Carmen Arranz no puede votar

Votó en todas las elecciones entre 1978 y 2002. Entonces un juez declaró su incapacidad total y le arrebató su derecho a votar. Unas 80.000 españoles sufren el mismo problema. Las asociaciones acusan al Gobierno de no cumplir la legislación internacional.

Reportaje gráfico: Dani Pozo

Reportaje a María del Carmen Arranz.
© Dani Pozo

Votó en todas las elecciones entre 1978 y 2002. Entonces un juez declaró su incapacidad total y le arrebató su derecho a votar. Unas 80.000 españoles sufren el mismo problema. Las asociaciones acusan al Gobierno de no cumplir la legislación internacional.


Carmen Arranz tiene 59 años y sufre parálisis cerebral. Luce el pelo corto y castaño, un jersey en tonos azules y grises y una sonrisa perenne durante las casi dos horas que dura la conversación. Me recibe en el salón, al final de un largo pasillo, sentada en uno de los dos sillones marrones y delante de una mesa de cristal en la que se mezclan revistas de animales. Carmen votó en todas las elecciones desde 1978 hasta 2002. Entonces una sentencia declaró su incapacidad total y le arrebató también su derecho a voto de acuerdo con una ley española y en contra de la legislación internacional.

La madre de Carmen se llama igual que ella y no se le notan los 80 años. Es manchega y nació en Villafranca de los Caballeros. Tiene otra hija que ejerce como médica y vive en Talavera de la Reina. Su nieto está preparando el proyecto de fin de carrera. Su marido desapareció hace seis décadas del mapa familiar.

La madre prepara ahora los papeles para la declaración de la renta y el recurso de aquella sentencia que dejó a su hija mayor sin poder votar.

2015 es año de elecciones. Pero no todos los ciudadanos podrán votar. Unos 80.000 tienen restringido este derecho fundamental. Son aquellas personas a las que el Estado les reconoció una incapacitación parcial o total. Un convenio de la ONU respalda su derecho a voto. Pero por ahora no lo reconoce la legislación española, que según los juristas consultados incumple el Derecho internacional.

La madre de Carmen solicitó la incapacitación total hace 13 años. Su objetivo era proteger a su hija. Al llegar a casa los papeles. Tenían 15 días para decidir si aceptaban la incapacitación total que le proporcionaba el juez. “Entonces no se dio cuenta de lo que decía y yo llevo ya 13 años sin poder votar”, dice Carmen.


Reportaje gráfico: Dani Pozo

La semántica

Carmen no vacila ni se enfada cuando relata su situación o cuando me enseña la carta que le envió el político Ricardo García Damborenea en 1995 con una disculpa por haber llamado subnormales a los etarras.

Aquello suena a otra época. Hoy la semántica ha avanzado hasta un término más correcto. “La terminología crea un mundo de percepción. Lo correcto es decir ‘persona con discapacidad'”, afirma Leonor Lidón, delegada del CERMI, la asociación que engloba todas las organizaciones dedicadas a las personas con discapacidad. Entre las funciones del CERMI se encuentra velar por el cumplimiento de la convención sobre los derechos de personas con discapacidad, que España firmó hace siete años.

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A pesar de ratificar la norma, España no ha modificado su ley electoral para aplicarla y tiene a unas 80.000 personas sin poder ejercer uno de sus derechos fundamentales.

Inés de Araoz, asesora jurídica de FEAPS, la Confederación española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, lo explica en términos jurídicos. “Al ser un tratado internacional, la convención está por encima de las leyes orgánicas”, dice Araoz. “Los acuerdos internacionales son de aplicación directa, y la ley dice que hay que adoptar las medidas necesarias para que se cumplan. En este país estamos aplicando la normativa interna aun cuando es contraria al tratado”.

Entre los afectados se encuentra el hijo de Juan, que prefiere mantener su nombre real en el anonimato. “Hay que saber diferenciar entre una discapacidad intelectual y una enfermedad mental”, dice con rabia. “Mi hijo tiene un ligero retraso del 33%. Como protección, existe una medida, la incapacitación jurídica, para que nadie pueda jugar con su ingenuidad ni engañar con su patrimonio.”

A Juan le recomendaron ir a juicio para proteger a su hijo. Esto implicaba el doloroso trance de demandarle y pedir una curatela o incapacitación parcial. Pero el juez decretó una incapacitación total que le quitó, entre otras cosas, su derecho a  participar en la vida política y poder votar.

Juan explica que a su hijo le preguntaron por el cambio del euro al dólar. “¿Qué persona de la calle sabe eso? ¡Yo no!”, se queja. “Mi hijo no es ningún enfermo”, dice Juan. “Tiene una discapacidad y un nivel de inteligencia que es tan válido como otro. Sólo puedo entenderlo por dejadez. Sería execrable que hicieran esto por voluntad política. A mi hijo le han matado civilmente”.

