La Fiscalía del Supremo pedirá anular la sentencia absolutoria del Prestige

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La Fiscalía va a pedir al Tribunal Supremo que anule la sentencia del ‘caso Prestige’ para que la Audiencia Provincial de A Coruña la redacte de nuevo teniendo en cuenta otras pruebas contra el capitán del buque. Sólo si se produce una condena por delito medioambiental, las aseguradoras del Prestige deberán pagar indemnizaciones.

Foto: Efe

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La Fiscalía va a pedir al Tribunal Supremo que anule la sentencia del ‘caso Prestige’ para que la Audiencia Provincial de A Coruña la redacte de nuevo teniendo en cuenta otras pruebas contra el capitán del buque. Sólo si se produce una condena por delito medioambiental, las aseguradoras del Prestige deberán pagar indemnizaciones.

En una vista señalada para mañana, martes, la Fiscalía instará la devolución de la causa a la Audiencia de A Coruña con la pretensión de que condene al capitán del Prestige por un delito medioambiental. El buque se hundió en las costas gallegas en noviembre de 2002, provocando una auténtica marea negra que afectó a casi 2.000 kilómetros de costa española y francesa. El vertido de la carga causó una de las catástrofes medioambientales más graves de la historia de la navegación, tanto por la cantidad de fuel vertido como por la extensión de la zona afectada.

El máximo responsable del petrolero, Apostolos Mangouras, fue condenado por los jueces gallegos exclusivamente por un delito de desobediencia por desoír las órdenes de las autoridades españolas a la hora de facilitar el remolque del barco después de que se produjese la primera fuga de fuel, el día 13 de noviembre del citado año.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la conducta de Mangouras fue mucho más grave, hasta el punto de constituir un delito medioambiental. El fiscal defenderá en la vista que era plenamente consciente de que la nave no reunía los requisitos necesarios para transportar las 64.000 toneladas de fuel-oil cargado.

Según fuentes jurídicas consultadas por el EL ESPAÑOL, la Fiscalía del Supremo considera que el tribunal que juzgó el asunto en 2013 no tuvo en cuenta pruebas relevantes que ponen de manifiesto que el capitán no debió transportar tales toneladas de petroleo en un buque que no reunía condiciones.

Hay varios documentos que, para el Ministerio Fiscal, son claves para poder condenar a Mangouras y que la Audiencia no analizó. En la sentencia gallega no se tuvo en cuenta la inspección interna que se llevó a cabo semanas antes de que el barco zarpara desde la ciudad rusa de San Petersburgo, con parada en Letonia. El informe de la inspección recogía varias deficiencias.

La Fiscalía se queja de que el tribunal tampoco tuvo en cuenta el testimonio de otro capitán que tuvo el Prestige, Stratos Kostazos, sustituido por Mangouras después de negarse a llevar el buque. En el juicio, Koztazos reconoció que la nave estaba “condenada” por todas las deficiencias que acarreaba debidas a su antigüedad, como la corrosión de los tanques que transportaban el fuel.

Por su parte, la Abogacía del Estado solicitará al alto tribunal que, a la vista de los hechos declarados probados en la sentencia de la Audiencia Provincial, Mangouras sea condenado por un delito medioambiental sin tener que devolver el asunto al tribunal gallego para que redacte de nuevo la resolución.

Batalla por la indemnización

La Fiscalía y el abogado del Estado consideran que, con la condena del capitán de origen griego, se abriría la posibilidad de exigir cerca de 4.000 millones de euros en indemnizaciones tanto en beneficio del Estado como para compensar los notables daños causados por el vertido a ciertos sectores, como el pesquero. Hubo denuncias de más de 1.500 damnificados.

De prosperar la tesis del fiscal y del defensor del Estado, las aseguradoras del buque serían las que tendrían que hacerse cargo del pago de esas indemnizaciones.

Los magistrados que juzgaron el caso en A Coruña entendieron que no se había podido demostrar que los acusados quisieran hundir el buque ni que conocieran sus deficiencias estructurales ni las causas de estas. Llegaron a la conclusión de que no actuaron dolosamente (esto es, de forma intencionada) y que su imprudencia relativa, en caso de existir, ni fue eficiente ni se demostró y en ningún caso fue grave. Cerraron, así, la vía de las indemnizaciones.

Junto a Mangouras, para quien se llegó a pedir doce años de prisión, también fueron acusados otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas, así como José Luis López-Sors, ex director general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento.

El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Finisterre (A Coruña), el Prestige, que operaba bajo bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un inmenso vertido de fuel que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia. Se trataba de un barco de un solo casco construido en Japón 26 años antes de la catástrofe. En virtud de la legislación internacional sobre doble casco, adoptada por la Unión Europea, este buque hubiera debido dejar de navegar en marzo de 2005 y, por tanto, estaba cerca de terminar su ciclo de vida útil cuando naufragó.