Podemos expedienta a diez consejeros por el ‘pucherazo’ de Alicante

Rueda de prensa dl secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. © Dani Pozo
Rueda de prensa del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias./ Dani Pozo

Podemos ha expedientado a diez miembros de su Consejo Ciudadano en Alicante, acusados de manipular las elecciones internas para hacerse con el control de la formación. Entre los afectados -sancionados con un año de expulsión del partido – se encuentra el actual secretario general de la formación en Alicante, Ramón Bustos, y la diputada autonómica Covadonga Peremach. El dictamen de la Comisión de Garantías autonómica, emitido el pasado día 16, considera “acreditado” que los expedientados “inscribieron o facilitaron la inscripción a personas distintas al municipio a fin de que votaran” en las elecciones internas de la formación, tal y como publicó EL ESPAÑOL el pasado 19 de agosto.

La sanción ha sido recurrida por los diez afectados, que en una nota pública han anunciado su recurso ante la Comisión de Garantías nacional de Podemos. Este organismo será el encargado de confirmar o no la expulsión de los miembros de la lista avalada por Pablo Iglesias en Alicante. En su escrito, los afectados consideran que las conversaciones de mensajería electrónica que sirvieron como prueba contra ellos ” han sufrido manipulación con cortes efectuados de forma interesada”. Sin embargo, el dictamen de la Comisión de Garantías autonómica descarta este hecho: “Los expedientados no aportan prueba alguna que sustente sus manifestaciones, ni tan solo el historial real del grupo [de Whatsapp]  a fin de cotejar las manipulaciones a las que aluden”.

En su contra, el pasado 2 de septiembre tres ex consejeros de Alicante se presentaron ante la Comisión de Garantías o para “como testigos directos”, confirmar la veracidad de las conversaciones registradas con sus propios teléfonos. Uno de ellos, Pau González, “es uno de los afectados en este expediente, motivo por el cual su declaración podría ser tenida por un reconocimiento de los hecho se incluso allanamiento tácito, lo que se puede dejar de valorar”.

Elecciones manipuladas

Pese al debate sobre la autenticidad de las conversaciones, la acusación más grave que pesa sobre el grupo es la de manipular de forma activa las elecciones. La Comisión de Garantías de la Comunidad Valenciana considera “acreditado” que “los expedientados inscribieron o facilitaron la inscripción a personas distintas al municipio a fin de que votaran en las elecciones al Consejo Ciudadano y al Secretario General de Alicante”. En su comunicado público, los diez consejeros sancionados lo niegan de forma categórica. Y aseguran que “la propia resolución reconoce que no existen pruebas que demuestren la participación fraudulenta de votantes”. Sin embargo, no es así.

El dictamen de la Comisión de Garantías explica que “en las elecciones al aludido Consejo Ciudadano, la diferencia entre el último de los consejeros (puesto 24) y el siguiente en las elecciones fue únicamente de 17 votos por lo que existe un claro riesgo de que el resultado de las elecciones se haya visto comprometido”. La conclusión de los responsable del Podemos choca frontalmente incluso con la versión oficial mantenida por el equipo de Pablo Iglesias sobre el episodio. Cuando estalló el escándalo, la dirección de comunicación de Podemos mantuvo a este periódico que las elecciones nunca se vieron comprometidas. Ahora, el dictamen de la propia formación dice todo lo contrario.

Para mantener su versión, la Comisión de Garantías Autonómica se basa en un informe del servicio de informática de Podemos, que tras analizar el censo y las votaciones de las primarias municipales, “viene a confirmar la utilización de las direcciones antes aludidas facilitadas por los expedientados a los inscritos fuera del municipio, otorgando verosimilitud tanto al historial de conversaciones ed Whastapp como a los hechos que de él se deducen”.

En un último apunte, el informe remarca “el entorno de toxicidad y desprecio hacia otros compañeros que se desprende de la actitud de los expedientados, y que sólo puede calificarse de una forma: intolerable”

Convergència intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la ayuda de varias constructoras

Daniel Osacar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

Fotografía: Marta Pérez / EFE

Convergència Democrátrica de Cataluña (CDC) intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de varios empresarios afines. Lo hizo solicitando cambios en la documentación que las empresas deben entregar al organismo público para justificar sus donaciones. 

Convergència Democrátrica de Cataluña (CDC) intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de varios empresarios afines. Lo hizo solicitando cambios en la documentación que las empresas deben entregar al organismo público para justificar sus donaciones.

Las pruebas preliminares se encuentran en los correos decomisados en la sede del partido durante la segunda fase de la Operación Petrum. Los autores de esos correos son el actual tesorero del partido, Andreu Viloca, y su antecesor en el cargo Daniel Osácar, que hacen peticiones a varias adjudicatarias de obra pública en Cataluña para que modifiquen las fechas en las que aprobaron las donaciones a su fundación, CatDem.