“El acceso a la justicia de esa persona a la que se le va a modificar la capacidad no es adecuado”, explica Leonor Lidón. “El artículo 13 de la convención explica que los procesos han de ser accesibles. Hay que adaptar los procesos para las diferentes personas. Es como si a cualquiera de nosotros nos detienen en Alemania. No entenderíamos nada”.

El caso de Carmen es muy similar.

Ella y su madre pidieron una sentencia para que se protegiera a la persona con discapacidad, no para que se eliminaran sus derechos. “Hemos ido a todos los juzgados habidos y por haber”, explica la madre, que quiere dejarlo todo preparado para cuando ella falte. Tiene 80 años y un piso en el que sus dos hijas podrían vivir juntas pero no revueltas. “Carmen no puede vivir sola”, dice. “En los juzgados nadie sabe nada. Lo de los juzgados es un numerito”.

“Es muy politiquera”

A Carmen la política le interesa desde siempre. Sobre todo “las cosas que se pueden hacer bien para otras personas”.

Le interesa tanto que en ocasiones su madre la frena cuando saca el tema. Sigue con atención las campañas electorales y a veces sincroniza el ordenador con la tele para leer los programas de los partidos en una pantalla grande.

Los conoce todos pero no dice a quién apoyaría si le dejaran votar. “El voto es secreto”, sonríe.

En su casa ya no vota nadie. Sus sobrinos pueden pero se niegan a hacerlo hasta que ella recupere su voto. Tampoco su madre, su hermana o su cuñado.

“¿Qué es votar?”, se pregunta Leonor Lidón, delegada del CERMI. “Votar es opinar. Si todos los votos valen lo mismo, valen lo mismo. Y si yo decido que no, hay una discriminación. Durante muchos años los jueces se han apoyado en que [las personas con discapacidad] son personas manipulables pero todos somos manipulables. Todos tenemos mecanismos de apoyo y pedimos consejo a nuestro alrededor al comprar una casa o un coche o al tomar una decisión importante. Todos somos manipulables”.

“Yo he leído por internet que los presos pueden votar por correo y ellos también pueden estar manipulados”, dice Carmen. “Si los presos votan, a ver por qué los que no hemos hecho nada no podemos votar”.

“Si yo fuera presidenta”

“Ahora estoy haciendo un escrito en el que explico qué haría si yo fuera presidenta”, dice Carmen. “A lo mejor lo publico en un folleto”.

-¿Y qué harías?

-No haría reformas. Haría formas para gobernar mejor. Yo cogería a todos y formaría un Gobierno con todos.

Carmen crearía un ministerio de la Felicidad donde mete a algunos de Podemos y uno de Historia y Memorias donde sitúa a Julio Anguita. Uno de Agricultura que dirigiría el duque de Alba y uno de alimentación para Ana Obregón “porque es bióloga”.

“Los ministros no cobrarían un duro porque ya tienen renta”, dice Carmen convencida. “La banquera sería la hija de Botín y en Fomento pondría al padre de Susanita, un albañil del pueblo que es fenomenal”.

Mientras, en la mesa se acumulan sus cartas a los periódicos, una foto antigua con Verstrynge y otra con Antonio Buero Vallejo, entre otros recuerdos de estos 59 años cumplidos el pasado 6 de abril.

Reportaje a María del Carmen Arranz. © Dani Pozo

Derecho a morir

“Yo le he dicho muchas veces a mi hija que su salida hubiera sido la pintura”, dice la madre. “Pero luego se nos ha ido el tren a las dos. A mí por falta de tiempo y a ella porque se va a las pantallas”.

Carmen se ríe y me cuenta que se le ha estropeado el ordenador. Nunca ha expuesto sus pinturas pero a veces las sube a Facebook. Aquí tiene colgado un cuadro que ilustra la Pradera de San Isidro y que está copiado de una foto antigua.

“Yo he ido a muchos cursos para buscar trabajo”, explica. “Pero digo yo que lo primero es enseñarnos a trabajar, o buscar nuestro punto más fuerte. El mío por ejemplo es el color. Lo mío es pintar. Aunque también me gustaría aprender a encajar ordenadores. Saber cómo es un televisor o un ordenador por dentro o ser capaz de crear un teléfono móvil que funcione con luz solar”.

Carmen habla mientras su madre hace llamadas y grapa los papeles de la declaración de la renta. Están haciendo obras en la comunidad y en las escaleras del portal hay algún cable suelto. Entre las palabras se cuelan los silbidos de Esmoquin y Pío, los dos canarios canosos que observan desde el primer piso el barrio de Tetuán.

“Yo no tengo derecho a morirme”, dice la madre de Carmen. “Y eso que tengo el record de cosas para haberme muerto: me han operado del corazón, soy diabética… Pero mi mayor preocupación (si mi hija va a estar atendida el día en que yo falte) no está resuelta. ¿Y si su hermana falta antes que yo? Yo busco en los políticos lo mismo que busca mi hija: sensibilidad y humanidad”.