Libertad con cargos para el empresario vinculado a Rato

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Miguel Ángel Montero Quevedo y la secretaria de Rato, Teresa Arellano, han quedado en libertad con cargos tras declarar por el patrimonio del ex vicepresidente de Aznar. Cuatro directivos de empresas de publicidad también han sido imputados.

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El empresario Miguel Ángel Montero Quevedo, estrechamente vinculado a Rodrigo Rato, ha quedado en libertad  con cargos este viernes tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno por los indicios de que pudo tener un origen ilícito.

Montero, detenido el pasado miércoles, ha sido conducido a los Juzgados de la Plaza de Castilla después de estar 48 horas en las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos. No ha sido el único: por la misma situación ha pasado la secretaria de Rato, Teresa Arellano Carpintero, que, además, ha ostentado algunos cargos en sociedades patrimoniales del ex político.  Los dos han quedado en libertad con cargos. Como medida cautelar tendrán que comparecer una vez al mes ante la Justicia.

Fuentes jurídicas han precisado que la causa afecta, por el momento, a nueve imputados. El juez les atribuye los delitos de blanqueo, corrupción entre particulares y delito fiscal.

La investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centra en las empresas familiares de Rodrigo Rato: Arada, Rodanman, Explotaciones Carabaña y Aurosur. Miguel Ángel Montero aparece en todas ellas y desde antiguo: fue consejero de Arada en 1997 y, más recientemente, apoderado de Rodanman y consejero de Carabaña y Aurosur.

Se trata de empresas que están o han estado vinculadas a la ex mujer de Rato, Ángeles Alarcó, a su hija y a otros familares. Arada y Carabaña se dedican a la explotación energética, mientras que Rodanman y Aurosur tienen como objeto social la promoción inmobiliaria. Los investigadores tratan de aclarar los movimientos de dinero que ha habido entre ellas.

Las declaraciones que Montero y Arellana han realizado ante los agentes de la UCO motivaron que el jueves fuera llamado a declarar el propio Rato, que acudió a Tres Cantos en compañía de su abogado. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional contestó a todas las cuestiones, sin acogerse a su derecho a guardar silencio.

Imputados directivos de empresas publicitarias

El caso Rato ha dado un giro inesperado tras el parón sufrido por el problema de la competencia entre la Audiencia Nacional y el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, aún no resuelto. Éste ha imputado a cuatro directivos de las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis por el supuesto pago de comisiones ilegales al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a cambio de conseguir contratos con la entidad bancaria.

Según ha sabido EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el magistrado interrogó el jueves a la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y al consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como a otros dos directivos de ambas sociedades, dentro de las diligencias declaradas secretas relativas al presunto blanqueo de capitales del ex vicepresidente del Gobierno.

El procedimiento está pendiente de una cuestión de competencia después de que Antonio Serrano-Arnal considerase que él no es competente para investigar la fortuna de Rato al entender que debe ser la Audiencia Nacional el órgano judicial encargado. No obstante, el instructor del Juzgado madrileño se sigue ocupando de la causa en tanto la Sala Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso que el fiscal ha interpuesto contra la negativa del juez central Fernando Andreu a asumir las diligencias.

La semana pasada citó, también como imputado, a Domingo Plazas, abogado encargado de administrar varias sociedades de Rato, y ahora da un salto para averiguar si ambas compañías de publicidad se beneficiaron de contratos por parte de Bankia a cambio de pagar comisiones a una sociedad vinculada al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según fuentes del caso, el magistrado y la fiscal anticorrupción Elena Lorente han centrado los interrogatorios en el informe elaborado por la Agencia Tributaria, que asegura que Zenith y Publicis multiplicaron sus contratos con la entidad financiera tras la llegada de Rato en 2012 y después de facturar a una empresa pantalla hasta dos millones de euros. Parte de este dinero acabó invertido en un hotel de Berlín propiedad del ex vicepresidente del Gobierno de Aznar.

