Si como escribí la semana pasada “no hay mejor atajo hacia el  prestigio que el repudio explícito de lo intolerable”, el nuevo Rey acaba de dar un buen paso. Ya que no movió ficha tras el ultraje a los símbolos comunes, bien está que lo haga poniendo en su sitio a su hermana. Pero esta semana no sólo pasará a la historia como la de la verdadera coronación de Felipe VI o como la de la llegada de la extrema izquierda a los grandes ayuntamientos, sino también como la del inicio de una nueva manera de hacer política.

Comencemos por lo menos obvio. Cuando en 1996 el Partido Andalucista, con un 6% de los votos y 4 escaños, fue decisivo para la investidura de Chaves como presidente de la Junta, obtuvo a cambio dos consejerías. Cuando en 2012 Izquierda Unida, con el 11% de los votos y 12 escaños, fue decisiva para la investidura de Griñán, obtuvo a cambio 4 consejerías, incluida la vicepresidencia.

Una simple analogía promediada indica que si Ciudadanos fuera un partido como los demás, ahora que con el 9% de los votos y 9 escaños ha resultado decisivo para la investidura de Susana Díaz, habría obtenido tres consejerías. Una cuota de poder muy significativa en una comunidad en la que se acostumbra a no respetar sino al que manda. Una tentación suculenta para un partido que necesita con urgencia arraigo y estructuras de apoyo.

Pero en lugar de coger su trozo de tarta, Ciudadanos ha obligado a la presidenta de la Junta a firmar 70 compromisos que incluyen una importante bajada del tramo autonómico del IRPF y medidas regeneradoras tan significativas como la limitación de su propio cargo a dos mandatos, la eliminación del aforamiento de los diputados, la supresión de los sobresueldos a cargo del partido o la reforma electoral con proporcionalidad y listas abiertas o desbloqueadas.

Algo muy similar está a punto de consumarse en la Comunidad de Madrid donde, a pesar de que Ciudadanos ha obtenido nada menos que el 12% de los votos y 17 escaños, no está pidiendo ni la vicepresidencia como hizo Carod Rovira con el PSC, ni importantes consejerías como hicieron los socialistas en el País Vasco, Navarra o Canarias cuando pactaron con PNV, UPN o Coalición Canaria; o como hicieron el Bloque en Galicia, el PAR en Aragón o todos los miembros de los sedicentes Pactos de Progreso en Baleares.

En lugar de eso, Ciudadanos va a obligar a Cristina Cifuentes a promover las primarias, establecer la incompatibilidad entre el cargo de alcalde y el de diputado autonómico y eliminar -albricias- el Consejo Consultivo, que servía de abrevadero de viejas glorias. Todo ello dentro de un pacto anticorrupción que, como en el caso andaluz, sustancia la responsabilidad civil de los partidos respecto a las coimas de sus cargos orgánicos, obliga a expulsar de las instituciones a los imputados y acentúa las medidas de control y transparencia.

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Ilustración: Javier Muñoz

La práctica simultaneidad de ambos acuerdos, fruto del buen manejo de los tiempos por parte de Rivera y su equipo, ha puesto de relieve la mimética coincidencia de las críticas desde la derecha, a cuenta de Andalucía, y desde la izquierda, a cuenta de Madrid. En ambos casos se denuncia que Ciudadanos está permitiendo que sigan en el poder dos organizaciones con tanta corrupción a sus espaldas como el PSOE andaluz y el PP madrileño.

Aunque todo quiera presentarse del color del cristal con que se mira, ningún observador ecuánime dejará de reconocer que tanto monta, monta tanto la Gürtel como los ERE, la Púnica como la Edu. Pero también que, haciendo de la necesidad virtud, Susana Díaz y Cristina Cifuentes están incluyendo la lucha contra la corrupción entre sus prioridades y les va lo suficiente en juego -sus prometedoras carreras- como para no fallar en eso.

Tienen razón quienes dicen que en las exigencias de Ciudadanos faltan cosas esenciales. Por ejemplo el cierre, o al menos la drástica despolitización, de Canal Sur y Telemadrid. Por ejemplo la reducción del número de diputados autonómicos que ya es alto en Andalucia -109- y adquiere ribetes de escándalo -129- en una autonomía uniprovincial como Madrid.

