Así se hizo el vídeo del PP: “A mí me dijeron que me aprendiera unas palabras en catalán”

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El PP cierra la campaña en Cataluña con un vídeo improvisado en el que varios altos cargos del partido piden a los catalanes en catalán que voten por la unidad de España. Uno de sus protagonistas confiesa a EL ESPAÑOL que cinco minutos antes le enseñaron las pocas palabras que pronuncia en la filmación. 

El PP lanzó el vídeo en catalán el último día de campaña. Pero sus líderes lo improvisaron sobre la marcha durante un acto electoral celebrado el 12 de septiembre en Lloret de Mar. “A mí me dijeron que me aprendiera unas palabras en catalán para improvisar un vídeo”, dice uno de los catorce protagonistas de esta filmación, que en pocos minutos se convirtió en viral. “Aparecen unas personas sí y otras no [porque] surgió sobre la marcha”.

Con esta improvisación justifican la ausencia de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que este viernes respaldó en el mitin de cierre de campaña al candidato Xavier García Albiol. Fuentes cercanas a la ex presidenta de Castilla-la Mancha quitan hierro al asunto asegurando que tampoco aparecen otros miembros del Comité de Dirección como Esteban González Pons o José Manuel Barreiro. La presencia de Cristina Cifuentes también encendió las alarmas por si Esperanza Aguirre, gran defensora de la unidad en España, no había sido invitada a participar en esta grabación. Fuentes cercanas a la presidenta del PP de Madrid se escudan en que no aparece ningún presidente de partido: “Ni siquiera Alicia Sánchez Camacho, que preside el PP catalán”.

Fue el PP catalán que preside Camacho el que improvisó la frase que diría cada dirigente dependiendo de su nivel de conocimiento del idioma y del cargo que ocupaba. Así, Mariano Rajoy cierra el vídeo diciendo sólo dos palabras: “Unidos ganamos”. Soraya Sáenz de Santamaría se atrevió con un “yo quiero a Cataluña y a los catalanes”. Cristina Cifuentes defendió en un catalán muy mejorable ese “no me imagino España sin Cataluña” y Alberto Núñez Feijóo (Galicia) insistió en que unidos se llegará “más lejos”.

En la filmación se incluyen también unas palabras del portavoz parlamentario Rafael Hernando, los vicesecretarios Pablo Casado, Javier Maroto, Javier Arenas, Andrea Levy y Fernando Martínez Maíllo y los ministros Alfonso Alonso (Sanidad) y Jorge Fernández Díaz (Interior). La penúltima intervención se reserva para el candidato catalán, Xavier García Albiol, que pide a los ciudadanos que no permitan que se “juegue” con su futuro porque, recalca, “es de todos”. En el vídeo también se echó en falta la presencia del ministro que más ha participado durante estos meses en el debate catalán: José Manuel García-Margallo.

El lío de Rajoy y el rifirrafe entre ‘Pájaro Naranja’ y ‘Coleta Morada’

GRA547. BARCELONA, 21/09/2015.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias durante su intervencion en el mitin celebrado esta tarde en la Plaça dAngel Pestaña en Barcelona junto al cabeza de lista de Catalunya Si Que es Pot, Lluis Rabell e Iñigo Errejón. EFE/Jesús Diges

El presidente del Gobierno se hace un lío con la nacionalidad de un vecino catalán si triunfa el bloque independentista. Cosas de salir del plasma. Mientras, Albert Rivera y Pablo Iglesias endurecen sus acusaciones para robar votos del granero de votos del cinturón rojo donde antes triunfaba el PSC.

Martes de campaña electoral marcada por el suspenso del presidente del Gobierno en Derecho constitucional: ignora completamente que un ciudadano catalán nunca dejará de ser español si no lo desea, como reza en el artículo 11 de la Constitución. También por un cruce de tuits entre Albert Rivera y Pablo Iglesias por los futuros pactos de Gobierno.

Helados se quedaron los simpatizantes del PSC que se acercaron a Sant Boi al mediodía para escuchar a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que reaparecía tras su baja de maternidad. Durante todo su discurso, ni siquiera se le escapó ninguna de estas cuatro palabras: Miguel Iceta y proyecto federal. La andaluza debió pensar que bastaba con respaldar en Mataró, ya caída la tarde, al candidato del PSC a la Generalitat.

“¿Y la europea tampoco?”

Mariano Rajoy no supo salir de laberinto en el que le metió el periodista Carlos Alsina en una entrevista sin plasma mediante. El presidente se hizo un lío en directo con qué nacionalidad tendría un ciudadano catalán en el hipotético caso de que Cataluña se independizase.

Alsina le recordó que, según la Ley actual, los catalanes seguirán teniendo la nacionalidad española si así lo desean. “Vale… ¿y la europea?”. “Si son españoles, también tendrán la nacionalidad europea”. Un par de frases que sirvieron para que las redes sociales se incendiaran con memes sobre el presidente y le criticaran que no se haya preparado a fondo la entrevista, sobre todo con el tema catalán.

La tercera anécdota de la jornada se vivió también en las redes sociales. las encuestas auguran que Ciudadanos y Podemos se disputarán el segundo puesto detrás el frente independentista. Y no es casualidad que sus líderes nacionales se metan el dedo en el ojo cada vez que tienen oportunidad.

Espero que el candidato separatista de ‘Coleta Morada’ no ‘haga el indio’ y apoye a Inés Arrimadas antes que a Mas…”, escribió el líder de Ciudadanos, que sale a diario a recorrerse Cataluña de cabo a rabo para seguir cosechando votos. Rivera quiso incidir en uno de los puntos clave de su campaña: Catalunya Sí que es Pot, la plataforma respaldada por Podemos, no es una buena opción porque se dice que no es secesionista y su candidato, Lluis Rabell, votó el año pasado a favor de la independencia.

Coleta morada no entender”

Pablo Iglesias respondió la insinuación del de Ciudadanos y utilizó el lenguaje indio con el que Artur Mas atacó a los líderes de PP, PSOE y Podemos a los que envió un “corte de mangas”. “Coleta morada no entender pequeño Pujol votar reforma laboral con gran jefe plasma”. Mientras Ciudadanos y Podemos se clavan puñales por pescar algún voto no independentista del cinturón metropolitano barcelonés, Pedro Sánchez prefiere esquivar a Susana Díaz y pasar el día en Zaragoza y La Rioja, aunque eso suponga perder algún votante más. Cosas del PSC.