Comisiones ‘legales’

Fuentes de Publicis y Zenith consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que ambas empresas fueron seleccionadas en los concursos para llevar a cabo campañas de Bankia cumpliendo todos los requisitos exigidos. Otras fuentes del caso señalan que los cuatro directivos han negado ante el juez que pagaran comisiones a cambio de un trato de favor del presidente del banco en ese momento.

Según los directivos de las empresas de publicidad imputados, los pagos a Albisa se justifican por el trabajo de intermediación realizado para que Publicis y Zenith entraran en el concurso. Este tipo de comisiones son consideradas completamente legales en el sector de la publicidad ya que se pagan a cambio de ayudar a entrar en un concurso pero no para lograr la adjudicación.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sospecha que esas comisiones fueron a parar a Rato y se abonaron a cambio de recibir contratos en Bankia. Según los investigadores, el ex vicepresidente del Gobierno utilizó Albisa como sociedad pantalla y ésta habría desviado parte del dinero a Kradonara -propiedad de Rodrigo Rato- a través de facturas por trabajos ficticios.

Kradonara es clave porque a través de ella Rato controlaba el hotel de Berlín del que es copropietario. Precisamente las transferencias detectadas desde Kradonara al hotel alemán fueron la base argumental que utilizó la Fiscalía Anticorrupción para pedir a Serrano-Arnal que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional. Según su criterio, asumido por el juez de Madrid pero no por el juez central, el delito de blanqueo supuestamente cometido en el extranjero por Rato queda más reforzado tras el último informe de la Agencia Tributaria sobre las comisiones abonadas por las dos empresas de publicidad.

La Fiscalía del Supremo pedirá anular la sentencia absolutoria del Prestige

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La Fiscalía va a pedir al Tribunal Supremo que anule la sentencia del ‘caso Prestige’ para que la Audiencia Provincial de A Coruña la redacte de nuevo teniendo en cuenta otras pruebas contra el capitán del buque. Sólo si se produce una condena por delito medioambiental, las aseguradoras del Prestige deberán pagar indemnizaciones.

Foto: Efe

Foto: EFE

La Fiscalía va a pedir al Tribunal Supremo que anule la sentencia del ‘caso Prestige’ para que la Audiencia Provincial de A Coruña la redacte de nuevo teniendo en cuenta otras pruebas contra el capitán del buque. Sólo si se produce una condena por delito medioambiental, las aseguradoras del Prestige deberán pagar indemnizaciones.

En una vista señalada para mañana, martes, la Fiscalía instará la devolución de la causa a la Audiencia de A Coruña con la pretensión de que condene al capitán del Prestige por un delito medioambiental. El buque se hundió en las costas gallegas en noviembre de 2002, provocando una auténtica marea negra que afectó a casi 2.000 kilómetros de costa española y francesa. El vertido de la carga causó una de las catástrofes medioambientales más graves de la historia de la navegación, tanto por la cantidad de fuel vertido como por la extensión de la zona afectada.

El máximo responsable del petrolero, Apostolos Mangouras, fue condenado por los jueces gallegos exclusivamente por un delito de desobediencia por desoír las órdenes de las autoridades españolas a la hora de facilitar el remolque del barco después de que se produjese la primera fuga de fuel, el día 13 de noviembre del citado año.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la conducta de Mangouras fue mucho más grave, hasta el punto de constituir un delito medioambiental. El fiscal defenderá en la vista que era plenamente consciente de que la nave no reunía los requisitos necesarios para transportar las 64.000 toneladas de fuel-oil cargado.

Según fuentes jurídicas consultadas por el EL ESPAÑOL, la Fiscalía del Supremo considera que el tribunal que juzgó el asunto en 2013 no tuvo en cuenta pruebas relevantes que ponen de manifiesto que el capitán no debió transportar tales toneladas de petroleo en un buque que no reunía condiciones.

Hay varios documentos que, para el Ministerio Fiscal, son claves para poder condenar a Mangouras y que la Audiencia no analizó. En la sentencia gallega no se tuvo en cuenta la inspección interna que se llevó a cabo semanas antes de que el barco zarpara desde la ciudad rusa de San Petersburgo, con parada en Letonia. El informe de la inspección recogía varias deficiencias.