Según la legislación española, las donaciones de empresas privadas a partidos políticos deben estar aprobadas formalmente por su consejo de administración. En los correos incautados, los dos tesoreros de Convergència intentan que las empresas adjudicatarias modifiquen la fecha de algunos de estos acuerdos. Con ello, y según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, los tesoreros de Convergència intentan desvincular las donaciones entregadas a su fundación con las concesiones de obra pública y dificultar por tanto la investigación.

En uno de los documentos intervenidos, el ex tesorero Daniel Osácar, que gestionó durante años las finanzas de Convergència y que en apariencia estaba apartado de estas funciones, habla con el empresario Carlos Sumarroca. El máximo responsable de la empresa Teyco le alerta de que han recibido una petición de documentación por parte del Tribunal de Cuentas y le pide instrucciones sobre la forma de proceder. Esta constructora está acusada de pagar comisiones del 3% sobre varias concesiones de obra pública obtenidas en ayuntamientos de Tarragona.

Constructoras de confianza

Entre la documentación que custodia ya el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell se encuentran más de 1o.000 correos electrónicos extraídos de la red interna de Convergència (no de su fundación ya que los ordenadores se guardaban en la sede del partido) y varias cajas con documentos físicos que los investigadores consideraron de importancia para la causa.

Sin embargo, tal y como publicó el diario ABC, un documento llamó especialmente la atención de los investigadores: un listado donde figura una veintena de empresas, constructoras y otras adjudicarias de concursos públicos en Cataluña que la Guardia Civil considera de confianza para Convergència.

En este grupo aparecen empresas como Teyco o Copisa, vinculada al caso Palau. También el Grup Soler, donde se concetran las peticiones para que las empresas modifiquen sus datos frente al tribunal de cuentas. El juzgado encargado del caso trabaja con la tesis de que Convergència creó un sistema clientelar para enmascarar las donaciones que funcionaba en dos fases. Por un lado, los empresarios hacían llegar al partido correos electrónicos asépticos sobre sus donaciones y las licitaciones de obra donde pretendían presentarse. Por otro, enviaban documentos manuscritos o concertaban encuentros verbales para amañar las adjudicaciones.

Como ejemplo, en el despacho de Andreu Viloca, los agentes encontraron una tarjeta de visita de una de estas empresas con una leyenda en el dorso escrita a mano: “Te he enviado por correo dos listados. Uno con las licitaciones en las que no ha habido suerte y otro con aquellas en las que ha habido suerte”.

La cúpula de ETA cayó al organizar una reunión para el Gudari Eguna

David-Pla-Iratxe-Sorzabal-EFE_66003433_45188_854x480Los dos miembros más buscados de la banda terrorista ETA -Iratxe Sorzabal y David Pla, en la imagen- fueron detenidos este martes por la policía francesa. Los dos etarras fueron capturados en una operación conjunta con la Guardia Civil cuando preparaban una reunión con otros miembros de la banda para preparar un documento de cara al Gudari Eguna del próximo domingo.

Iratxe Sorzabal y David Pla, los dos etarras detenidos este martes.

Los dos miembros más buscados de la banda terrorista ETA -David Pla e Iratxe Sorzabal- fueron detenidos este martes por la policía francesa en una casa rural junto a la frontera española. Los dos etarras fueron capturados en una operación conjunta con la Guardia Civil cuando preparaban una reunión con otros miembros de la banda. ¿El motivo? preparar la estrategia y un posible comunicado etarra de cara al Gudari Eguna que se celebra el próximo domingo. Por ello, los máximos responsables del aparato político de ETA se desplazaron desde su escondite en un piso franco cercano a París hasta una casa rural en Saint-Étienne-de-Baigorry, el los pirineos franceses, donde fueron arrestados.

Junto a Sorzabal y Pla, los gendarmes galos detuvieron también a otras dos personas; un histórico miembro de la banda llamado Ramón Sagarzazu -en libertad desde 2010- y el propietario de la vivienda donde se cobijaban, Pantxo Flores, acusado de dar apoyo a los etarras. Los expertos antiterroristas investigan ahora si la citada casa pudo ser utilizada con anterioridad por otros comandos antes de cruzar de forma ilegal a España.

La pista definitiva para la detención de la cúpula de ETA se produjo hace semanas, cuando los operativos españoles en Francia detectaron los preparativos de la reunión. Desde entonces, un dispositivo de la Guardia Civil ha trabajado sobre el terreno en labores de inteligencia y vigilancia para confirmar la presencia de los objetivos y garantizar su detención.