Tras el amargo desayuno de Rajoy con Alsina, el presidente hizo de tripas corazón y cogió el AVE por la tarde, se plantó en Tarragona y evitó pronunciarse sobre el resbalón de la mañana. Sabía que lo más importante era acompañar a Xavier García Albiol. Aunque ambos sufrieron los abucheos de los independentistas.

Según se acerca el 27S, la temperatura de la campaña sube. Sin embargo, el que parece que todavía no ha reaccionado a la encerrona que le ha hecho la banca esta semana es Artur Mas, que ayer no dio ni un solo titular digno de ser recogido en esta crónica. Quizá esté esperando a que Luis María Linde, que comparece hoy el Senado, explique mejor aquello que soltó el lunes de que con una Cataluña independiente habría un corralito. 

Empresarios catalanes buscan apoyos en Madrid contra el independentismo

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Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, y Josep Ramon Bosch, directivo de una multinacional química suiza, animan a otros empresarios catalanes a que alcen la voz en contra de la independencia. Los dos catalanes confían en que su ruego se oiga y poder dar la vuelta a las encuestas que vaticinan que el 27S ganarán los partidos a favor de la secesión. “Cataluña adolece de un importante déficit democrático”, alertan en un informe.

El presidente y accionista mayoritario del grupo empresarial Naturhouse, Félix Revuelta, y Josep Ramon Bosch, directivo de una multinacional química suiza, buscan desesperadamente el apoyo de empresarios catalanes de altura y confían en despertar a los catalanes que, por miedo, no quieren salir a votar el 27-S. “El empresariado catalán calla porque tiene miedo a perder subvenciones, ya que el sector público en Cataluña es muy importante”, criticó Revuelta poco después de pedir al Gobierno un poco más de cariño para que se quiera a Cataluña “como al resto de España”.

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De izda. a dcha.: Rafael Arenas, Isabel Fernandez, Josep Ramon Bosch, Jose Domingo y Francesc Moreno. EFE/Juanjo Martín.

Revuelta y Bosch han presentado este jueves en Madrid, a través de la asociación Societat Civil Catalana a la que ambos pertenecen, un informe de más de cien páginas que deja en evidencia la “falta de calidad democrática” de los comicios del 27-S. El empresario de Naturhouse puso su propio ejemplo para alertar de los problemas que traerá una hipotética independencia. “Yo no me quiero ir de Cataluña, pero tengo el 80% del negocio fuera de la región. ¿Qué hago? ¿Pago aranceles en cada uno de los países con los que trabajo? No podría, me tendría que marchar obligatoriamente”.

A dos semanas de las elecciones, Bosch y Revuelta confían en tener tiempo suficiente para poder dar la vuelta a la última encuesta del CIS, que augura que Junts pel Sí logrará la mayoría absoluta con el apoyo de la CUP si los catalanes votasen hoy. “Hay una lectura optimista y otra pesimista de este resultado. La mala es que, si se confirman estos resultados, el proceso independentista va a continuar. La buena noticia es que nos moviliza, nos despierta, a los que no pensamos como ellos”, matizó Bosch.

Estos catalanes que pregonan su amor por España saben cómo conseguir movilizar a ese porcentaje de catalanes que, por miedo, se resisten a salir a votar el 27-S. “Unió Democrática puede ser el gran escondido de las elecciones. Si conseguimos que vote el catalán al que le tiemblan las piernas cuando piensa en la que nos espera con una Cataluña independiente, no damos nada por perdido”, confía Bosch. Dicen que la máquina de márketing que protege a los independentistas es un elefante comparada con la suya, una simple hormiguita. “Necesitamos que Rafa Nadal venga a Barcelona y diga que ama Cataluña” igual que los independentistas utilizan a la actriz y humorista Karmele Marchante, a la que en Madrid se le da un gran crédito pero que en Cataluña vocea que los madrileños son unos ladrones.

Los empresarios confían en que este mensaje cale en lugares del cinturón rojo como Santa Coloma de Gramanet y Hospitalet donde hasta ahora se concentraba el voto socialista. También esperan que el PP de Xavier García Albiol ilusione también a votantes del PP que no creían en Alicia Sánchez Camacho. Pese a este cambio de estrategia del PP, el presidente de Naturhouse ha afeado al Gobierno y a Mariano Rajoy el trato que recibe la región. “Siento mucho decirlo, pero el presidente sólo viene a Cataluña a ver al PP”, concluyó.

¿El Senado a Barcelona?

Los miembros de Societat Civil Catalana ya tienen pensada la fórmula para reconciliar al Ejecutivo con los catalanes. “Se podría descentralizar algún órgano y trasladarlo a Cataluña. Se habló del Senado, no estaría mal”, dejan caer.

En el informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se expone una serie de indicadores que dejan en evidencia que la independencia no sólo son bondades como dicen los independentistas. Según el documento, la independencia provocaría un efecto muy destructivo para Cataluña y para el resto de España de dimensiones todavía incalculables.

Una representación de la Junta Directiva de la entidad ha presentado el informe y ha destacado que “la Generalitat y otras instituciones y autoridades públicas catalanas han dejado de actuar en su condición de autoridades e instituciones españolas, pasando a hacerlo como la protoadministración de un estado catalán, desvinculada del ordenamiento español”. 

Déficit democrático

El informe denuncia el déficit democrático que se produce cuando la Generalitat crea organismos paralelos a los legales, con y sin resonancia mediática. La consulta del 9N supuso un fraude y una desobediencia a la ley. El documento recuerdo también el uso de organismos internacionales para fines partidistas, el adoctrinamiento ideológico en las escuelas, la discriminación lingüística en las aulas o la demonización de personas o entidades que discrepan de la línea oficial que marca el movimiento secesionista.

“Está claro que una comunidad autónoma no puede actuar con el fin de perjudicar los intereses generales del Estado”, dice el informe. “La consecución de la secesión de una parte del territorio nacional no puede ser considerada, ni siquiera en la más flexible de las interpretaciones, como compatible con dicho interés general”.

Como conclusión, los miembros de la Societat Civil Catalana han tratado de exponer y documentar de manera ordenada algunas razones por las que creen que Cataluña “adolece actualmente de un importante déficit democrático”. El informe se centra en las cuestiones que mejor conocen por haberlas vivido de cerca. “Habremos de profundizar en lo que ocurre hoy y en las raíces históricas” de esta situación.