La Fiscalía se queja de que el tribunal tampoco tuvo en cuenta el testimonio de otro capitán que tuvo el Prestige, Stratos Kostazos, sustituido por Mangouras después de negarse a llevar el buque. En el juicio, Koztazos reconoció que la nave estaba “condenada” por todas las deficiencias que acarreaba debidas a su antigüedad, como la corrosión de los tanques que transportaban el fuel.

Por su parte, la Abogacía del Estado solicitará al alto tribunal que, a la vista de los hechos declarados probados en la sentencia de la Audiencia Provincial, Mangouras sea condenado por un delito medioambiental sin tener que devolver el asunto al tribunal gallego para que redacte de nuevo la resolución.

Batalla por la indemnización

La Fiscalía y el abogado del Estado consideran que, con la condena del capitán de origen griego, se abriría la posibilidad de exigir cerca de 4.000 millones de euros en indemnizaciones tanto en beneficio del Estado como para compensar los notables daños causados por el vertido a ciertos sectores, como el pesquero. Hubo denuncias de más de 1.500 damnificados.

De prosperar la tesis del fiscal y del defensor del Estado, las aseguradoras del buque serían las que tendrían que hacerse cargo del pago de esas indemnizaciones.

Los magistrados que juzgaron el caso en A Coruña entendieron que no se había podido demostrar que los acusados quisieran hundir el buque ni que conocieran sus deficiencias estructurales ni las causas de estas. Llegaron a la conclusión de que no actuaron dolosamente (esto es, de forma intencionada) y que su imprudencia relativa, en caso de existir, ni fue eficiente ni se demostró y en ningún caso fue grave. Cerraron, así, la vía de las indemnizaciones.

Junto a Mangouras, para quien se llegó a pedir doce años de prisión, también fueron acusados otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas, así como José Luis López-Sors, ex director general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento.

El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Finisterre (A Coruña), el Prestige, que operaba bajo bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un inmenso vertido de fuel que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia. Se trataba de un barco de un solo casco construido en Japón 26 años antes de la catástrofe. En virtud de la legislación internacional sobre doble casco, adoptada por la Unión Europea, este buque hubiera debido dejar de navegar en marzo de 2005 y, por tanto, estaba cerca de terminar su ciclo de vida útil cuando naufragó.

La Fiscalía encuentra pruebas para reabrir la causa por el asesinato del comandante Cortizo

ATENTADO AL COMANDANTE CORTIZO EN LEON

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de solicitar la reapertura del sumario por el asesinato del comandante de Artillería Luciano Cortizo a manos de ETA en 1995, petición que se produce a tres meses de que el atentado prescriba. El escrito presentado evita que se dé el cerrojazo definitivo a la investigación de ese crimen dos décadas después de haber sido perpetrado.

En la imagen, estado en el que quedó el vehículo del comandante Cortizo tras el atentado en el centro de León en Diciembre de 1995.DIARIO DE LEÓN

ATENTADO AL COMANDANTE CORTIZO EN LEON
Así quedó el vehículo del comandante Cortizo tras el atentado en el centro de León en Diciembre de 1995. / DIARIO DE LEÓN

La iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el asesinato del comandante Cortizo se enmarca en su estrategia de evitar que queden enterrados para siempre los asuntos más antiguos relacionados con la banda terrorista y que no han podido ser esclarecidos a día de hoy.

En diciembre de 1995, a tres días de la Navidad, ETA asesinó a Cortizo, de 44 años, e hirió de gravedad  a su hija, de 18, al estallar una bomba-lapa adosada en los bajos de su vehículo en la capital leonesa. En ese momento, la Policía imputó el hecho a un comando itinerante que había actuado en Valencia, Valladolid y Burgos.

La Fiscalía llevaba meses detrás de la reapertura del caso y señala a Sergio Polo como el principal sospechoso de haber sido el autor del atentado que acabó con la vida del comandante y dejó gravemente herida a su hija. La misma petición ha hecho la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que representa a los familiares de la víctima.