También es cierto que el merecido escarnio de Chaves y Griñán por su responsabilidad como gobernantes en el monumental fraude de los ERE ha quedado condicionado a lo que diga el Supremo. O que Cifuentes ni controla el PP de Madrid ni puede responder siquiera por los integrantes de su lista, redomados golferas incluidos. Gran parte de la opinión no sabe al final a qué atenerse en relación a tantos sospechosos habituales.

Por una vez ha sido la Corona la que ha aportado claridad y concreción. Al despojar a su hermana -y de rebote al truhán de su cuñado- de su título nobiliario, Felipe VI acaba de enviar un nítido mensaje a los partidos manchados por la corrupción: cuando se vulnera la ejemplaridad exigible a quien ocupa una posición institucional, no hay que esperar a que los tribunales dicten sentencia para depurar responsabilidades políticas.

La infanta Cristina podrá ser absuelta por la Audiencia de Palma o eventualmente por el Supremo y seguirá siendo tan indigna como hoy de presentarse como duquesa de Palma. Sea o no delictiva su conducta, es intolerable que la hija -ahora hermana- de un Rey figure en los órganos gestores de una sociedad montada para dar sablazos a las arcas públicas.

La moraleja de esta lección de Felipe VI en el único plano que maneja -el simbólico representativo- es que la imputación no es en sí misma una línea roja que deba generar automatismos. Cristina llevaba imputada desde enero del año pasado y camino del banquillo desde noviembre. Al parecer la gota que desbordó el vaso de la “jartera” del Rey –Ana Romero dixit– fue la desafiante irrupción de Cristina el pasado lunes en el funeral por Kardam de Bulgaria sin tan siquiera haber pedido la venia.

No es lo mismo estar imputado por denunciar indicios de corrupción en la Audiencia de Albacete, como le ocurre a Jesús Cacho, que estar imputado por utilizar una fundación de niños discapacitados para llevárselo crudo, como le ocurre a Urdangarín. No es lo mismo Lucía Figar, que pasaba por ahí -esto lo sabe todo Madrid-, que el turbio Salvador Victoria, mano derecha del turbio Ignacio González.

Hay una regla mucho más diáfana que es la que acaba de aplicar el Rey al quitarle los galones a su hermana: lo que es impresentable es impresentable. Por ejemplo, seguir en el Congreso o el Senado después de que bajo tu mando se hayan desviado millones y millones a falsos prejubilados afines a tu partido. Por ejemplo, seguir en la presidencia del Gobierno después de haber enviado un mensaje de apoyo al tesorero de tu partido dos días después de que se conociera la existencia de su botín en Suiza.

A ver si Rajoy vuelve a decir en público a) que está “convencido de la inocencia de la Infanta”, b) que “le irá bien” y c) que “no debe renunciar” a sus derechos dinásticos. Si a Cristina le quedara un ápice de dignidad, es lo que inmediatamente haría. Sobre todo después de que su hermano la haya tratado peor que a una criada a la que se sorprende robando, impidiéndole incluso salvar la cara mediante la artimaña de una renuncia fechada el 1 de junio y recibida el 11 por la noche. Ni que la hubiera enviado por comisión rogatoria.

El aún líder del PP debe estar eufórico al contemplar como Pedro Sánchez alimenta su estrategia del miedo –“In fear we trust”– al echarse en brazos de los radicales a costa de todos los alcaldables del PP. Ya sabemos que a Rajoy sólo le importa él. Por eso debería seguir de cerca los acontecimientos en la Familia Real, pues si se ha mirado tantas veces en el espejo de la indulgencia de Juan Carlos I también debería hacerlo ahora en el de la severidad, implantado por Felipe VI. Tal vez tenga que escribir pronto una carta como la de la Infanta.