Mariano Rajoy busca el ‘gordo’ de la reelección el 20-D

Rajoy“Saque usted ese titular: lo más probable es que el 20 de diciembre haya elecciones en España”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reveló durante una entrevista este jueves con el periodista Carlos Herrera la fecha que maneja el Ejecutivo para celebrar las próximas elecciones generales, la fecha tope que marca la ley electoral. Es el penúltimo domingo del año. Dos días antes del sorteo del Gordo de la Navidad./ Foto: EFE

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Foto: EFE

“Saque usted ese titular: lo más probable es que el 20 de diciembre haya elecciones en España”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reveló durante una entrevista este jueves con el periodista Carlos Herrera la fecha que maneja el Ejecutivo para celebrar las próximas elecciones generales, la fecha tope que marca la ley electoral. Es el penúltimo domingo del año. Dos días antes del sorteo del Gordo de la Navidad. Tradicionalmente, siempre se han convocado a los españoles para acudir a las urnas en otoño o en primavera, pero jamás se ha retrasado hasta el 20 de diciembre una cita electoral. ¿Cuánto se beneficia el Partido Popular de convocar unas elecciones generales en unas fechas tan próximas a Navidad?

En Génova, el cuartel general de los populares, han planeado exprimir la legislatura hasta la última gota para consolidar la recuperación económica y tener más margen para poder subir algún punto en intención de voto. Las encuestas vaticinan que el votante popular va reconciliándose cada mes un poco más con sus gobernantes, por lo que atrasar las elecciones supone depositar más confianza en el electorado. El politólogo Pablo Simón considera que poner esta fecha para abrir las urnas es una cuestión de estrategia básica, que poco o nada tiene que ver con la fiebre de las compras navideñas que atrapa a todos los españoles durante el mes de diciembre.

Rajoy quiere resurgir

“Cuando el ciclo económico está favor, hay que retrasar las elecciones todo lo posible. Si Rajoy pudiera celebrar las elecciones en marzo del año que viene, las retrasaría hasta entonces”, matiza. En la misma línea se muestra el consultor Emilio Serrano, que cree que el PP retrasa la cita electoral para dejar “atados los Presupuestos Generales del Estado. Si los populares no consiguen la llave de la gobernabilidad durante la próxima legislatura, los nuevos gobernantes no tendrán más remedio que gobernar durante un año con esos presupuestos aprobados ahora”.

Rajoy quiere resurgir de sus cenizas tras el descalabro del 24-M y aprovechará la recta final de la legislatura para vender su proyecto de estabilidad económica con la aprobación de los primeros Presupuestos de la recuperación económica. Es el as que se guarda bajo la manga para meter el miedo al electorado de que, si vienen los otros, la estabilidad económica volverá a tambalearse y España podría correr la misma suerte que Grecia.

El PP se ha guardado otra jugada maestra para dinamitar la campaña electoral catalana: la proposición de ley de reforma urgente del Tribunal Constitucional que el PP ha presentado esta semana y que permitirá multar a gobernantes y funcionarios que no cumplan sus sentencias y resoluciones. Una medida pensada para abortar una hipotética independencia de Cataluña tras los comicios del 27-S.

El consultor de comunicación Emilio Serrano apunta hacia estas dos claves para justificar la decisión del presidente del Gobierno de apurar al máximo el fin de la legislatura. “Que en Navidad se crea más empleo estacional y que el gasto se dispara por las compras navideñas es un hecho, pero es un dato irrelevante para conseguir votos”, añade. “Aprobar los PGE, reformar el TC y presumir de buenos datos económicos” son hechos que, a su juicio, beneficiarían al Partido Popular de cara a las elecciones.

El reparto de canales de televisión

Rajoy juega a su favor con otra baza: repartir los cuatro canales de televisión que ahora mismo mantiene en vilo al sector audiovisual. Una Comisión dependiente del Ministerio de Industria evalúa en estos momentos las nueve ofertas que hay encima de la mesa y, a partir del 9 de octubre, podrá tomar una decisión. Con esta herramienta, el presidente se asegura que los medios de comunicación pendientes de la resolución mantengan una posición menos combativa durante la campaña electoral con la esperanza de ser los elegidos.

A la espera de que Mariano Rajoy convoque definitivamente las elecciones, los expertos de comunicación consultados por este diario restan importancia a los que vaticinan que el PP retrasa las elecciones para beneficiarse del espíritu navideño. “Que los funcionarios cobren en diciembre la paga extra se notará en el consumo, y el PP intentará jugar esa baza. Pero no tendrá efecto sobre el voto”, comenta Simón, que sí encuentra otra diferencia en que las elecciones generales coincidan con la Navidad.

“Tradicionalmente, el PP desconfía de las campañas electorales. Los partidos de izquierdas siempre se han movido mejor durante los quince días que dura la campaña, así que si coincide con la precampaña navideña el PP puede jugar a la distorsión con sus votantes. ¿Tendría un efecto sobre el voto? No podría decir si positivo o negativo”, añade.

Rajoy sale del plasma

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Mariano Rajoy se renueva y cambia de estrategia corporativa. El presidente del Gobierno ha aprovechado el parón veraniego para salir a la calle, dejarse fotografiar con todo aquel que se lo pidiera y subir la instantánea a Twitter. La estrategia, según los expertos, podría llegar tarde.

Rajoy se baña en el río Umia. Rajoy manda mensajes por Twitter. Rajoy con ropa deportiva. Rajoy se toma una caña. El presidente del Gobierno ha aprovechado el parón veraniego para aplicarse a sí mismo la nueva estrategia de comunicación que el Partido Popular impuso tras el desastre electoral del 24 de mayo: acercándose al pueblo se gana popularidad.

El presidente del Gobierno ha salido del plasma en agosto para pasear, saludar y dejarse fotografiar con todo hijo de vecino en la recta final de la legislatura. La estrategia, sin embargo, podría ser demasiado artificial y no tener el efecto esperado. El politólogo Pablo Simón cree que la ‘operación cosmética’ a la que Génova ha sometido al presidente llega ya demasiado tarde para conseguir elevar algún punto la popularidad del “presidente peor valorado de la Democracia”. En la misma línea se muestra el consultor de comunicación Emilio Serrano, que ve este cambio en la actitud del presidente un poco forzada. “Puede pecar de que sea demasiado tarde y no sea coherente con la imagen que ha transmitido hasta ahora, que le reste autenticidad al mensaje”.