En su escrito, presentado el pasado 29 de julio, la acusación particular solicitó la reapertura del sumario y la práctica de una serie de diligencias. Entre ellas, requirió que se aporte la copia de la investigación realizada por la Policía Autónoma Vasca tras la desarticulación en Guipúzcoa del comando Araba, integrado por etarras “liberados” (no fichados por la Policía), así como el informe sobre las huellas dactilares de Sergio Polo Escocés en el piso registrado durante la desarticulación.

Asimismo, ha pedido al juez que oficie al Servicio de Información de Inteligencia de la Guardia Civil y a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional para que emitan un informe en el que se detallen los atentados cometidos por ETA en León; los elementos con los que se cuenta para atribuir el nombre orgánico de “Lur” a Sergio Polo y un análisis del documento incautado en el domicilio utilizado por el etarra en el momento de su detención consistente en una comunicación entre “Lur” y alguien de la dirección de ETA en la que se da cuenta de una serie de acciones terroristas ya cometidas o pendientes de cometer.

Los familiares del militar asesinado hace casi veinte años también quieren que las fuerzas y cuerpos de seguridad lleven a cabo un análisis comparativo entre el material explosivo y los elementos para realizar artefactos explosivos incautados tras la detención de Polo y el utilizado en el atentado que acabó con la vida de Cortizo. Para averiguar si fue Polo el autor material del atentado, la acusación también considera necesario que se proceda a un análisis de la documentación hallada en el piso de Polo relacionada con la ciudad de León, como mapas y horarios de autobuses.

Soledad Iparraguirre y Sergio Polo

El escrito de la Fiscalía, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, no sólo pide el procesamiento de los etarras Soledad Iparraguirre y Sergio Polo sino también medidas cautelares para evitar su fuga. Respecto a la primera, reclama la prisión provisional y librar una orden de entrega a Francia y en cuanto a Polo, su encarcelamiento provisional por esta causa.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Español, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza explica que el motivo para tal solicitud se debe a que en la revisión que periódicamente efectúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los atentados de ETA sin resolver, y en concreto en relación con el asesinato del comandante Cortizo, habían detectado que en la entrada y registro del domicilio alquilado por Polo “se ocuparon numerosas evidencias, documentos y efectos, que podrían ser útiles para la resolución del mencionado caso, y que consideraban necesario revisar”.

Tras analizar los nuevos datos, la Guardia Civil entregó un informe el pasado 18 de septiembre del que se deduce la compatibilidad del explosivo empleado en el atentado contra el comandante con los instrumentos y efectos ocupados en el piso utilizado por el etarra en la fecha de los hechos. Así mismo, han detectado la presencia en el piso ocupado por Polo de destornilladores alterados siguiendo los manuales de ETA para poder forzar vehículos de la marca Ford antiguos, como el del comandante Cortizo.

En el caso de Iparaguirre, alias Anboto, la Fiscalía sostiene que en el año 1993 pasó a desempeñar labores de responsabilidad dentro del “aparato militar” en Francia, en concreto, tareas relacionadas con el control y coordinación de los comandos “legales” de la organización terrorista, como lugarteniente del responsable de los mismos en ese momento, Pedro José Picabea Ugalde, hasta que éste fue detenido por la Policía francesa en Bayona (Francia), en 1994. A partir de esta fecha, la etarra pasó a ocupar su puesto como responsable de los comandos “legales”, en el que permaneció hasta 1998.

Entre las acciones que Iparaguirre habría ordenado como jefa de los comandos “legales” de la organización estaría el atentado de Cortizo. Para ello, habría transmitido las órdenes concretas respecto al objetivo y habría dado instrucciones concretas sobre cómo había que atentar. También facilitaba a los comandos el material, como explosivos y armas, y las instrucciones sobre cómo utilizarlos.

Cinco casos reabiertos

El pasado mes de abril, Polo fue condenado por la Audiencia Nacional a penas que suman cien años de cárcel por un atentado cometido en Salamanca que mutiló al capitán del Ejército Juan José Aliste Fernández en 1995, el mismo año del asesinato del comandante Cortizo. La víctima perdió las piernas al estallar una bomba lapa colocada bajo su automóvil.

