Marcha atrás en la Ley Torquemada

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Imagen de un centro de datos. (Reuters)

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afina, tras su paso por el Senado (PDF), el control en lo que respecta a las investigaciones de los delitos informáticos. Con la nueva redacción, el agente encubierto en Internet necesitará “autorización específica” para poder intercambiar “por sí mismo” archivos ilícitos por su contenido.

A tres meses de las elecciones generales, y gracias a una enmienda transaccional en la Cámara Alta, el texto de la reforma llega con un refuerzo de las garantías procesales, sobre todo en lo que toca a las investigaciones en las que se utilizan nuevas tecnologías (agentes encubiertos online, troyanos policiales de vigilancia, etc.).

Esta norma fija, por primera vez de forma exhaustiva, bajo qué criterios se pueden intervenir comunicaciones electrónicas y utilizar nuevas herramientas digitales, siempre con autorización judicial.

En la última versión del texto se ha restringido la amplitud con la que se había redactado el precepto inicial, que decía literalmente: “El agente encubierto electrónico podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos, siendo posible en tal caso el análisis de los algoritmos asociados a dichos archivos”.

Al ser tan amplio, dicho precepto podría haber abarcado cualquier tipo de comportamiento en la Red, como por ejemplo el intercambio de material pedófilo, y existía el riesgo de que el agente encubierto incurriera en una incitación al delito, lo que hubiera sido inconstitucional.

“Autorización especifica”

Ahora, la enmienda introduce en la redacción del articulo 282 bis 6 la obligación de que exista “una autorización especifica” para que dicho agente encubierto pueda intercambiar material ilícito en internet.

De forma más amplia, la reforma -que no en vano se refiere a “la regulación de las medidas de investigación tecnológica”- obligará a los agentes a detallar al juez qué datos se persigue recabar, mediante qué instrumentos y qué duración tendrá la medida.

Según el abogado Carlos Sánchez Almeida, “hay que congratularse por este cambio introducido por el Senado, en la medida que la exigencia de autorización judicial específica para compartir archivos ilícitos aumenta las garantías procesales y evita la posibilidad de delitos provocados”. “No obstante”, añade dicho letrado especializado en internet y nuevas tecnologías, “la reforma en su conjunto es muy dura en materia de delitos informáticos, que se equiparan procesalmente a los casos de terrorismo y delincuencia organizada”.

Otros puntos polémicos de esta ley

Detención incomunicada (art. 509): Se mantiene la posibilidad de que el juez decrete prisión incomunicada durante un máximo de cinco días, prorrogables a otros cinco (en total, 10) “cuando se trata de causas por delitos de terrorismo o delincuencia organizada”. Éstos últimos, según la norma, son los “cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas”.

Instalación de troyanos (art. 588 septies a): Se habilita el uso de programas espías para registrar de forma remota ordenadores o sistemas informáticos. Se podrá utilizar este tipo de herramienta, naturalmente sin conocimiento del afectado, en investigaciones de delitos de terrorismo -el Código Penal considera como “terrorismo” filtraciones o difusión de consignas en internet-, contra menores, contra la Constitución y cualquier delito cometido “a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación”.

Instalación de dispositivos de localización (art. 588 quiquies b): La norma prevé habilitar a los agentes para colocar dispositivos secretos de localización sin autorización judicial previa, pero siempre que “concurran razones de urgencia que hagan razonablemente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización se frustrará la investigación”. Después se establece un plazo máximo de 24 horas para que el juez ratifique o acuerde el cese de la medida.

Las ‘penas de telediario’ (art. 520 1): Una de las disposiciones más mediáticas de la reforma de esta ley contempla adoptar las “medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen” de los afectados tanto en el momento de su detención como en traslados ulteriores. Se trata de evitar imágenes como las del cogotazo a Rodrigo Rato o la detención de Isabel Pantoja, por poner dos casos recientes con gran impacto en la opinión pública. Tras su paso por el Senado, el texto queda muy matizado al incluir “el respeto al derecho fundamental a la libertad de información”, por lo que es probable que sigamos viendo imágenes de personajes públicos acompañados por los agentes.

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