El asesor político Antoni Gutiérrez-Rubí se muestra más optimista y da un voto de confianza al presidente: “Para cambiar a mejor nunca es tarde”, comenta. Por su parte, el profesor Guillermo López está seguro de que, aunque no sirva para mucho, “puede movilizar a algún votante del PP de toda la vida enfadado con la política mantenida hasta ahora”.

El salto de los partidos emergentes a la vida municipal y autonómica, una conquista conseguida en gran medida por el papel activo de sus protagonistas en los medios de comunicación, fue el detonante para que algunos barones del PP alertaran en Génova de que el Ejecutivo sufría graves problemas de comunicación que había que solventar ya si no querían perder las elecciones generales. Se quejaban amargamente de la estrategia de comunicación del inquilino de La Moncloa, aficionado a atender a la prensa a través de un plasma.

“Con las elecciones a la vuelta, es difícil de creer”

Mariano Rajoy ha entendido que si consigue ser un presidente más cercano y más activo en redes sociales, sin rendir cuentas sobre la corrupción que ha enfangado su partido, podría ganar puntos de popularidad en unos tiempos muy ingratos para ser político. Sin embargo, ¿tiene sentido esta estrategia de esquivar las preguntas sobre corrupción y limitarse a sacar pecho de la recuperación económica y acercarse al pueblo? Para Serrano, “un Gobierno tiene que comunicar lo que hace constantemente, desde el principio hasta el final de la legislatura. Ahora, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, es difícil de creer”.

La única manera de que esta metamorfosis tenga efecto real es “a través del efecto multiplicador que tiene en los medios de comunicación de masas convencional. Que se haga un selfie y lo suba a Twitter es irrelevante, pero si esa fotografía sale en la televisión o en los periódicos puede tener algún efecto”, añade Simón. “Su nivel de popularidad es tan extremadamente bajo que cualquier subida siempre será positiva”, matiza. Por su parte, González-Rubí considera que “esta rectificación ya es una corrección”. Otra cosa es que “ese cambio sea valorado por los electores”. Para López, este cambio radical tiene sentido en clave interna “para que su partido vea que se mueve y que está haciendo algo para cambiar los errores del pasado”.

El jefe del Ejecutivo pinchó su burbuja este martes al mediodía, cuando se hizo un receso en el Parlamento y Rajoy salió para comer en una cervecería cercana, en el madrileño barrio de Las Letras. Lo hizo a pie, en compañía de sus colaboradores más cercanos: la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso; el director de Gabinete del presidente, Jorge Moragas; y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Era otro gesto más de la imagen campechana que quieren vender del presidente.

La anécdota del día la protagonizó al cruzar la carrera de San Jerónimo. Rajoy se encontró con el campeón de biketrial Alan Rovira, un chaval que un 18 de agosto a las tres del mediodía estaba, con bicicleta incluida, en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Apenas fueron “unos segundos”, como el muchacho contó en su cuenta personal de Twitter. Unos segundos que el equipo de Moncloa también inmortalizó y después lo difundió a través de las redes sociales del presidente. El propio Rajoy escribió un mensaje al joven, que decía textualmente: “¡Eres un crack!”. Un mensaje nada común en el time line del presidente.

Rajoy sigue distante con los periodistas

El nuevo Rajoy informal que nació el martes choca frontalmente con el Rajoy serio y distante que se cruzó con los periodistas que cubrían el monográfico sobre Grecia ese mismo día. Hasta en cuatro ocasiones se rodeó al presidente del Gobierno de micrófonos y grabadoras y las cuatro veces contestó lo mismo: nada. Era la primera vez que volvía al Parlamento desde que el último Consejo de Ministros celebrado el 31 de julio nombrase a José Ignacio Wert nuevo embajador jefe de la delegación permanente de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París.

El premio del Gobierno al ministro de Educación peor valorado de la Democracia no es el único asunto que dejó sin responder el presidente en los pasillos del Congreso. En agosto se ha filtrado la reunión que Jorge Fernández Díaz mantuvo con el exvicepresidente Rodrigo Rato en la sede del Ministerio. El propio ministro del Interior rindió cuentas ante la Comisión de Interior del Congreso en una comparecencia que arrojó más sombras que luces. Sin embargo, el presidente contestó con un “buenas tardes” cuando los periodistas le preguntaban sobre el polémico asunto.

La excusa que el equipo de Rajoy puso a las evasivas del presidente era que el Pleno del Congreso se reunía para votar el tercer rescate griego y si se metía en harina en otros temas se quitaba protagonismo al tema europeo. El presidente, advertían, viajaría al día siguiente a Galicia y allí haría unas declaraciones en una visita oficial a las obras del AVE.

Dicho y hecho. El miércoles hubo delante de las cámaras apretón de manos a los trabajadores del ferrocarril, visita guiada por las obras con casco incluido y más instantáneas que se subían a las redes sociales. Se convocó una rueda de prensa posterior en la que el presidente solo contestó a cinco preguntas, ninguna relacionada con la reunión de Rato y Fernández Díaz. De ahí se fue, acompañado de la ministra Ana Pastor y de la diputada Ana Vázquez, a dar un paseo por Celanova, donde siguió haciéndose selfies y estrechaba la mano a los paisanos del pueblo. La cuenta personal de Twitter del presidente seguía subiendo fotos que eran retuietadas por decenas de personas.

En La Moncloa, desde donde se coordina la campaña de las elecciones generales de finales de año, “la única estrategia que tienen para subir algún punto la popularidad de Rajoy son los gestos”, argumenta Simón. Sin embargo, “el efecto es muy limitado” porque “está muy forzado, parece impuesto”, concluye. ¿Conseguirá Mariano Rajoy convencer a su electorado con este nueva imagen?

 

Las 19 incógnitas que la comparecencia de Fernández Díaz no despejó

Fernández Díaz

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se sometió al escutrinio de la Cámara Baja en una comparecencia para rendir cuentas sobre la reunión que mantuvo con el ex vicepresidente Rodrigo Rato el 29 de julio en su despacho oficial. “Era mi deber atenderlo. Se reunió conmigo por su seguridad personal”, repitió durante su larga comparecencia sin ningún arrepentimiento. Dio algunas respuestas, pero son más las incógnitas. 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se sometió al escutrinio de la Cámara Baja en una comparecencia para rendir cuentas sobre la reunión que mantuvo con el ex vicepresidente Rodrigo Rato el 29 de julio en su despacho oficial. “Era mi deber atenderlo. Se reunió conmigo por su seguridad personal”, repitió durante su larga comparecencia sin ningún arrepentimiento.