El terrorista fue condenado a indemnizar al militar con un millón de euros por los daños causados y con 50.000 euros a la hija del capitán, que viajó en el vehículo mientras la bomba estaba colocada en el automóvil.

En el último año, la Audiencia Nacional ha reabierto cinco casos que habían permanecido en el olvido hasta que la Guardia Civil y la Policía, bajo la dirección de la Fiscalía, presentaron nuevas pruebas para evitar su prescripción y, por tanto, el archivo definitivo.

Uno de los más sonados fue la imputación de Josu Uribetxeberría Bolinaga por el asesinato en 1986 del cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos. El etarra, que ya había cumplido prisión por el secuestro de Ortega Lara y había quedado en libertad tras sufrir un cáncer terminal, se enfrentaba a otros 29 años de prisión por la petición fiscal 17 años después del atentado, condena que nunca pudo llegar debido a su fallecimiento antes de la celebración del juicio.

El juez exculpa al comisario imputado por revelar información al ‘pequeño Nicolás’

nico2El juez Arturo Zamarriego acaba de sobreseer la imputación al comisario principal de la Policía Nacional Miguel Angel Barrado por haber facilitado información privilegiada a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘pequeño Nicolás’.

 

COhwmS5WsAAaxR7El juez Arturo Zamarriego acaba de sobreseer la imputación al comisario principal de la Policía Nacional Miguel Angel Barrado por haber facilitado información privilegiada a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘pequeño Nicolás’. Después de tomarle declaración, el instructor considera que no hay circunstancias objetivas para seguir el proceso contra él.

En un auto al que ha tenido acceso El Español, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, señala que de las declaraciones de los testigos ni ninguna otra prueba “permiten colegir que el imputado ejecutara acto de un inequívoco contenido incriminatorio”. La decisión del juez contradice la versión de Asuntos Internos, que apuntó al comisario como la persona que habría ayudado al joven impostor a obtener datos de ciertos vehículos.

El magistrado había imputado a Barrado por un delito de revelación de secretos por haber entregado supuestamente al ‘pequeño Nicolás’ información de matrículas de coches, titularidades y domicilios, a través de la aplicación “Objetos”. Sin embargo, Barrado negó haber facilitado información al joven.

Su versión de los hechos fue que el jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central, Eugenio Pereiro, le habría comentado que la Policía Municipal había pedido información sobre si algún agente habría consultado datos de una matrícula sospechosa. Al tratarse de una petición oficial, en el marco de colaboración entre los dos cuerpos policiales, Barrado habría autorizado a un inspector jefe para que entrara con su clave y comprobara lo requerido por la Policía Municipal, una vez que el acceso a la base de datos deja rastro.

Las explicaciones, para Zamarriego, “resultan creíbles y asumibles” y han sido “corroboradas” por varios testigos, entre ellos el propio Pereiro, y, por tanto, la causa contra el funcionario policial debe quedar archivada.

El comisario Barrado, en la actualidad destinado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), fue imputado después de que Asuntos Internos remitiera un informe al Juzgado señalándole como la persona que habría facilitado datos de dos matrículas al principal imputado de la causa, –Francisco Nicolás Gómez Iglesias- resultando además que una de ellas pertenecía al Centro Nacional de Inteligencia.

Tras conocer el informe de Asuntos Internos, que investiga las prácticas delictivas o disciplinarias de los agentes de Policía, Barrado remitió una carta a sus mandos superiores acusando al comisario de la unidad que le investigaba, Marcelino Martín Blas, por su “falta de rigor”.

En la causa, conocida como ‘caso Nicolas’, el joven está imputado por los delitos de falsedad documental y estafa por, entre otras cosas, hacerse pasar por asesor del Gobierno, por elaborar informes con el membrete de Presidencia o intentar estafar a empresarios.

La Fiscalía Anticorrupción desvincula la investigación a Rato del ‘caso Bankia’

 

RODRIGO RATO SALIENDO DETENIDO DE SU VIVIENDA DE MADRID 16/04/2015 MADRID

La Fiscalía Anticorrupción informará a favor de desvincular el ‘caso Rato’ del ‘caso Bankia’. Así constará en el informe que debe entregar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu antes de que decida si asume la investigación al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, como parte de la causa que instruye sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad bancaria.