La pareja más buscada

Davil Pla e Iratxe Sorzabal fueron identificados por el Ministerio del Interior como dos de los tres etarras que leyeron, hace casi cuatro años, el comunicado que anunciaba el cese definitivo de la lucha armada por parte de ETA. Poco después recibieron asilo político en Oslo, desde donde comenzaron las negociaciones con España para la disolución definitiva de la banda. Poco se consiguió, hasta el punto de que los etarras perdieron su estatus de amparo dentro del país y pasaron de nuevo a la clandestinidad.

Desde entonces, la inteligencia española situaba a Sorzabal y Pla en una vivienda en una zona cercana a París. Desde allí se desplazaron presuntamente hasta la frontera de España para encontrarse con Ramón Sagarzazu, considerado durante años el máximo responsable del aparato internacional de la banda y en libertad desde 2010. En el momento de su encuentro, los tres etarras fueron detenidos.

La trituradora de Convergència destruyó contratos y planos de la empresa de las comisiones del 3%

Daniel Osacar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

El ex tesorero Daniel Osácar. / EFE / Marta Pérez

Los agentes han logrado reconstruir estos documentos, que demuestran la vinculación entre los hombres que controlan las finanzas de Convergència (Andreu Viloca y Daniel Osácar) y la constructora de la familia Sumarroca, acusada de pagar una mordida del 3% al partido catalán a cambio de contratos públicos.

Los tesoreros de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) trituraron contratos, presupuestos y planos de la constructora Teyco momentos antes de la llegada de la Guardia Civil. Los agentes han logrado reconstruir estos documentos, que demuestran la vinculación entre los hombres que controlan las finanzas de Convergència -Andreu Viloca y Daniel Osácar- y la constructora de la familia Sumarroca, acusada de pagar una mordida del 3% al partido catalán a cambio de contratos públicos.

El 28 de agosto, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción lanzaron la segunda fase de la Operación Petrum. Registraron la sede de CatDem, fundación de Convergència y presunta receptora de las mordidas. Pero también la vivienda del ex tesorero convergente Daniel Osácar y el despacho de su sucesor en el cargo, Andreu Viloca. Tal y como reveló EL ESPAÑOL, los gestores financieros de Convergència disponían allí de una trituradora de documentos. Al abrir la máquina durante el registro, los agentes encontraron restos de documentos recién destruidos y decidieron precintar la basura. Una observación preliminar sirvió para confirmar in situ que entre los restos de papeles había documentos con el logotipo de Teyco.

En ese mismo instante, los tesoreros del partido aseguraron que los documentos destruidos eran simples tarjetas de visita de Teyco. Pero un análisis más exhaustivo de los investigadores ha demostrado que Osácar y Viloca mentían. Al reconstruir los documentos con un proceso basado en la composición de cada tipo de papel, la Guardia Civil ha confirmado que se trataba de presupuestos y documentación sobre obras y contratos públicos de la constructora de la familia Sumarroca, fundadora de Convergència junto a la familia Pujol.

Para los agentes, los documentos no constituyen una prueba definitiva que acredite el pago de comisiones al partido pero sí son un indicios de la estrecha vinculación entre ambos. Por lo que los tesoreros tendrán que explicar ante el juez por qué tenían en su poder, por ejemplo, una fotografía del terreno donde Teyco había conseguido un importante contrato público, que nada tiene que ver con su labor al frente de las finanzas del partido catalán.

Más problemas

La destrucción de documentos no fue el único problema que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción se encontraron a la hora de investigar las finanzas de CatDem y Convergéncia. De hecho, la operación lanzada el pasado 28 de agosto estuvo parada durante varias horas -con el consiguiente riesgo de destrucción de pruebas- porque el decanato de los juzgados de Barcelona se negó a enviar un funcionario en labores de asistencia.

Según la legislación vigente, un secretario judicial tiene que estar presente en cada registro para dar fe de que todo sucede conforme a la legalidad. Como el juzgado de El Vendrell, encargado del caso, autorizó la entrada y registro en la sede de CatDem y en la vivienda de Daniel Osácar, el decanato barcelonés destinó a la operación dos secretarios judiciales. Pero al llegar a la sede de la fundación agentes y fiscales se encontraron con que la información contable se guardaba en realidad en la sede de Convergència.

En torno a las 11 y media de la mañana los fiscales solicitaron otro secretario judicial para empezar a registrar a la sede del que fuera el partido de Jordi Pujol. Ese secretario judicial nunca llegó. Sólo cinco horas después, cuando concluyó el registro en la sede de CatDem, la comisión se desplazó al despacho que Andreu Viloca ocupaba en Convergència. Cuando llegaron, los abogados del partido habían preparado ya toda la información contable y la colocaron debidamente ordenada en otra sala.