EL ESPAÑOL diseñó este jueves una lista con las preguntas que el máximo mandatario del departamento de Interior debía responder para esclarecer el encuentro y sus implicaciones. Sin embargo, cuatro horas de comparecencia no bastaron para despejar todas las dudas que despertó una reunión que -de creer a Fernández Díaz- el propio presidente del Gobierno descubrió a través de la prensa.

El ministro se limitó a reconocer que Rodrigo Rato se puso en contacto con él entre el 9 y el 20 de julio, que a la reunión en la sede del Ministerio él mismo llegó tarde y que su jefe de gabinete participó, pero sólo al principio. Fue Rato quien solicitó el encuentro, según la versión del ministro, porque “estaba preocupado por la posibilidad de que le retirasen la seguridad” y por las amenazas en forma de tuit que recibieron él y su entorno. Finalmente, el titular de Interior se escudó en que Rato está en peligro para no dar más explicaciones a la ciudadanía.

Balance comparecencia

A continuación figuran las cuestiones que el ministro dejó sin responder. De las 35 planteadas inicialmente, más de la mitad quedaron sin aclarar: 19 en total.

  1. ¿Hay constancia de la llegada de Rato al Ministerio en el registro de entrada?
  2. ¿Alguien del PP sabía que iba a producirse ese encuentro? ¿Quién o quiénes?
  3. ¿Contó el ministro cómo fue la reunión a alguien? ¿A quién?
  4. ¿Ha recibido el ministro en su despacho a otros amigos para abordar sus problemas?
  5. ¿Pidió Rato al ministro que hiciera llegar a la AET o a Cristóbal Montoro su versión sobre el origen de su patrimonio?
  6. ¿Qué consecuencias tuvo el encuentro?
  7. ¿Por qué aseguró el Ministerio en su comunicado que Jorge Fernández Díaz no tiene ninguna relación con la investigación cuando es la Guardia Civil, bajo su mando, la que actúa como policía judicial?
  8. ¿Le comentó Rato si él o su familia habían interpuesto alguna denuncia por las amenazas a su familiar?
  9. ¿Por qué Interior tardó casi tres días en tratar de explicar los hechos si todo estaba tan claro, según la versión del ministro?
  10. ¿Se ha planteado el ministro llevar a cabo alguna actuación judicial contra Rato por asegurar que sí hablaron de su caso?
  11. ¿Tiene Fernández Díaz relación con Luis Bárcenas en la actualidad?
  12. ¿Mandó el ministro del Interior mensajes de apoyo a Luis Bárcenas, tal como ha asegurado el extesorero del PP?
  13. ¿Quién ordenó el dispositivo de vigilancia a Luis Bárcenas y sus familiares antes de que el extesorero entrara en prisión?
  14. ¿Hizo alguna gestión el ministro del Interior para identificar a los autores y responsables de este operativo de vigilancia a Bárcenas?
  15. Si la dimisión del exministro Bermejo estaba motivada por irse de cacería con un imputado, ¿debería el ministro presentar su renuncia?
  16. ¿Ha recibido instrucciones del presidente del Gobierno para contactar en su nombre con imputados por corrupción?
  17. ¿Ha participado en alguna reunión con el presidente del Gobierno para decidir la estrategia del PP sobre los casos de corrupción?
  18. ¿Se han tratado casos de corrupción como Gürtel, Púnica o el caso Bankia en reuniones del Gobierno?
  19. ¿Ha consultado con Soraya Sáenz de Santamaría o su jefa de gabinete la estrategia del Gobierno en relación a casos de corrupción que afectan al PP?

Con información de Antonio Delgado, Patricia López, Pablo Romero y Joaquín Vera.

Además, en EL ESPAÑOL:

Swat: la empresa a la que Indra debía pagar 90.000 euros por Púnica está vinculada a Gürtel

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Swat, una compañía que se coordinó con la trama Gürtel para acceder a contratos públicos sin que salieran a concurso, aparece en la Operación Púnica. El ex consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, declaró ante el juez que Salvador Victoria le presionó para que Indra abonase 90.000 euros a esta empresa por trabajos que en realidad se hicieron a altos cargos del PP de Madrid. 

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Salvador Victoria, ex ‘número dos’ de la Comunidad de Madrid, junto con el ex presidente Ignacio González.

José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM), fue la persona que describió ante el juez Eloy Velasco las presiones que el ex consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ejercía para que Indra pagase al menos a tres firmas de la trama Púnica. Una de las empresas, la de Alejandro de Pedro, cobró 20.000 euros en b. Pero el caso estalló y todo apunta a que la tecnológica dejó sin abonar los otros dos recibos que le exigía Victoria: 20.000 euros más para Demométrica, contratada previamente por Sanidad para hacer un escuálido informe con 53 clases de alimentos distintos; y 90.000 euros para Swat SL, una consultora que en el pasado estuvo coordinada con Gürtel para acceder a contratos públicos sin que salieran a concurso.

Miguel Ángel de la Fuente, dueño de Demométrica, contó al juez Velasco que su empresa diseña desde 2012 encuestas de intención de voto para el PP de Madrid. Sin embargo, el encargo nunca procedía de Génova. Era Swat, la compañía que saltó a la opinión pública cuando estalló el caso Gürtel, la que contrataba sus servicios. Según la investigación que abrió el magistrado Antonio Pedreira, esta empresa daba instrucciones detalladas al Ayuntamiento de Majadahonda sobre cómo debían fragmentarse contratos para poder repartir adjudicaciones a dedo sin tener que convocar un concurso público.

Ante el interrogatorio del juez Velasco, De la Fuente confesó en sede judicial que mantuvo contacto con altos dirigentes del Partido Popular de Madrid. “Hablábamos con Francisco Granados, que era el secretario general del partido y, después, tuvimos relación con Borja Sarasola”. El ex consejero de Medio Ambiente, que iba en el puesto número 12 en las listas de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid, fue llamado a declarar por el juez el 26 de mayo, solo 48 horas después de que se celebrasen las elecciones que dio la victoria a la popular gracias al apoyo de Ciudadanos y su compromiso a que ningún imputado por corrupción ocuparía un escaño en el Parlamento regional.

La citación estaba convocada para el 15 de junio, pero fue desconvocada días después de que Sarasola fuera elegido diputado y, por tanto, pasara a ser aforado. El propio Sarasola renunció a su escaño voluntariamente a principios de julio, por lo que perdía su condición de aforado. Desde entonces, Velasco no ha solicitado todavía su comparecencia.