En la imagen, Rodrigo Rato sale detenido de su vivienda el pasado 16 de abril. / EFE 

Rodrigo Rato sale detenido de su vivienda el pasado 16 de abril. / EFE

La Fiscalía Anticorrupción informará a favor de desvincular el ‘caso Rato’ del ‘caso Bankia’. Así constará en el informe que va a entregar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu antes de que decida si asume la investigación del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, como parte de la causa que instruye sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad bancaria.

Fuentes fiscales aseguran que la causa que se sigue contra el ex vicepresidente del Ejecutivo de Aznar, ex ministro de Economía y ex director del FMI por supuestos delitos fiscales y blanqueo de capitales por ocultar parte de su patrimonio en el extranjero no tiene ninguna conexión con el ‘caso Bankia’. En estas diligencias Rato también tiene la condición de imputado como máximo responsable del presunto falseamiento de las cuentas de la entidad durante el proceso de salida a Bolsa. Es decir, el único nexo de unión es el propio Rato, pero no los hechos.

Todavía está por ver que Andreu sea el instructor que investigue el ‘caso Rato’ después de que el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal se haya inhibido. Este magistrado considera que su Juzgado no es competente para investigar los hechos al existir indicios de un delito de blanqueo de capitales cometido en el extranjero.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 podría quedarse con el caso si, de acuerdo con las normas de reparto, se entiende que el ‘caso Bankia’ es un antecedente de suficiente entidad como para que el asunto pueda considerarse conexo. Hasta que se resuelva la inhibición, la causa sigue estando en manos de Serrano-Arnal.

Anticorrupción solicitó que la causa se enviara a la Audiencia Nacional después de que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) enviara un informe en el que aquilataba el delito de blanqueo y, por tanto, la competencia dejaba de ser de los Juzgados de Instrucción de Madrid, situados en la Plaza de Castilla. Serrano-Artal se inhibió ya a favor de la Audiencia Nacional en cuanto el asunto recayó en su Juzgado. Sin embargo, en aquella ocasión la Fiscalía valoró que el delito de blanqueo estaba todavía en un estado demasiado embrionario como para determinar la competencia de la Audiencia Naciona.

Fuentes de la investigación explican que el juez de Madrid estaba poniendo ciertas trabas a las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, que ve con temor que, si el caso queda en manos de este magistrado, el asunto no prospere con celeridad.

La Fiscalía tiene el foco centrado en la sociedad Kradonara, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad de Rato. La ONIF la considera una “estructura opaca” dirigida por el ex presidente de Bankia.

Rato busca la nulidad

Mientras se decide qué órgano judicial se encarga del proceso y, en última instancia, quién toma la decisión de sentar o no en el banquillo al  ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), el imputado intenta lograr la nulidad del caso. Su tesis principal es que su detención, así como la entrada y registro en su domicilio y despacho, fue desproporcionada. Si un tribunal le diera la razón, podría acabar diluyéndose el proceso ya que todos los documentos intervenidos quedarían anulados, según fuentes del caso.

Tras la detención de Rato, la causa se rebajó después de que la Audiencia Provincial de Madrid retirara el delito de alzamiento de bienes que inicialmente había sido incorporado por la Fiscalía. La razón fue que no se le podía imputar a Rato ese supuesto delito, basado en que habría ocultado su patrimonio para no hacer frente a las fianzas impuestas en el ‘caso Bankia’, porque esas fianzas ya habían sido depositadas.

Sin embargo, la detención y el envío a prisión del presunto testaferro de Rato, Alberto Portuondo, administrador único de la sociedad Albisa Inversiones, al intentar salir de España, ha dado un espaldarazo a la causa, que podría dar un giro de 180 grados con el cambio de instructor.