También en EL ESPAÑOL: 

Las lecturas del tesorero del 3%: ‘Jo No Soc Espanyol’ y las conversaciones con Artur Mas

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La imagen fue tomada en el registro de la vivienda de Daniel Osácar y muestra dos de los referentes culturales del hombre que manejó durante años las finanzas de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

La imagen fue tomada en el registro de la vivienda de Daniel Osácar y muestra dos de los referentes culturales del hombre que manejó durante años las finanzas de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Sobre la estantería el libro más accesible para Osácar es un ensayo sobre la “identidad catalana” con el título Jo No Soc Espanyol: Yo no soy español.

La obra, escrita por el periodista Víctor Alexandre, es una recopilación de 20 entrevistas basadas en una premisa: “Una forma de reafirmar quiénes somos es afirmar sin complejos quién no somos”. En su página web, Alexandre dice: “Cuando la legalidad no es justa, es de Justicia transgredirla”.

La segunda obra sobre la estantería del tesorero es Artur Mas, el hombre, el político, el pensadoruna conversación del líder de Convergència con la periodista Teresa Pou que publicó en 2013 la editorial Ara Libres. El libro analiza las creencias de Mas, sus “espacios vitales” y por qué ha tomado “la decisión de liderar un país en estos momentos tan excepcionales”.

Oriol Pujol pagó a los Sumarroca su chalé con 729.000 euros de comisiones de las ITV

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Oriol Pujol entregó a la familia Sumarroca al menos 729.000 euros procedentes de comisiones de la trama de las ITV. El dinero fue transferido en distintas partidas entre 2008 y 2010 para la compra de una vivienda de lujo en el Pirineo y procedía en realidad de presuntas comisiones abonadas por el empresario Sergi Alsina.

También en EL ESPAÑOL:

 

Oriol Pujol entregó a la familia Sumarroca al menos 729.000 euros procedentes de comisiones de la trama de las ITV. El dinero fue transferido en distintas partidas entre 2008 y 2010 para la compra de una vivienda de lujo en el Pirineo y procedía en realidad de presuntas comisiones abonadas por el empresario Sergi Alsina.

Según un informe enviado en abril por Vigilancia Aduanera al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Alsina y la mujer de Oriol Pujol -Ana Vidal Maragall- crearon una sociedad conjunta para camuflar las comisiones. Con los fondos desviados a esta sociedad gracias a trabajos falsos, la pareja compró después su residencia de lujo en La Cerdaña, construida por los Sumarroca.

El primer pago de Oriol Pujol a Teyco, la empresa investigada ahora por abonar comisiones ilegales del 3% a Convergencia, se produjo el 16 de diciembre de 2008. Una semana antes de esas Navidades, las cuentas del hijo del ex president Pujol emiten un cheque por valor de 190.650 euros a favor del clan Sumarroca. En apariencia, la transferencia no tiene nada incorrecto. Pero Hacienda acredita que la cuenta de Oriol Pujol se nutre en transferencias periódicas de Avima Projectes, una sociedad pantalla utilizada para canalizar comisiones. “Teniendo en cuenta el traspaso directo de capital, Sergi Alsina habría subvencionado la compra del porcentaje que correspondía a Oriol Pujol en la vivienda de Urús”, concluyen los funcionarios en su informe al juez.

Según la escritura pública, el precio total de compra fue de 1.015.517 euros y el ex diputado catalán se quedó con el 20% del chalet. El 27 de agosto de 2010, la cuenta bancaria que abrió en 1992 refleja una nueva salida de efectivo: otro cheque a nombre de Teyco, esta vez por 108.000 euros.

“Nuevamente se constata cómo se destinan los ingresos irregulares o injustificados de Serveis i Participacións Nova D [la empresa de Sergi Alsina] para financiar la adquisición de la vivienda situada en Urús por Oriol Pujol”, explica el informe de Hacienda. Las transferencias se repiten en dos días consecutivos: el 26 y 27 de octubre de 2010, cuando Oriol Pujol emite nuevos cheques por valor de 34.400 y 21.651 euros cobrados luego por Teyco.

Según los documentos consultados por EL ESPAÑOL, la cuenta utilizada por Oriol Pujol para recibir el dinero de las comisiones era la misma en la que cobraba su sueldo como parlamentario catalán: 449.259 euros entre 2007 y 2012. Sólo en la compra de su vivienda de recreo, el mediano de la familia Pujol gastó la mitad de ese dinero.

