ronda anual de indultos por Semana Santa (21 en 2014), en los que interceden distintas cofradías del país, como la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid, que pidió la medida de gracia para Francisco Segundo Domingo Vaquero. Domingo había sido condenado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con otro delito continuado de apropiación indebida por extraer dinero de la cuenta de uno de sus clientes cuando era director de una sucursal del Banco Santander.

Además de director, Domingo era el único trabajador de la oficina situada en Esguevillas de Esgueva, un pequeño municipio de Valladolid de unos 300 habitantes, donde trabajó durante 11 años y hasta mayo de 2003, según relata la sentencia. Desde ese puesto, emitió y rellenó recibos de disposición de fondos, imitando la firma de uno de sus clientes, para llevarse parte de sus fondos. Así lo hizo hasta en tres ocasiones, que sumaron casi cuatro millones de pesetas. Además, engañó a un par de vecinos para, en una de sus transacciones, conseguir sacar de esa cuenta otras 1.370.000 pesetas.

Así, en total extrajo unos cinco millones de pesetas de entonces, unos 30.000 euros, que ahora deberá devolver con intereses a la familia de su cliente, que denunció estos hechos en 2005, un año después del fallecimiento del titular de la cuenta. La sentencia dictó una pena para él de dos años, cuatro meses y 15 días de cárcel, además de inhabilitación para el empleo en la banca durante el tiempo de la condena. Gracias al indulto, quedó reducida a dos años y, si el juez responsable lo decidía así, podía eludir la cárcel. Como manda la tradición de la cofradía, participó en la procesión del Jueves Santo.

Antes de acudir al Gobierno presentó sendos recursos ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Valladolid. Sin éxito. Hasta que el Gobierno escuchó las plegarias de su cofradía.

Foto: Moncloa.