Jordi Pujol Jr. esgrimió que sus cuentas en Andorra eran de su padre para ocultárselas a su mujer

jordi1El banco andorrano Andbank dispone de un documento por el cual Jordi Pujol Ferrusola puso todas sus cuentas a nombre de su padre, el expresidente de la Generalitat.  El motivo dado al banco por la familia Pujol para proceder a este cambio era que la mujer de Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, no tuviera acceso a esas cuentas. 

 

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Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex ‘molt honorable’.

El banco andorrano Andbank dispone de un documento por el cual Jordi Pujol Ferrusola puso todas sus cuentas a nombre de su padre, el expresidente de la Generalitat. No hubo un cambio de titularidad real, según fuentes de la investigación, pero sí una manifestación de que oficialmente esas cuentas no eran del primogénito de los Pujol Ferrusola sino del patriarca.

El motivo dado al banco por la familia Pujol para proceder a este cambio era que la mujer de Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, no tuviera acceso a esas cuentas. Ese documento se realizó en 1997, cuando el matrimonio pasaba por una crisis matrimonial. El objeto era frenar a Gironés por si, en caso de divorcio, reclamaba parte del dinero guardado en esas cuentas. En aquel entonces se reconciliaron, aunque tres años después se separaron definitivamente.

Las fuentes consultadas señalan que lo que se pretendía con aquel documento era dificultar cualquier reclamación de la esposa de Pujol Ferrusola sobre el dinero guardado en Andorra y de ahí que se hiciera creer que era de Jordi Pujol i Soley. Sin embargo, nunca hubo un cambio de titularidad real y, por tanto, el expresidente no consta como titular de ninguna cuenta en el Andbank.

Esa información ha sido remitida por la entidad al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga a Pujol jr., como respuesta a la comisión rogatoria tramitada por el instructor que investiga si el hijo mayor del expresidente catalán pudo recibir comisiones de empresarios contratistas de la administración catalana.

Cuenta familiar

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Jordi Pujol padre e hijo.

Los investigadores sospechan que las cuentas a nombre de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra en realidad son cuentas familiares en las que durante años se han ingresado parte de las comisiones ilegales cobradas a empresarios a cambio de recibir contratos tanto del Gobierno catalán como de administraciones locales gobernadas por Convergència. La tesis que barajan es que el dinero guardado en Andorra por el hijo mayor podría ser de Pujol i Soley, que a su vez habría repartido entre sus hijos.

Esa tesis no es compartida por la defensa, que ha interpuesto una querella a Andbank en un Juzgado andorrano acusándolo de no remitir a la Audiencia Nacional la información completa. Según su versión, tras la separación definitiva con Gironés aquel documento quedó sin efecto y, por tanto, la entidad ha omitido parte de los hechos, en detrimento de Pujol Ferrusola.

De ahí que se haya querellado contra el directivo de la entidad Óscar Ribas por un delito de falsedad, no sólo por las omisiones cometidas en la información remitida a De la Mata sino también por inexactitudes.

La querella recoge que Andbank ha enviado datos del cliente de manera arbitraria al hacer constar operaciones entre Pujol Ferrusola y otras personas cuando en realidad son ‘swaps’ realizados por el propio banco, es decir, operaciones cruzadas que lleva a cabo la entidad para justificar ingresos realizados por sus clientes.

Mientras Pujol Ferrusola intenta anular la documentación remitida por las autoridades andorranas a la Justicia española, los investigadores tratan de concretar de dónde sale la fortuna tanto del hijo mayor del matrimonio Pujol-Ferrusola como de éste.

Por ahora, hay tres causas abiertas a miembros de la familia bajo la sospecha de haber cobrado comisiones ilegales pagadas por empresarios por su intermediación en adjudicaciones. El Juzgado de instrucción número 31 de Barcelona tramita un proceso contra Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola, abierto hace un año tras la confesión del expresidente catalán de que su familia ha guardado durante años en Andorra una herencia de su padre no declarada a la Hacienda española.

Además de la instrucción seguida contra Jordi Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional, en este tribunal también se investiga a su hermano Oleguer Pujol por haber realizado operaciones sospechosas de haber sido ocultadas al fisco español, entre ellas la compra de las sucursales del Banco Santander.