Lo que es (y lo que no es) el ‘derecho al olvido’

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Foto: Santeri Viinamäki

El llamado ‘derecho al olvido’ es la solución propuesta a una de las consecuencias de la digitalización masiva de datos y el irresistible desarrollo de Internet: nunca antes hemos estado tan expuestos en línea. Es el derecho a impedir la difusión de información personal por internet, incluso si la publicación original es legítima, si ya no tiene relevancia ni interés público.

La expresión ‘derecho al olvido’ proviene de una traducción más o menos afortunada de la expresión del ámbito anglosajón ‘the right to be forgotten’. No es un derecho absoluto: tiene límites como el respeto al derecho a la información, siempre que ésta sea de relevancia pública y veraz. Y en principio no afecta a las publicaciones originales, sólo a su difusión. En concreto, a los buscadores y sus índices.

En realidad, el ‘derecho al olvido’ no es un derecho en sí sino un conjunto de derechos; es parte de una protección mucho más amplia, la protección de los datos personales.

España cuenta con una normativa, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que desarrolla el artículo 18.4 de la Constitución. Al respecto, se reconocen cuatro derechos ‘personalísimos’, es decir, que sólo los puede ejercer su titular: los de acceso, rectificación, oposición y cancelación. El ‘derecho al olvido’ realmente no incorpora nada nuevo sobre el contenido de estos derechos -que ya estaban reconocidos en España- sino que se entiende como una proyección del derecho de cancelación y el derecho de oposición, dependiendo de cada caso.

Otra cosa son las dificultades que surgen a la hora de aplicar esos derechos en un mundo cada vez más digitalizado. Existe un riesgo de que se generen situaciones contrarias a la libertad de información -la imposibilidad de recuperar información relevante ‘online’-, pero también puede suceder que los ciudadanos se vean indefensos a la hora de construir su identidad digital y de controlar la enorme cantidad de información que habita en la red.

En este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional -si hay recurso contra la decisión de la citada agencia- y en ultima instancia el Tribunal Supremo son quienes establecen los límites del ‘derecho al olvido’ y el equilibrio que ha de guardar con otros derechos.

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Foto: Jeff Sheldon / Unsplash

Hace justo un año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia clave relacionada con el llamado caso Costeja, y que establecía tres criterios para aplicar el llamado ‘derecho al olvido’:

1) Cualquier ciudadano puede dirigirse a un buscador de Internet para que cancele o modifique los datos que ‘indexa’. Normalmente los buscadores son la puerta de entrada a internet para cualquier usuario medio, y en el caso de España es mayoritariamente Google.

2) Los buscadores sí realizan un tratamiento de datos. “La propia presentación de datos personales en una página de resultados de una búsqueda constituye un tratamiento de tales datos”, dice la sentencia.

3) Se aplica la normativa comunitaria a cualquier buscador que disponga de oficinas en la Unión Europea. En el caso de Google, que como buscador sí realiza un tratamiento de datos, sus filiales en Europa son consideradas “establecimientos”. Aunque la actividad de búsqueda no realiza tratamiento de datos personales en España, el TJUE considera sí se realizan “en el marco de las actividades” de dicho “establecimiento”.

El TJUE consideró que los derechos de los afectados prevalecen sobre el interés económico de los buscadores y sobre el interés de los internautas en acceder a información personal por ese cauce. Pero también reconocía se ha de abordar caso por caso para encontrar un “justo equilibrio”, que depende sobre todo de la naturaleza de los datos, del interés público por que se conozcan y del papel que el afectado desempeñe en la vida pública.

Esta sentencia fue clave para entender cómo se están resolviendo los casos de ciudadanos que ejercen el ‘derecho al olvido’ digital.

Desde el 29 de mayo de 2014, fecha en la que Google puso en marcha una herramienta ‘online’ para facilitar a los ciudadanos la solicitud de retirada de direcciones del índice del buscador, de los resultados de Google para España se han retirado 23.771 enlaces, un 37,5% de las solicitudes.

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Fuentes de la AEPD informan de que hasta la fecha la Audiencia Nacional ha dictado 72 sentencias en los recursos que se encontraban pendientes de resolución como consecuencia de la decisión del TJUE. En un total de 54 de ellas se ordenó la desindexación de la información a la que se refería el recurso. En 14 ocasiones la Audiencia Nacional estimó el recurso y en 4 de ellas se produjo la estimación parcial.

“A estas cifras hay que sumar que Google ha desistido de 136 recursos que estaban pendientes de resolución”, comentan desde la AEPD, “lo que supone la confirmación de las resoluciones de la Agencia en más de un 90% de los casos que estaban pendientes”.