Una jueza pide a Hacienda los nombres de las 659 personas de la ‘lista Falciani’ a las que alertó

Hervé Falciani

Hervé Falciani

La titular del Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid quiere saber por qué se les avisó para que regularizaran voluntariamente su situación fiscal cuando se supo que tenían cuentas con elevados fondos en el HSBC de Ginebra, en lugar de abrirles un proceso de inspección que podría haber llevado a alguna de ellas a la cárcel. 

Herve-Falciani
Hervé Falciani
Hervé Falciani

La jueza Purificación Elisa Romero, titular del Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid, ha solicitado a Hacienda que le remita la información de que disponga de las 659 personas de la ‘lista Falciani’ a las que requirió para que regularizaran voluntariamente su situación fiscal cuando supo que tenían cuentas con elevados fondos en el HSBC de Ginebra, en lugar de abrirles un proceso de inspección que podría haber llevado a alguna de ellas a la cárcel. Carlos Cervantes y María Dolores Bustamante, exdirectores de los departamentos de Inspección y de Gestión, respectivamente, de la Agencia Tributaria, están imputados en la causa por un presunto delito de prevaricación administrativa por haber alertado a los defraudadores.

Los dos ex altos cargos declararon el pasado día 23 ante la jueza y asumieron que fueron ellos quienes optaron por enviar un requerimiento de cumplimiento de obligaciones formales a los presuntos defraudadores de la ‘lista Falciani’ para que en el plazo de diez días tributaran por el dinero que tenían oculto en Ginebra. Ambos manifestaron que actuaron así porque la información facilitada por las autoridades francesas era demasiado endeble para abrir una inspección tributaria, según manifestó a EL ESPAÑOL una de las personas que asistió a su declaración. La decisión, dijeron, se adoptó en dos reuniones entre sus departamentos, se dio cuenta de ella al director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, y las instrucciones se giraron a las delegaciones provinciales en dos correos electrónicos.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria solicitó en febrero de 2010 a las autoridades francesas la identidad de los residentes españoles que figurasen entre la documentación aportada por Hervé Falciani sobre titulares de cuentas en el HSBC de Suiza. La información llegó a la AEAT el 24 de mayo a través de la embajada de Francia y, tras su análisis, los dos exaltos cargos citados acordaron requerir a los titulares de las cuentas por incumplimiento de sus obligaciones tributarias. Un procedimiento mucho más laxo que si les hubiesen abierto un procedimiento de inspección, ya que les permitía regularizar su situación fiscal y evitar, en algunos casos, el delito fiscal y la cárcel. Una suerte de amnistía fiscal no declarada.

Es lo que ocurrió con Emilio Botín, que figuraba en el listado como titular de una cuenta con un saldo de 82 millones de dólares. A partir de un requerimiento por esa única cuenta el expresidentes del Banco de Santander, ya fallecido, sus hijos, hermanos y sobrinos pagaron 200 millones de euros para regularizar su situación con el fisco. Es decir, declararon otros fondos de manera ‘espontánea’. Como los Botín, la mayoría de las personas que recibieron el requerimiento presentaron declaraciones voluntarias. A las que no lo hicieron se les abrió un procedimiento de inspección, y aquellos casos en los que la deuda superaba los 120.000 euros, frontera del delito fiscal, se pusieron en conocimiento de la fiscalía.

“Lo que no puede hacer Hacienda es cerrar la vía penal contra los defraudadores, que es lo que ha hecho en este caso”, dice el abogado Fernando Llagas, del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que se ha querellado contra los dos exaltos cargos antes citados. La querella fue inicialmente desestimada por la jueza Romero, a quien la Audiencia Provincial obligó el pasado febrero a admitirla a trámite e iniciar la investigación. Tras el interrogatorio de los dos únicos imputados, la instructora ha solicitado a Hacienda que le facilite todo el expediente en el que se sustenta la decisión de no actuar contra los defraudadores.