Separación de bienes

Oriol Pujol y su mujer, Ana Vidal, están casados en régimen de separación de bienes y en apariencia el ex parlamentario catalán carece de vinculación con las empresas de su esposa. Sin embargo, los funcionarios de Hacienda consideran que esta cortina legal es sólo una estrategia para ocultar el volumen y la procedencia de los fondos: hasta 569.118 euros cobrados por el matrimonio de forma indebida. “Aunque en las sociedades Avima Projectes SL y Serveis i Participació Nova D SL no figura como socio ni administrador Oriol Pujol Ferrusola, éste se beneficia finalmente también de los ingresos irregulares descritos”, explican los funcionarios al juzgado de instrucción número 9 de Barcelona.

Con esta apariencia de compartimentos estancos, el 2 de febrero de 2010 es la esposa de Pujol quien desde su cuenta personal envía otros 374.500 euros a nombre de Teyco, la constructora de los Sumarroca.

Esta operación viene a confirmar la constante relación financiera entre el clan de los Sumarroca y la familia Pujol. El pasado jueves EL ESPAÑOL desveló las comisiones del 5% sobre 2,6 millones de euros cobradas por Jordi Pujol Jr con la constructora de los Sumarroca, esta vez por supuestos trabajos de asesoría en México que la Justicia considera ficticios.

También en EL ESPAÑOL:

El detenido por el caso de la peregrina cambió una fuerte cantidad de dólares tras la desaparición

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M.A.M.B, detenido hoy en Asturias por la desaparición de la ciudadana estadounidense Denise Thiem, cambió 70.000 dólares en efectivo en una sucursal bancaria de la zona días después de que la chica desapareciera.  Thiem desapareció el pasado 6 de abril mientras realizaba el Camino de Santiago. Desde entonces, más de 300 agentes han participado en su búsqueda. 

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M.A.M.B, detenido hoy en Asturias por la desaparición de la ciudadana estadounidense Denise Thiem, cambió una importante cantidad de dólares en efectivo en una sucursal bancaria de la zona días después de que la chica desapareciera.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la sucursal bancaria que recibió la petición alertó -tal y como marca la normativa vigente- al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que realizó el informe perceptivo. En un primer momento y según fuentes del caso, los agentes especializados en delincuencia financiera consideraron la transferencia sospechosa de un presunto delito de narcotráfico. Sin embargo, tiempo después sirvió a los agentes de la Guardia Civil para fijar sus sospechas en el ahora detenido.

Según las mismas fuentes, M.A.M.B residía en una pequeña finca rural cercana a la ruta del Camino de Santiago seguida por la ciudadana estadounidense. Incluso estaba desde hace meses en el punto de mira de los investigadores, que llegaron a entrevistarse con él. Las alarmas saltaron cuando el hombre pasó a estar ilocalizable la semana pasada. Las primeras pesquisas apuntaban a que el sospechoso pudiera haber escapado a Portugal al sentirse cercado por los agentes. Sin embargo, ha sido finalmente detenido en suelo español y ahora se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

La estadounidense Denise Thiem desapareció el pasado 6 de abril, mientras realizaba el Camino de Santiago. Desde entonces, más de 300 agentes han participado en su búsqueda.

Podemos ocultó el ‘pucherazo’ en Alicante y expedientó a los consejeros denunciantes

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La dirección de Podemos silenció durante tres meses el posible pucherazo en las primarias municipales de Alicante y lejos de investigar la posible manipulación del censo, abrió expediente a los denunciantes. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, las primeras pruebas sobre las conversaciones que hablan de alterar el curso de las votaciones -y que ponen en cuestión el método empleado por la formación en toda España- fueron trasladadas de forma verbal a la dirección del partido el pasado mes de marzo. Sin embargo, la investigación oficial se abrió tres meses después, solo cuando las conversaciones saltaron a la prensa. 

Los ‘pisos francos’ de Podemos en Alicante 

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La dirección de Podemos silenció durante tres meses el posible pucherazo en las primarias municipales de Alicante y lejos de investigar la posible manipulación del censo, expedientó a los denunciantes. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, las primeras pruebas sobre las conversaciones que hablan de alterar el curso de las votaciones -y que ponen en cuestión el método empleado por la formación en toda España- fueron trasladadas de forma verbal a la dirección del partido el pasado mes de marzo. Sin embargo, la investigación oficial sobre el caso se abrió tres meses después, solo cuando las conversaciones sobre el presunto amaño de las elecciones saltaron a la prensa.  

