Ley de Seguridad Nacional: la democracia en rebajas

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Los firmantes de este artículo critican que el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional mantenga una redacción ambigua sobre si, de agravarse el conflicto catalán, el Presidente del Gobierno podría, sin control parlamentario, declararlo como una “situación de interés para la Seguridad Nacional” que supondría “la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia”.

* Firman también esta tribuna: Emilia Sánchez, Inmaculada Ranera, Nacho Corredor, Helena Ancos, Gina Giró, Carlota Reboll y Nagore de los Ríos

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Quienes firmamos esta tribuna no estamos de acuerdo acerca de si Cataluña debe ser independiente, ni tampoco en si corresponde sólo a los catalanes decidirlo. Sin embargo, sí estamos de acuerdo en que la democracia es el valor supremo para resolver las disensiones políticas, y en que incluso quienes persiguen fines antagónicos deben intentar buscar los procedimientos más garantistas para debatir y decidir, pese a que a veces no sea fácil determinar qué es “lo más democrático”.

En consecuencia, en lo que sí estamos todos de acuerdo es en rechazar que el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional –que ahora se debate en el Congreso de los Diputados– mantenga una redacción ambigua sobre si, de agravarse el conflicto catalán, el Presidente del Gobierno podría, sin control parlamentario, declararlo como una “situación de interés para la Seguridad Nacional” que supondría “la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia”.

También estamos de acuerdo en denunciar que este Proyecto de Ley –que sin duda es útil en otras disposiciones para enfrentarse a la amenaza terrorista– pretende, con eufemismos (como “situación” en vez de “estado”) y otros atajos jurídicos, dejar en manos del Gobierno medidas para las que la Constitución exige autorización parlamentaria: a través de los estados de alarma, excepción o sitio, si de manera general se altera la “normalidad”; o específicamente a través del procedimiento del artículo 155 de la Constitución Española para intervenir el funcionamiento de una Comunidad Autónoma en caso de incumplimiento de sus obligaciones legales o actuación contra el interés general de España.

Sí estamos de acuerdo en no desear que se lleguen a aplicar esos supuestos: unos porque esperamos que no sea necesario porque el independentismo se repliegue tras un fracaso el 27-S, otros porque deseamos que triunfe y no se obstruyan sus reivindicaciones, y otros porque en caso de vencer el independentismo esperamos que se abra un proceso de negociación política que facilite la convivencia entre las partes. No estamos, pues, de acuerdo en si se debería recurrir al artículo 155 en caso de agravarse el conflicto.

Sí estamos de acuerdo, no obstante, en que este artículo supone unas mayores garantías democráticas de contraste (antes de actuar el Gobierno debe haber un requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma), y de debate y control por el cuerpo político (se exige la aprobación previa por mayoría absoluta del Senado), frente a la decisión unilateral gubernativa que sería posible de aprobarse el Proyecto de Ley en trámite.

Desgraciadamente, este miércoles por la mañana la Comisión Constitucional (ni siquiera han considerado adecuado que se votara por el Pleno) ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Seguridad Nacional con votos favorables del PP, PSOE y UPyD. Sus defensores indican que no tiene “nada que ver” con el conflicto catalán, pero lo que cuentan no son las declaraciones, sino el texto de una ley deliberadamente ambiguo, que azuza la desconfianza en esta cuestión a la vez que debilita los procedimientos democráticos para resolverla. Pasa ahora al Senado donde, pese a la costumbre de que los proyectos gubernamentales se tramiten en un paseo triunfal, esperemos que se devuelva el Proyecto de Ley para defender una de las pocas competencias propias de la Cámara Alta: pronunciarse en los supuestos de conflicto con las Comunidades Autónomas que recoge el artículo 155 de la Constitución.

* Firman también esta tribuna otros miembros del Foro Más Democracia: Emilia Sánchez, Inmaculada Ranera, Nacho Corredor, Helena Ancos, Gina Giró, Carlota Reboll y Nagore de los Ríos