El Gobierno reforma “manu militari” el islam en España

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Ryad Tatari, de la Unión de Comunidades Islámicas de España, y Mounir Benjelloun, de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas.

El Gobierno español quiere poner orden en las filas del 1,8 millones de musulmanes –casi el 4% de la población–residentes en España. Considera que su representación ante el Estado no funciona y se dispone a legislar para, asegura, poder contar con un interlocutor válido con el que, por ejemplo, estudiar y poner en práctica iniciativas que impidan la radicalización, especialmente de los más jóvenes.

Para ello creará la figura de Presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), el órgano de representación de los musulmanes ante el Estado, y eliminará los dos cargos de secretarios generales que hay en la actualidad. A partir de ahora el presidente será el único interlocutor para “dirigir y coordinar” las relaciones de los musulmanes españoles con la administración.

El presidente dispondrá de amplios poderes y será elegido por una comisión permanente compuesta por 25 miembros. El Real Decreto que ha elaborado el Ministerio de Justicia impondrá así unos nuevos estatutos a la CIE que, asegura, “reflejan la nueva realidad” y favorecerán “su papel de representante de todos los musulmanes residentes en España”. 

La intención del Ejecutivo, de reformar “manu militari” sus relaciones con el islam en España, ha desatado una gran polémica en el seno de las comunidades islámicas y entre expertos en derecho eclesiástico. “¿Se atrevería el Gobierno a decir a la Conferencia Episcopal cómo debe designar a sus obispos?”, se pregunta sorprendido Juan Ferreiro, catedrático de derecho eclesiástico de la Universidad de A Coruña. “Pues eso es lo que un Estado aconfesional como el español quiere imponer a los musulmanes”, recalca. “¡Es intervencionismo!”.

“Es grave porque supone una injerencia inconstitucional en la organización de las confesiones religiosas”, sostiene José María Contreras, profesor de derecho eclesiástico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. “Viola, por un lado, el principio de laicidad del Estado y, por otro, los derechos de libertad religiosa y asociación sin que la causa para hacerlo sea legítima ni proporcional”, añade.

El ministro de Justicia Rafael Catalá.

Desde el Ministerio de Justicia se insiste, sin embargo, en que es constitucional y que se ha tomado tal iniciativa a petición de numerosas comunidades islámicas hartas del bloqueo que, desde hace más de dos décadas, impide el desarrollo del Acuerdo que en 1992 el Estado suscribió con los representantes musulmanes y que les otorga amplios derechos.

El ministro de Justicia Rafael Catalá ha convocado, el 16 de septiembre, a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (CALR), en la que participan las principales confesiones religiosas, para informarle del Real Decreto que reorganiza por completo la CIE. A continuación Catalá elevará el decreto, en principio antes de finales de septiembre, al Consejo de Ministros.

Tatari versus Benjelloun

Dos congregaciones regentan ahora la CIE cuya estructura es bicéfala. La mayoritaria es la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), que dirige desde hace casi un cuarto de siglo el imán Ryad Tatari, español de origen sirio. El Ministerio del Interior le coloca “en la órbita de los Hermanos Musulmanes”, el movimiento fundado en 1928 por el egipcio Hassan el Banna para renovar el islam y luchar pacíficamente contra la influencia de Occidente. Tatari niega cualquier relación con ese movimiento.

La minoritaria es la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), que encabeza desde hace seis años Mounir Benjelloun, español de origen marroquí, apoyado por un nutrido grupo de conversos españoles. El Ministerio de Justicia vincula a Benjelloun con Justicia y Espiritualidad (JyE), el movimiento islamista no violento de oposición a la monarquía marroquí. Benjelloun no niega que comparte su filosofía, pero desmiente cualquier relación orgánica con sus correligionarios en Marruecos.

“Esta estructura bicéfala unida a la falta de entendimiento entre ambas federaciones (UCIDE y FEERI) ha impedido a la Comisión Islámica de España situarse como órgano representativo del islam e interlocutor eficaz ante el Estado para el seguimiento del Acuerdo de 1992”, señala el preámbulo del Real Decreto. El Acuerdo, que tiene rango de ley, apenas se ha desarrollado lo que perjudica a los musulmanes.

El bloqueo de la Comisión Islámica de España, a causa de la animadversión entre sus dos secretarios generales actuales, Tatari y Benjelloun, reviste ahora más gravedad, según fuentes cercanas a Catalá. “El Estado”, insisten, “necesita urgentemente un interlocutor musulmán representativo para estudiar y aplicar medidas que aborten la radicalización” y otras muchas relacionadas con la enseñanza del islam en los colegios, la formación de los imanes…

“Es una intervención autoritaria”

Benjelloun ha puesto el grito en el cielo mientras que Tatari se declara “en principio favorable” a la resolución de Catalá porque “es un mal menor que pondra algo de orden”. “Es una intervención autoritaria en los asuntos internos de los musulmanes de España”, denunció en cambio Benjelloun al teléfono. “Es totalmente inaceptable”, prosiguió. Anuncia que convocará manifestaciones ante Justicia y acudirá a los tribunales para impugnar el decreto. Éste “aumentará la desconfianza hacia el Estado y fomentará la radicalización”, vaticina.

Benjelloun sospecha además que, en el fondo, se trata de una maniobra para colocar a Tatari, su eterno rival, al frente de la Comisión Islámica porque siempre se ha mostrado menos reivindicativo a la hora de exigir que se pongan en práctica los derechos de los musulmanes recogidos en el Acuerdo de 1992.

A lo largo de los últimos años las autoridades de Rabat han reprochado a las españolas subvencionar a la FEERI de Benjelloun para llevar a cabo sus actividades en España, mientras que en Marruecos los islamistas de Justicia y Espiritualidad son un movimiento ilegal aunque tolerado en algunas ocasiones. “Vosotros ayudáis a los mismos que nosotros perseguimos aquí”, es una queja repetida con frecuencia por responsables marroquíes ante sus interlocutores españoles.

En 2011, Justicia ya promulgó un Real Decreto para obligar a la Comisión Islámica de España a abrir la puerta a comunidades religiosas que deseaban ingresar en ella. Aun así UCIDE y FEERI siguen siendo, cuatro años después, hegemónicas, y también antagónicas, en el seno de la institución que representa a los musulmanes ante el Estado.

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Lea el proyecto de Real Decreto