El pasado 21 de marzo, tres meses antes de que estallara el caso, Podemos realizó un encuentro intercomarcal de círculos en las instalaciones de la Universidad de Alicante. Y allí, miembros críticos de la candidatura Sí Se Puede -avalada por Pablo Iglesias- hicieron llegar de forma extraoficial su preocupación por la presunta manipulación del censo. El mensaje fue trasmitido directamente a Antonio Montiel, diputado autonómico y cabeza de lista de Podemos en la Comunidad Valenciana.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL, Montiel recibió entonces y en los días posteriores -tanto por vía telefónica como por correo electrónico- explicaciones de cómo miembros de la candidatura oficialista habrían inscrito a familiares y amigos en direcciones ficticias de Alicante para recibir sus votos. Además, los consejeros críticos alertaron a Montiel de que -según su versión- los responsables del Consejo Ciudadano planeaban manipular las actas de sus reuniones e incumplir con ello los estatutos de Podemos.

Denuncias y castigo

La falta de investigación por parte de la dirección del partido -sumada a la confrontación con el resto de los consejeros por la forma de integrarse en la marca Guanyem- supuso la dimisión pública de cuatro miembros del Consejo Ciudadano de Alicante: Pau González, Juan Carlos Reoio, Magdalena Díaz y Jesús Naranjo, que fueron acusados por sus compañeros de filtrar información a la prensa. Los cuatro dejaron públicamente su cargo el pasado 3 de abril y una semana después explicaron sus razones en una asamblea local de Podemos.

Dos semanas más tarde, exactamente el 19 de abril de 2015 y tras la conversación con el líder autonómico de Podemos, el Consejo de Coordinación de la Comunidad Valenciana comunicó de forma oficial la apertura de un expediente sancionador. Pero los afectados no eran quienes intentaron inscribir a sus familiares en Alicante para recibir sus votos, sino quienes denunciaron a sus superiores el amaño.

El documento -enviado por la dirección del partido en la Comunidad Valenciana- abre un expediente sancionador a ocho personas. Ocho militantes de Podemos entre los que se encuentra la cabeza de lista de la candidatura crítica, Nerea Belmonte -actual concejala del ayuntamiento de Alicante- dos de sus compañeros y los cuatro miembros díscolos de la lista avalada por Pablo Iglesias en Alicante. El documento les sanciona entre otras cosas por criticar “abiertamente la gestión” del Consejo Ciudadano y por “realizar acusaciones, justificadas o no” contra ese organismo:

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La siguiente fecha clave es el pasado 17 de junio, cuando los miembros críticos con el Consejo Ciudadano hacen llegar el dossier completo de las conversaciones sobre el posible pucherazo a Llum Quiñonero, cabeza de lista de Podemos para las autonómicas en Alicante. Según ha confirmado EL ESPAÑOL, esta es la primera vez que los miembros de la directiva de Podemos tienen acceso a las conversaciones completas sobre el uso de “pisos francos” para las elecciones. El objetivo de la filtración, según fuentes cercanas a la misma, fue que los mensajes fueran elevados a la dirección del partido y trasladados a la Comisión de Garantías para su estudio, terminado ya el período electoral de las autonómicas. Pero tampoco sucedió.

Cuatro días después y ante el inmovilismo de la dirección del partido, las conversaciones vieron la luz en el diario Información. Acto seguido, los portavoces de Podemos se apresuraron a anunciar la apertura de un expediente sancionador contra 12 integrantes de la lista avalada por Pablo Iglesias para las primarias municipales. Entre ellos está el actual secretario general de Podemos en Alicante, Jesús Bustos y la parlamentaria autonómica Covadonga Peremach.

El anuncio se hizo en la sede de las Cortes Valencianas por boca de Antonio Montiel, que negó entonces conocer el posible amaño, pese a que había sido informado de forma textual tres meses antes. Además, la reunión real de la Comisión de Garantías se realizó casi dos semanas después del anuncio público; exactamente el 9 de julio, tal y como refleja el acta oficial del encuentro:

La policía sospecha que otras firmas de inversión callaron por miedo a represalias de la CNMV

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La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama de corrupción que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que preside la ‘popular’ Elvira Rodríguez (en la imagen). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de los ahora investigados por miedo al desprestigio profesional.

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La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de la trama por miedo al desprestigio profesional.

En esta línea, el informe remitido por los agentes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional explica que “el daño reputacional que puede inflingir la CNMV es tan grave o más que las propias sanciones, ya que el mercado financiero se basa en la confianza y la reputación”. A juicio de los investigadores, “la CNMV, al difundir meramente que una entidad está siendo inspeccionada por prácticas irregulares, condena de facto a la entidad y a sus responsables en el mercado nacional e internacional”.

La propuesta de investigación presentada por la Unida de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a la Fiscalía de la Audiencia Nacional se centra, tal y como confirmó ayer la propia CNMV en un comunicado, en dos expedientes concretos de dos gestoras financieras, llamadas Vetusta Wealth Managers y Dracon Partners.