El juez quiso saber también si Salvador Victoria intermedió en la confección de las encuestas de intención de voto que Swat encargaba a Demométrica. De la Fuente respondió que tuvo una única reunión con el ex ‘número dos’ de la Comunidad de Madrid, a petición del político. “Me llamó al despacho un día. Quería saber cómo iban los resultados de la encuesta, pero me tuve que callar, porque no tenía por qué saberlo”, confesó en su declaración.

La sombra de la corrupción persigue a esta compañía dirigida por Juan Miguel Madoz desde hace quince años. José Luis Peñas, el ex concejal del PP de Majadahonda que denunció la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, remitió unos correos electrónicos al entonces instructor del caso, Antonio Pedreira, en los que se demostraba que entre Swat y la trama había una perfecta coordinación, como describió en su día el diario Público. En los emails, fechados en 2001, uno de los directivos de la empresa indicaba las empresas que debían recibir una determinada adjudicación a la jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, Carmen Rodríguez, mujer de Correa.

El ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones, José Martínez Nicolás, confesó ante el juez de la Operación Púnica que en septiembre Indra no había pagado ni un solo euro a ninguna de las tres empresas apuntadas por Salvador Victoria. Un mes antes de que estallara el caso en el que ya se ha imputado a un centenar de personas, el ex consejero de Presidencia le convocó en su despacho para recriminarle el impago de Indra. Días después, Alejandro de Pedro le anunció vía WhatsApp que una parte de la deuda había sido saldada.

Las grabaciones de la Púnica: “Salvador Victoria me echó la bronca porque Indra no pagaba”

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El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. En su segunda declaración judicial señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid. Escuche algunos fragmentos de su declaración.

En la imagen, Salvador Victoria e Ignacio González.

El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. Y relató ante el juez Eloy Velasco con todo lujo de detalles el ‘modus operandi’ que utilizaba la Comunidad de Madrid para pagar a empresarios vinculados con el Partido Popular a través de terceros. En su segunda declaración judicial -ocurrida el pasado 13 de febrero y a cuyo audio ha tenido acceso EL ESPAÑOL- Martínez Nicolás señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

 

Según el testimonio del declarante,  Salvador Victoria le ordenó en junio de 2014 que llamase a Indra para que abonase 20.000  euros al empresario Alejandro de Pedro; le diera otros 20.000 a Miguel Ángel de la Fuente y entregase 90.000 más a “un tal Juanjo”, todavía sin identificar.

Dinero en sobres

Al ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones le consta que la tecnológica abonó el dinero que dijo Victoria a De Pedro. Sin embargo, José Martínez no puede confirmar si los otros dos empresarios apuntados en la contabilidad B de la Comunidad de Madrid recibieron el dinero de la tecnológica. “El pálpito que tengo es que a Indra no le gustó esto. Salta la operación y paran. Es una especulación”, reconoció el ingeniero al juez.

Según la versión que mantiene el ex jefe informático de Madrid, en septiembre aún no se había efectuado ningún pago y Salvador Victoria se enfadó. Un mes antes de que estallara el caso en el que ya se ha imputado a un centenar de personas, el ex consejero de Presidencia le convocó en su despacho para recriminarle que Indra todavía no había abonado las facturas a uno de los conseguidores de la trama, Alejandro de Pedro. “Me echó la bronca. Me dijo que Indra aún no había pagado y que Alejandro de Pedro le llamaba todos los días”.

En el transcurso de aquella reunión, Victoria telefoneó al consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, “no para presionar, sino para quejarse” del retraso de los pagos. Tras el encuentro, el ex directivo de ICM se puso en contacto con Santiago Roura, director general de Indra, para hacerle llegar el cabreo monumental de la mano derecha de Ignacio González. “Mi jefe está enfadado”, le dijo. Las presiones surgieron efecto. Una semana después, Alejandro de Pedro le comunicó vía mensaje “que ya había cobrado y que había que ir a por lo que falta”.

En busca de “El Molécula”

En la declaración, Martínez reconoce al juez que Roura le pidió “en algún momento” el teléfono del segundo empresario al que había que pagar la factura, Miguel Ángel de la Fuente, consejero delegado de Demométrica. “Yo se lo pedí a Salvador Victoria, le dijo a su secretaria que me lo diera y yo se lo facilité a Roura”. También le pidió el contacto de una tercera persona, “el molécula. Pensé que era Alejandro de Pedro. Y aquí termina la historia”, apunta al magistrado.

El juez Velasco, que intentó averiguar sin éxito a través de la declaración del informático “por qué tenía que pagar Indra” esos servicios, le dijo que fue el propio Santiago Roura quien declaró en sede judicial “haber sufrido presiones por su parte para que hiciera pagos a Alejandro de Pedro” pero que le “era imposible. Él lo quería contratar, pero no pagarle”. Una declaración “falsa”, según Martínez Nicolás, que dijo al magistrado que el trabajador de Indra “está mintiendo”.

Reunión entre Indra e Ignacio González

Martínez Nicolás apuntó también otro matiz: el presidente de Indra, Javier Monzón, se reunió “meses atrás” con Ignacio González, aunque no deja claro si el máximo mandatario de la tecnológica autorizó a la Comunidad de Madrid a que su empresa sirviera para pagar en B la mejora de la imagen del entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

El informático describió durante unos minutos al juez la estrecha relación que tradicionalmente mantienen las compañías con las administraciones públicas. “Es bastante normal que las empresas apoyen a la Comunidad de Madrid en eventos y actos”. Según Martínez Nicolás, los únicos intermediarios del Ejecutivo madrileño con Indra y los empresarios involucrados son él mismo y Salvador Victoria, a quien el juez ya ha retirado el pasaporte tras imputarle los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Las extrañas maniobras del consejero de Cristina Cifuentes

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Jaime González Taboada, consejero de la Comunidad de Madrid se presentó “por sorpresa” en un Comité Ejecutivo del PP de Hoyo de Manzanares, convocado para discutir por qué no se concedió un contrato de dudosa legalidad a una empresa vinculada a Púnica. El alcalde le defiende: “Vino como representante legal de Génova”. Sin embargo, cuatro miembros presentes en el Comité alegan que les quiso convencer de que “la eficiencia energética es buena para el pueblo”.

En la imagen, Jaime González Taboada el día de su toma de posesión.