Es cierto que Albert Rivera no dispone de facultades ni para despojar a Chaves del ducado del Clan de la Tortilla ni para investir caballeros a algunos de los roedores que han arrastrado la calabaza de Cifuentes hacia la Puerta del Sol. De ahí que los reproches a Ciudadanos pierdan autoridad si no van acompañados del reconocimiento de que es la primera vez que un partido no pide nada para sí en forma de poltronas o forraje de esas “manadas” que, como decía Galdós, “pastan en el presupuesto”, sino que todas sus demandas están yendo encaminadas a devolver a los españoles margen de control sobre sus destinos.

Miento: hay un precedente, todo lo acotado que se quiera pero un precedente a fin de cuentas, en el apoyo altruista que el PP de Basagoiti prestó a Patxi López durante su primero desperdiciada y finalmente ensuciada legislatura en Ajuria Enea. Y no debe ser casualidad que ese mismo compromiso con la Nación, ese mismo idealismo en defensa de los valores constitucionales, ese mismo sentido de la responsabilidad al dar estabilidad a las instituciones esté impregnando ahora las decisiones de Ciudadanos.

¿O alguien duda de que la claridad de ideas tanto de Susana Díaz como de Cristina Cifuentes respecto a la cuestión nacional ha sido clave al moldear los pactos? Los Ciudadanos las prefieren rubias como las antiguas pesetas, con la condición de que su españolidad sea propia del siglo XXI. Lo mismo nos pasa a los ciudadanos con las infantas y princesas -ninguna como Grace Kelly-, siempre y cuando no hagan de la complicidad en el bandidaje su santo y seña.

Mis admirados Lista, Miñano y Hermosilla, aquellos antiguos afrancesados que en la España del Trienio, frente a las demasías antitéticas de “El Zurriago” y “El Restaurador”, editaron un semanario culto, brillante y bien escrito como “El Censor”, estarían orgullosos al ver hoy materializada una de sus grandes obsesiones. Me refiero a la vertebración de un centro político, diferenciado tanto del inmovilismo absolutista como del radicalismo revolucionario.

El instrumento para ello debía ser el ingeniosamente llamado “partido regulador”. Véase el artículo publicado el sábado 6 de abril de 1822 bajo el título “Del partido regulador en las asambleas legislativas”. Ante la polarización en dos partidos antagónicos del propio parlamento británico, “El Censor” preguntaba y respondía: “¿Cuál será el partido regulador? El que desprendido de todo interés privado, sin otro objeto que el bien y sin otra regla que la ley, se interpone entre ambos, templa su ardor y corrige sus extravíos, reuniéndose alternativamente al que en cada cuestión determinada tiene la razón de su parte”.

El paralelismo se termina de entender varios párrafos después: “Llamamos tener razón el sostener una providencia que aunque acaso no sea la que conviene, presenta menos inconvenientes que la contraria, y en este caso están todos los debates parlamentarios”. Incluidos los de investidura. ¿Hubiera sido mejor contribuir a que Susana Díaz se arrojara en brazos de Podemos o tuviera que repetir las elecciones, por si no hubiera ya bastantes en el horizonte? ¿Sería mejor ejercer de Bertrand du Guesclin en la Comunidad de Madrid, poniendo encima a quien quedó debajo cuando en el Ayuntamiento los socialistas han terminado apuntalando a una opción trufada de personajes tan infames -Carmena debería pedir su dimisión hoy mismo- como el tal Zapata, capaz de burlarse del Holocausto y la mutilación de Irene Villa, o el tal Soto, que incita a “torturar y matar” a Gallardón?

La ventaja de que Ciudadanos sólo haya llegado a pactos de investidura es que va a poder ejercer de “partido regulador” votando con las respectivas oposiciones cada vez que entienda que Díaz o Cifuentes se apartan de lo pactado o del interés general. Su papel está en el centro, no en hacer de marca blanca del PP. Pero eso no les condena a ejercer sólo de bisagra pues la mayoría sociológica tiende a la moderación y la limpieza. ¿O acaso no vamos a ver cómo se amplía el apoyo a la Monarquía tras actuar Felipe VI como “partido regulador” de su propia familia?

Gaudere cum gaudentibus. Alegraos con los que -como yo- se alegran.