Según confirma el regulador, ambas firmas sufrieron sendas investigaciones por parte de la CNMV, pero con seis años de diferencia. Pese al salto temporal y, según ha confirmado EL ESPAÑOL, los agentes de la UDEF han encontrado los mismos patrones en sus procedimientos sancionadores, coincidencias que les hacen pensar que los expedientes de ambas se fraguaron de forma similar y contraviniendo la normativa.

Como ejemplo, los propietarios de las dos gestoras fueron acusados de actuar como testaferros de terceras personas. En el caso de Vetusta, el presunto propietario era un notario de Dublín. En el de Dracon Partners, un empresario español sancionado con anterioridad por el regulador. Ninguna de las dos acusaciones se confirmó, pero ambas fueron filtradas a la prensa y con ello, los responsables de las entidades quedaron marcados para operar en cualquier mercado financiero, tal  y como refleja el informe de la UDEF.

Pacto y sanción

En un primer momento fueron los gestores de Dracon Partners quienes denunciaron presiones de la CNMV a la Policía Nacional. Los responsables de esta Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI) aseguraron ya en 2012 -tres años antes de ser sancionados en firme- que varios funcionarios de la CNMV les presionaban para que entregaran su licencia financiera de forma voluntaria. Según su denuncia, ampliada en varias ocasiones desde entonces, Dracon tenía que dejar de operar en España. Si aquello no sucedía, sus gestores sufrirían las consecuencias de un procedimiento sancionador, que ha culminado de forma definitiva en 2015.

El pasado 25 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó la sanción impuesta a Dracon Partners: 1,25 millones de euros para la empresa y otros 625.000 euros para su administradora. El argumento de la CNMV fue que la sociedad y sus gestores cometieron “infracciones muy graves” por incumplir la ley en la relación con sus clientes y por delegar en terceros su servicio de captación. Los investigadores han solicitado ahora este expediente a la CNMV ante la sospecha de que se sustanció utilizando argumentos falsos.

Pese a las denuncias aportadas por Dracon Partners desde 2012, la investigación policial entró en una nueva fase en febrero de este año cuando los gestores de Vetusta hicieron llegar también la suya a la Policía Nacional. En resumen, los administradores de la gestora denuncian una situación muy similar a la vivida por Dracon, pero con seis años de distancia y una diferencia sustancial: en lugar de litigar, los responsables de Vetusta entregaron la licencia de forma voluntaria a la CNMV. Por su parte, el organismo regulador archivó el expediente y dejó sin efecto las sanciones, tal y como refleja el siguiente documento:

Hace dos semanas, la Policía Nacional solicitó a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional los dos expedientes. Su objetivo es analizarlos en busca de irregularidades. Además, los agentes investigan el patrimonio de varios funcionarios bajo sospecha y recaban testimonios de terceros, testigos que fueron durante años empleados de la CNMV. Su intención es confirmar si las actuaciones sancionadoras son irregulares, si se hicieron por mala praxis de los funcionarios o si vinieron motivadas por presuntos pagos o sobornos de terceros. Ahora, se esfuerzan también por localizar a más víctimas y por esclarecer si alguna de ellas, por miedo, guarda silencio.

 

El ‘pucherazo’ de Alicante cuestiona el sistema de primarias utilizado por Podemos

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La lista oficialista de Podemos en Alicante, aquella que contó con el apoyo de Pablo Iglesias en las primarias locales, intentó inflar el censo de las primarias para alzarse con el control del partido. Así al menos lo indican las conversaciones a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, charlas en las que el líder del partido en Alicante habla de usar “pisos francos” para inscribir simpatizantes y que ponen en cuestión la seguridad del sistema de elección de candidatos utilizado por Podemos. 

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La lista oficialista de Podemos en Alicante, que contó con el apoyo de Pablo Iglesias en las primarias locales, intentó manipular las elecciones para alzarse con el control del partido. Así al menos lo indican las conversaciones a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, charlas en las que los integrantes de la lista Sí Se Puede en Alicante, compuesta entre otros por la diputada autonómica Covadonga Peremach y la candidata de Podemos al Congreso Rita Bosahu, hablan abiertamente de registrar a familiares y amigos en direcciones ficticias para inflar el censo electoral y ganar las primarias.

La revelación pone en cuestión el sistema de elección de los Comités Ciudadanos en toda España, ya que el partido no puede utilizar censos electorales, padrones ni otros documentos oficiales para confirmar los datos y el lugar de residencia de los simpatizantes inscritos. Por tanto, cualquier persona puede simplemente cambiar su domicilio en la web y votar en las primarias de cualquier municipio, tal y como explica el siguiente mensaje de Jesús Bustos, ahora secretario general de Podemos en Alicante:screenshot-{domain} {date} {time} (10)

El anterior mensaje fue registrado el 19 de diciembre de 2014, cuando Podemos abrió las votaciones para sus primarias municipales. La lista Sí Se Puede, encabezada por Bustos, luchaba por el control del partido con En Alicante Podemos, una candidatura crítica encabezada por Nerea Belmonte, letrada de la plataforma Stop Desahucios y actual concejala en el Ayuntamiento de Alicante. El resultado de la pugna se preveía estrecho. Tanto que en el chat interno de la lista Sí Se Puede, el líder de Podemos en Alicante habla de utilizar un “piso franco” para inscribir militantes de otros lugares que votaran a su favor.