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González Taboada el día de su toma de posesión. Al fondo, la presidenta Cifuentes y la consejera Hidalgo.

La Operación Púnica ha desvelado que tras muchos contratos de gestión de eficiencia energética municipal se escondía una auténtica trama de corrupción perfectamente orquestada entre políticos y empresarios para conseguir adjudicaciones a cambio de comisiones.

En Hoyo de Manzanares, una localidad situada al noroeste de Madrid donde el PP gozaba de mayoría absoluta en la legislatura pasada, se votó en contra de la clasificación que daba como vencedor a Dalkia, una empresa vinculada a Cofely, la compañía señalada como el ‘cerebro’ de la trama. El municipio se libró de aquella adjudicación gracias al voto díscolo de un concejal popular, que se estudió previamente las condiciones presentadas por la empresa y encontró numerosas irregularidades en la forma que querían adjudicar un megacontrato de 4,7 millones de euros para quince años.

Tres semanas después de que se celebrase el Pleno que tumbó las intenciones del Ejecutivo local, el alcalde José Ramón Regueiras convocó un Comité Ejecutivo para analizar el voto en contra del concejal Álvaro González del Castillo. La sorpresa de la tarde fue la aparición en aquella reunión del ahora consejero de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, entonces director general de Cooperación con la Administración Local de la región, junto con su mano derecha, David Santos Baeza y una tercera persona.

Cuatro de los diecinueve miembros del Comité Ejecutivo presentes en aquella reunión, José García Blanco (ex alcalde del municipio), Javier de Orduña, Mariluz Martínez y Álvaro González del Castillo, aseguran a EL ESPAÑOL que el actual consejero de Medio Ambiente de Cristina Cifuentes les quería convencer “de que la eficiencia energética es buena para el pueblo”.

Su obsesión por aprobar en un futuro Pleno aquella adjudicación llegó a tal punto que, según las mismas fuentes, el consejero se llevó una carpeta con la documentación sobre la polémica adjudicación “para que los servicios jurídicos del Partido Popular realicen un informe y se demuestre la legalidad” del archivo presentado. González Taboada se comprometió a devolver aquel documento que validara la legalidad del contrato de eficiencia energética en dos semanas. Justo cuando cumplía el plazo, se produjeron las primeras detenciones por la Operación Púnica. “Nunca lo envió”, recalcan.

Taboada se comprometió a diseñar “una encuesta”

El testimonio del alcalde José Ramón Regueiras, presente también en ese Comité Ejecutivo, dista radicalmente de lo que denuncian sus compañeros. Según la versión que narra el primer mandatario municipal a este diario, González Taboada estuvo presente como “representante legal de Génova”, pero “en ningún caso” intermedió en la tensa discusión que el Comité mantuvo por el voto en contra del concejal popular al megacontrato de eficiencia energética que se quería conceder a Dalkia.

Sí reconoce que el actual consejero, a quien el empresario David Marjaliza implicó ante el juez Eloy Velasco en Púnica, se comprometió en el Comité a “encargar una encuesta política y de intención de voto en el municipio”. Otra coincidencia más entre el polémico contrato de Hoyo del Manzanares y la trama de corrupción que ya implica a un centenar de personas.

En una resolución fechada el 23 de abril, el juez Eloy Velasco considera “probado” que para lograr la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética la empresa Cofely se comprometía a realizar “encuestas de opinión para las autoridades municipales” que se  “disfrazaban” como sondeos sobre “gestión energética” para pagar comisiones a sus cargos públicos. González Taboada, sin embargo, nunca regresó a Hoyo del Manzanares para hacer el sondeo que prometió.

El contrato de Dalkia es idéntico al que se adjudicó en 2012 a Cofely en Torrejón de Velasco, cuyo alcalde fue detenido. Por la gestión de los suministros energéticos públicos y el mantenimiento de las instalaciones municipales de alumbrado público, este municipio madrileño pagará casi 5 millones durante 15 años. Ambas compañías, Dalkia y Cofely, son clientes de Mecano Consulting, SL, la empresa que se encargó de clasificar y valorar a las empresas aspirantes al contrato en Hoyo de Manzanares.

Los antecedentes de la Operación Púnica convergen precisamente en esta compañía, especializada también en el abastecimiento de electricidad. Al menos cuatro de los implicados en la trama de corrupción trabajaban para esta firma antes de servir a Cofely. Constantino Álvarez de la Cueva, director comercial de Cofely cuando fue detenido el 27 de octubre, ocupó anteriormente el puesto de director general en Dalkia. Pedro García Pérez, exdirector de Mercado Público de Cofely, llegó a ser apoderado de Dalkia. José Fidel Saura y José Antonio Alonso, también detenidos en la macrooperación, también coincidieron en una etapa anterior en Dalkia, la empresa que no consiguió por los pelos el contrato de Hoyo.

El expediente es “similar” a Púnica

El 27 de octubre, el día que los agentes arrestaron a Francisco Granados y parte de sus colaboradores más próximos, el concejal díscolo de Hoyo de Manzanares envió un correo electrónico al alcalde para pedirle explicaciones sobre cómo había llegado aquel contrato de dudosa credibilidad hasta Hoyo de Manzanares.

“Ante los gravísimos acontecimientos sucedidos hoy (…) y la vista de las grandes similitudes con el que se ha pretendido llevar adelante en Hoyo (cuantía, duración, textos…), quisiera que me informaras cómo ha llegado el señor Javier Rubio de Miguel a nuestro Ayuntamiento”, la persona que diseñó la documentación sobre eficiencia energética “sin ser ingeniero”. En su respuesta, el alcalde reconocía que el expediente “es similar” al que diseñaba la trama que había enviado a la cárcel al ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, “pero nada más”, se excusaba en aquel texto.

El concejal que votó en contra de aquel contrato describe a este diario las “enormes coincidencias” que encontró cuando se destapó la trama y el contrato que se quería aprobar en el Pleno en contra de su voluntad. Lo que se presentaba como una forma de ahorrar en los recibos de la luz municipales -que pagan los vecinos- se convertía en el lucro de empresas que conseguían la adjudicación y políticos que en muchos casos deseaban aprovechar su paso por la gestión pública para labrar una fortuna.

González del Castillo cuestionó en público que Dalkia quedó finalmente como la empresa finalista gracias a la “elevada puntuación” que se le dio en el criterio subjetivo. En el objetivo ganó por goleada Gas Natural, que se personó en el Ayuntamiento de Hoyo del Manzanares para revisar los pliegos que daban vencedor a la empresa de la competencia. De hecho, el concejal rebelde se ofreció a González Taboada para exponer en Génova, el cuartel general de los populares, sus razones para votar en contra. “No me llamó nunca”, añade.

