Anticorrupción no vio motivos para actuar contra Rato

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) llevó a los fiscales de Madrid su investigación contra Rodrigo Rato después de que la Fiscalía Especial Anticorrupción considerara que esas indagaciones estaban “muy verdes” y era necesario profundizar en las sospechas delictivas antes de actuar.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio Público, que no ocultan el malestar que la actuación del organismo integrado en el Departamento de Cristóbal Montoro ha producido en ambas Fiscalías. Anticorrupción desconocía que la ONIF la había ‘puenteado’ para acudir a la Fiscalía de Madrid y ésta no supo hasta ayer de la inicial intervención de la primera.

A partir del próximo lunes será la Fiscalía especial la que se haga cargo del proceso recién turnado al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y los inspectores de la ONIF tendrán que volver a despachar con los hombres de Antonio Salinas. Pero en el camino de ida y vuelta a Anticorrupción de la investigación contra el otrora poderoso vicepresidente del Gobierno de Aznar han ocurrido otros acontecimientos que llevan a las fuentes judiciales consultadas a formular una convicción: “Detrás de esto hay una mano política”, afirman.

Uno de ellos es el hecho de que, de las 705 personas investigadas por Hacienda tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012, Rodrigo Rato ha centrado de manera prioritaria el interés de la ONIF a efectos de que la Fiscalía de Madrid presentara una denuncia judicial contra él. Y lo ha conseguido sólo después de que trascendiera que el nombre del ex director gerente del FMI estaba en esa relación de sospechosos de haber blanqueado patrimonio. No se ha filtrado ninguna otra identidad.

De hecho, es esa filtración la que precipita la intervención de la Fiscalía madrileña. Fuentes del Ministerio Público aseguran que la decisión de presentar la denuncia contra Rato en el Juzgado de Guardia en la mañana del pasado jueves no se toma porque se hubieran detectado movimientos societarios sospechosos realizados por Rato en fechas recientes, como se ha difundido desde el Ministerio de Hacienda. Fue la aparición, primero en Vozpópuli y luego en otros medios, de que Rato estaba siendo investigado por blanqueo de capitales lo que alarma a los responsables de la Fiscalía de Madrid. Temen que esas noticias pongan sobre aviso al investigado y le lleven a destruir pruebas documentales. “Nosotros no íbamos a presentar la denuncia tan pronto. Hubiéramos preferido esperar a que la investigación estuviera más completa·, explican desde la Fiscalía.

Hasta el pasado miércoles, la existencia de una investigación de la ONIF sobre Rato había logrado mantenerse en la reserva. Inspectores antifraude se reunieron hace tres meses con miembros de la Fiscalía de Madrid para informarles de que habían detectado la vinculación de Rato con sociedades opacas en el exterior. Los fiscales les dan -sin saberlo- la misma respuesta que Anticorrupción: “Tenéis que seguir avanzando, no vemos todavía suficientes indicios delictivos”.

Respaldo de Madrigal

Cuando la investigación de la ONIF trasciende públicamente, el fiscal superior, Manuel Moix, y el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, evalúan junto a los fiscales de delitos económicos si con los datos existentes hasta el momento se puede redactar una denuncia. La conclusión es afirmativa y el escrito se elabora entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves. La fiscal general, Consuelo Madrigal, que recibe la primera información a través de un whatsapp, respalda la decisión de sus subordinados y aprueba la petición de un registro urgente en el domicilio de Rodrigo Rato.

De acuerdo con el auto de entrada y registro dictado por el juez de guardia, Enrique de la Hoz, en la vivienda de Rato, situada en el barrio de Salamanca de Madrid, aparecen domiciliadas tres empresas, Rodanman Gestión y Rafi S.L. (ambas relacionadas con el sector inmobiliario), así como Explotación Carabaña, dedicada a la energía.

El juez autorizó el registro de otras tres entidades: el bufete Plazas Abogados; la empresa Kradonara 2001, localizada en Sotogrande (Cádiz) y el despacho madrileño Aurosur. Además, acordó el bloqueo de las cuentas de Rato y de la otra persona contra la que se dirige la denuncia, en la que se mencionan posibles delitos fiscales, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Una detención “innecesaria”

De la Hoz decretó también la detención de Rato “al objeto de poder desarrollar eficazmente las diligencias de entrada y registro”. La resolución señala que esa medida cautelar se adoptaba “de conformidad con lo interesado por el Ministerio Público”, pero ello no sólo no consta por escrito sino que tanto Polo como Moix se manifestaron en contra de la detención del ex ministro por estimarla “completamente innecesaria” y “jurídicamente improcedente”. No había indicios de fuga, Rato no podía ocultar pruebas delante de los agentes de Vigilancia Aduanera que practicaron los registros ni había riesgo de reiteración delictiva, consideraron ambos jefes.

Pese al criterio de sus superiores, uno de los fiscales del caso, Carlos García Berro, se enfrentó a Polo al ser partidario de la detención de Rato e incluso de adoptar otras medidas cautelares contra él, como la retirada del pasaporte.

No hubo lugar: Rato no fue puesto a disposición judicial, sino que volvió a su domicilio pasada la medianoche, cuando terminó la incautación de documentos y archivos. Tras conocer el auto de detención, la Fiscalía pidió por escrito a De la Hoz que la privación de libertad durara sólo el tiempo imprescindible para la práctica de la diligencia. Pero la imagen de Rato detenido fue inevitable una vez que trascendió que se estaba registrando su domicilio. “¿A quién le interesó filtrarlo? Porque ni la Fiscalía ni el Juzgado lo hicimos”, aseguran en ámbitos judiciales.

Foto: Rodrigo Rato junto a Gallardón, Cospedal y Rajoy, en 2011 (Flickr PP)