La UCO investiga a un alto cargo de Madrid por filtrar información a la Púnica a cambio de trabajo

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Francisco de la Orden Gómez, ex subdirector de Infraestructuras Judiciales, filtraba a David Marjaliza las adjudicaciones públicas que la Comunidad de Madrid iba a sacar a concurso para que se presentarse Cofely, la multinacional energética acusada también de pertenecer a la trama. A cambio de esta información privilegiada, el funcionario de la Comunidad de Madrid pedía a los cabecillas de la Púnica que le garantizasen un puesto de trabajo por si el PP perdía las elecciones el 24 de mayo. 

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La Guardia Civil investiga a un funcionario de la Comunidad de Madrid por filtrar información privilegiada a la trama Púnica y centra sus miras en la consejería de Justicia y Presidencia, controlada por Francisco Granados durante dos legislaturas (2004 – 2011). Según  la tesis de los investigadores, fue la ‘mano derecha’ de Esperanza Aguirre, en prisión preventiva desde el 27 de octubre, quien benefició a las empresas de su socio y testaferro, David Marjaliza, también encarcelado. Granados abandonó la política cuando se descubrió que había tenido una cuenta en Suiza, pero mantuvo intacta la relación con determinados funcionarios de la administración autonómica para que empresas de su entorno más íntimo siguieran beneficiándose de contratos públicos. Solo en los últimos dos años, el Ejecutivo madrileño que entonces presidía Ignacio González adjudicó a la empresa energética Cofely, en el epicentro de la trama, contratos valorados en 3,4 millones de euros.

El sumario de la Operación Púnica recoge una llamada entre el empresario Marjaliza y  Francisco de la Orden Gómez, ex subdirector de Infraestructuras Judiciales, dependiente directamente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.  En la conversación, realizada el 5 de agosto de 2014, el funcionario muestra su temor ante un previsible cambio político en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y deja entrever que, de confirmarse la salida del PP de la institución, las empresas de la trama se quedarían sin negocio. La conversación que ambos mantuvieron es la siguiente:

F. O. G.: Va a haber un derribo por liquidación.

D. M. V.: Claro, todo el mundo piensa que se va a perder y que va a haber lío.

F. O. G.: Claro, y entonces todo el mundo va a barrer. Por eso te decía que sería interesante en algún sitio donde efectivamente pudiéramos estar.

D. M. V.: Vale, vuelvo a decírselo. Yo le veré mañana o pasado. Antes de que se vaya que él también… (se corta la llamada).

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogen que, “a juicio policial y considerando el conjunto de las llamadas se deduce que, ante la proximidad de las elecciones autonómicas, existen previsiones de descalabro electoral de tal modo que habría cargos públicos buscando rentabilizar  el tiempo que le quedaría en la administración o tratando de buscar alguna alternativa profesional anterior”.

Reunión en San Bernardo

Los agentes de la UCO monitorizaron durante semanas las llamadas entre Marjaliza y este funcionario de la Comunidad de Madrid. “Necesito hacerte una pregunta in person y prefiero mirarte a los ojos”, le dijo Marjaliza el 12 de agosto. Una semana después, Francisco de la Orden vuelve a llamar al empresario de Valdemoro y le muestra la página 80 de un Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. “La página hace mención a un contrato de instalación de luminarias y equipos de ahorro de energía en municipios de menos de mil habitantes, por valor de 1.328.209 euros, que se enmarca en el sector de negocio de Cofely”, detalla la Guardia Civil en sus informes.

Dos días después de este cruce de llamadas, empresario y funcionario quedan en la madrileña Glorieta de San Bernardo. Fue visto y no visto. Cinco minutos que quedaron grabados por un equipo de vigilancia de la UCO, como atestiguan estas dos imágenes:

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Una semana después, el 3 de septiembre de 2014, Marjaliza recibe otra llamada del trabajador público. En ella, el socio de Francisco Granados confirma que Cofely se va a presentar a un concurso recomendado por el funcionario. “Vale, vale, dime quién es porque nuestro amigo ya está avisado” confirma el empleado de la Comunidad de Madrid, que también le adelanta que la administración va a sacar otros cuatro millones de euros en contratos más pequeños. “Se van a sacar a gestión directa. Lo que pasa es que son cuantías más pequeñas, de 700, 800 […] Hay unos tres o cuatro preparados ahí. Ahí sí que el que hablamos el otro día no tiene nada que ver”, detalla.

Enchufe

Poco después y, según recogen los informes policiales, el empresario hace una petición directa a Marjaliza: “Y escucha, ya por último una cosa. Yo te hago de vez en cuando esta pregunta, pero es que te la tengo que hacer porque es que si no tengo que buscar cualquier otra solución porque no puedo seguir donde estoy […] Entonces David, la pregunta que te hago es muy clara y muy directa y no quiero ponerte a ti en ningún compromiso ni a nadie. Yo lo único que quiero saber es si el que vas a poner todavía puede mover algún hilo para que a mí me puedan mover de ahí”. La respuesta de Marjaliza fue fría: “Yo, en mi opinión como persona física, yo creo que no.  Ahora, otra cosa es que hable con él y me diga que en algún lado específico sí.  Pero yo creo que ahora mismo está todo demasiado denostado y demasiado tirado como para empezar a pedir favores”.

A juicio de los investigadores, “a través de esta llamada se constata que el funcionario, de un lado facilita cierta información sobre contratación pública y del otro, le pide un favor de tal modo que cada conducta se puede interpretar como contrapunto de la otra. Aluden a una tercera persona que supuestamente podría influir en dichos contratos y a un amigo en común”.  Un interrogante que sigue abierto y que todavía investiga la Audiencia Nacional.