Una vez que los pliegos llegaron al Pleno y la adjudicación se tumbó, el entonces director de operaciones de Dalkia, Cristóbal Sánchez, quiso convocar una reunión privada con el edil díscolo para hablar sobre el sentido de su voto. El edil declinó la invitación porque le parecía poco adecuado que una empresa en fase de adjudicación quiera presuntamente influir “presentando su empresa”. La Alcaldía tampoco se pronunció.

Polémica en el Pleno de Hoyo

En el Orden del Día del Pleno del día 25 de septiembre había un punto que correspondía a votar la clasificación de las empresas presentadas para obtener este contrato. Sin embargo, la polémica surge cuando se señala que resulta poco ético que una empresa (Mecano Consulting, SL) de la mejor valoración a Dalkia cuando ha sido su cliente. Se cuestiona que no se haya pedido a un organismo independiente como el Colegio de Ingenieros.

Hay otras incógnitas que quedaron en el aire y que expuso Manuel Morote, de Foro Popular. Se trata de la duda sobre la capacidad técnica de la asesoría fiscal Francisco Javier Rubio, que cobra una factura de 14.000 euros para realizar una auditoría energética, y que posteriormente certifica la colaboración de Mecano Consulting para constatar la supervisión de un ingeniero especializado. Otra pieza que no encaja.

La última polémica en Hoyo de Manzanares se produjo cuando el Comité Electoral Local eligió a Fernando Salgado Otero como candidato del PP a las elecciones del 24 de mayo y el Comité Electoral Regional impuso que siguiera Ramón Regueiras. Una decisión que provocó que miembros del Comité Ejecutivo y afiliados dimitiesen en algunos casos y se diesen de baja en otros.

Los diputados involucrados por Marjaliza en Púnica se desvinculan de sus acusaciones

Los tres diputados de la Asamblea de Madrid, Jaime González Taboada, Bartolomé González y Eva Borox, presuntamente implicados en la Operación Púnica se desvinculan radicalmente de las acusaciones que ha vertido sobre ellos el empresario David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama junto con el político del partido Popular Francisco Granados.

Los tres diputados de la Asamblea de Madrid presuntamente implicados en la Operación Púnica se desvinculan radicalmente de las acusaciones que ha vertido sobre ellos el empresario David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama junto con el político Francisco Granados. Los dos cargos electos del equipo de Cristina Cifuentes, el consejero Jaime González Taboada y el diputado Bartolomé González, niegan cualquier colaboración con el empresario acusado. La ‘número tres’ de Ciudadanos en Madrid, Eva Borox, que fue concejal del PSOE en Valdemoro, también niega cualquier colaboración con una trama que estalló, precisamente, en este municipio madrileño.

El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio se desvincula tanto de los hechos que hasta niega conocer a Marjaliza. “No conozco de nada a este señor”, ha reconocido en un acto público. Tanto Taboada como González están estudiando poner una demanda al empresario de Valdemoro por sus declaraciones. El ex alcalde de Alcalá de Henares, hoy diputado electo, asevera que “nunca” ha firmado un contrato con “ninguna de las empresas implicadas en la trama” y también se plantea demandar a Marjaliza por implicarlo en una trama de corrupción que salpica ya a casi un centenar de implicados.

Pese a que los diputados presuntamente implicados intentan calmar las aguas, parte de la bancada azul y naranja de la Asamblea de Madrid se muestran “conmocionados” con la noticia. Fuentes internas del PP madrileño reconocen en privado a EL ESPAÑOL que “el gran lastre de este partido es la corrupción que, por mucho que se niegue, se entiende que se ha institucionalizado. No vale con desmentirlo. Hay que tomar medidas radicales”. El portavoz adjunto de Ciudadanos en Madrid, Pedro Núñez Morgades, tampoco niega su “preocupación” por las duras acusaciones que Marjaliza volcó ante el juez contra su compañera de partido. Si se confirma su testimonio, se compromete a pedir el acta de la diputada Eva Borox.

La afectada iba a hacer unas declaraciones a lo largo de la mañana de este viernes desde Valdemoro, donde reside, pero finalmente su marido Raúl del Olmo, también implicado en las acusaciones del empresario, la ha excusado afirmando que “está muy afectada por la noticia”. Compañeros de filas de Borox reconocen, en privado, que se ha limitado a negar los hechos pero sin dar demasiadas explicaciones.

José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, declaró a primera hora de esta mañana a este diario que, “si se confirma esta declaración, estamos ante una situación muy comprometida, tanto para el PP como para Ciudadanos”. Para el representante de Pablo Iglesias en la Comunidad, “Marjaliza es el Bárcenas de la Púnica”. Además, critica que Cifuentes diga que “el PP que ella gobierna es el nuevo PP, cuando la realidad que vemos es que la trama Púnica afecta a muchos municipios y va a acabar salpicando a su propio Gobierno”.

Las acusaciones de Marjaliza

Según adelantó este viernes EL ESPAÑOL, Marjaliza implica a González Taboada en un “reparto” de las obras de infraestructura financiadas por la empresa pública madrileña Arpegio dentro del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Este proyecto, dotado con cientos de millones para la realización de infraestructuras en municipios madrileños, era planificado por Taboada como director general de Cooperación con la Administración Local. Granados, consejero de Presidencia desde 2004, ostentaba la presidencia de Arpegio.

El diputado Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá de Henares, ha sido mencionado por Marjaliza en sus declaraciones judiciales en relación a la supuesta actividad ilegal de la mercantil Cofely España de pago de comisiones a alcaldes y concejales a cambio de la adjudicación de contratos de eficiencia energética.

En su larga comparecencia ante Eloy Velasco, el empresario implicó a la ex concejal del PSOE de Valdemoro y actual diputada autonómica por Ciudadanos Eva Borox y a su marido, Raúl del Olmo, también integrado en el partido de Albert Rivera.
El empresario manifestó que entregó a Borox 30.000 euros como parte de una estrategia clientelista, para tenerla a favor de Francisco Granados. También dijo que compró al marido de Borox un décimo de la Lotería propiedad de Olmo y que había resultado premiado con 100.000 euros. Marjaliza afirmó que le dio por él 120.000 euros que quería ‘blanquear’.