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El pasado mes de junio, el diario Información publicó los primeros indicios del posible pucherazo. Acto seguido, la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos abrió una investigación sobre el asunto. Por su parte,  los aludidos, ahora en el Consejo Ciudadano Municipal, lanzaron una nota pública donde negaban cualquier intento de manipular las primarias. En ella, Bustos y sus colaboradores aseguran que las conversaciones publicadas hacían referencia a un grupo “de desahogo y bromas donde se dicen muchas cosas en tono jocoso, pero que no se corresponden con la realidad”.  Sin embargo la afirmación no es cierta, ya que las conversaciones reveladas ahora por EL ESPAÑOL tienen lugar en el chat interno de la candidatura, donde están inscritos los 25 integrantes y donde se coordinó la estrategia electoral de la actual gestora. Basta leer el siguiente diálogo, registrado en el chat interno del Consejo Ciudadano actual, para confirmarlo:screenshot-{domain} {date} {time} (16)

“Va a ser un canteo”

Tal y como ha confirmado EL ESPAÑOL, los miembros de la candidatura Sí Se Puede contaban en realidad con dos grupos de Whatsapp distintos en el momento de las primarias. El primero de ellos, al que pertenecen las capturas anteriores, servía para coordinar oficialmente las acciones de la lista oficialista. El segundo, llamado “Ganemos Elda”, fue abierto el pasado 4 de diciembre por Daniel Gomis, encargado de redes sociales de Sí Se Puede Alicante. En él, al contrario que en el chat oficial, fueron incluidas solo 12 personas. Es aquí donde se registraron conversaciones como la siguiente:screenshot-{domain} {date} {time} (14)
Un día después, 27 de diciembre, los miembros del actual Consejo Ciudadano de la ciudad vuelven a solicitar nuevas direcciones. Quedan solo 24 horas para que Podemos cierre sus primarias:screenshot podemos
El 3 de enero de 2015, una semana después de estas conversaciones, Podemos hizo oficial que la lista Sí Se Puede, avalada por Pablo Iglesias, había ganado las elecciones. La candidatura de Bustos se impuso a la de Nerea Belmonte por tan solo 114 votos y sus colaboradores coparon el Consejo Ciudadano.

Investigación oficial

El pasado 23 de junio la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos anunció de forma oficial la apertura de un expediente para investigar las primarias en Alicante. El proceso de indagación sigue abierto y se prevé finalizarlo, según fuentes del partido, para la segunda semana de septiembre. Por su parte, la nota de prensa hecha pública por la lista ganadora habla textualmente de que ningún reglamento de Podemos “hace referencia a que la gente  no participe donde desea y tiene que participar donde vive […] de ser ésta una irregularidad, se debería auditar todos los procesos municipales, pues es algo altamente común”.

A expensas de lo que suceda en la Comisión de Garantías, desde la dirección de Podemos se niega de forma categórica un posible pucherazo en Alicante o en cualquier otro punto de España: “Nuestros sistemas de alerta lo habrían detectado”, aseguran. Los portavoces de Podemos reconocen que el partido no tiene manera de comprobar formalmente los datos de los simpatizantes inscritos. Sin embargo, mantienen que sus sistemas informáticos son capaces de advertir las manipulaciones. “Si llegan por ejemplo 300 votos desde la misma IP son inmediatamente anulados”, aseguran.

Las mismas fuentes confirman que los sistemas de alerta saltaron en varias ocasiones durante las primarias municipales de 2014, pero mantienen que las irregularidades fueron subsanadas y los votos fraudulentos, eliminados. El caso más flagrante fue el de Ferrol, donde la Comisión del Consejo Ciudadano de Procesos Constituyentes detectó más de 200 filiaciones falsas y mandó repetir las primarias. En total, y según los datos facilitados por la formación, las primarias municipales de Podemos registraron 469 votos con incidencias y 24 posibles infracciones de su código ético.

En el caso de Alicante, la dirección del partido sostiene que la Comisión de Garantías investiga las conductas de varios de los cargos electos durante la campaña, pero niega que sus actuaciones, sean sancionables o no, se tradujeran en una “manipulación efectiva” capaz de alterar el resultado de las primarias.